Piden que se indague la relación entre funcionarios municipales con Celis

La citación a declarar del presidente municipal de Paraná, Sergio Varisco, en el marco de la causa en la que se investiga una red de narcotráfico encabezada por Daniel Tavi Celis se convirtió ayer en la noticia más importante respecto del accionar de la Justicia Federal en la investigación, que si bien se venía realizando desde hace varios meses antes, adquirió visibilidad con el secuestro de un cargamento de marihuana el 28 de mayo, cuando aterrizó una avioneta en la zona rural de Colonia Avellaneda.

El intendente paranaense fue citado en carácter de testigo en la causa que mantiene a 22 personas detenidas.

Varisco será indagado el martes por la mañana por disposición del juez federal Leandro Ríos en la intención de establecer la vinculación que la banda narco encabezada por Daniel Tavi Celis y Miguel Titi Celis tenía con la estructura municipal, especialmente con la Unidad Municipal Nº 2. Esa situación permitía que el reparto de la droga se hiciera en camiones del municipio y también se utilizaran algunas máquinas municipales para tareas de carga de grandes volúmenes de droga.

Igualmente se le requerirá información al presidente municipal sobre la designación como funcionarios municipales de integrantes de la banda de Celis. Extraoficialmente se sabe que el intendente es mencionado en las numerosas escuchas telefónicas que forman parte del voluminoso expediente.

En la declaración, el intendente deberá responder cerca de un centenar de preguntas, tanto del juez como del fiscal.

Por las mismas razones ya fueron citados, en dos oportunidades cada uno, el concejal varisquista Pablo Hernández (Cambiemos) y luego también la directora general de Seguridad de la Municipalidad de Paraná, Griselda Bordeira.

Justamente a raíz de supuestas declaraciones de Bordeira y del secretario de Seguridad, Ricardo Frank, se dio un fuerte debate ayer en la sesión del Concejo Deliberante.

Un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal por la concejala justicialista Cristina Sosa, relacionado con el accionar, imputaciones y expresiones de funcionarios de la gestión municipal en relación a una red de narcotráfico recientemente descubierta en Paraná, motivó un intenso debate, más allá de lo cual al momento de la votación la iniciativa de la legisladora opositora no obtuvo las tres adhesiones requeridas para que se diera curso a la misma.

En el Pedido de Informes, Sosa destacó “la gravedad de las declaraciones públicas de los propios funcionarios del gobierno municipal que están detenidos por involucramiento en el narcotráfico y su red en la ciudad”, y mencionó que los mismos “fueron electos por Sergio Varisco para desempeñarse en su gestión”.

“En mi calidad de presidenta del bloque de concejales del Frente para la Victoria (FPV), reitero el Pedido de Informes y consideración por parte del Honorable Concejo Deliberante de la solicitud de comparencia de funcionarios implicados para ser interrogados en el ámbito del Concejo Deliberante”, se expresa en el texto presentado por la edila.

Sosa propuso que “el propio cuerpo deliberativo analice la pertinencia de pedir la indagatoria judicial de alguno de dichos funcionarios y el correspondiente deslinde de responsabilidades o de posible encubrimiento de tales personajes y sus actuaciones en el seno del gobierno municipal”.

En función de la gravedad de los sucesos, la edila detalló anteriores pedidos de informes, aún sin respuesta por parte del Departamento Ejecutivo y de “algunas necesarias referencias a las circunstancias que son conocidas a través de la prensa local, noticias que no fueron desmentidas por el señor Sergio Varisco, quien hasta el momento no ha realizado ninguna consideración al respecto”.

El presidente de la bancada oficialista, Carlos González, al cuestionar la presentación de Sosa, pidió responsabilidad en la consideración de un tema de tanta sensibilidad, afirmando que el gobierno de Varisco “responderá claramente a la Justicia en cada uno de sus requerimientos, tanto al nivel personal como documental”. El edil cuestionó la presentación del bloque del FPV, e indicó: “Me hace ruido que cada 20 palabras se menciona el nombre de Varisco”.

González instó a la oposición a que no haga “zancadillas en una cuestión tan delicada como la que está en proceso de investigación en sede de la Justicia Federal. Este Pedido de Informes está motivado por un espíritu atravesado”, añadió.

En tanto el concejal Pablo Hernández sostuvo que su vinculación con Tavi Celis “fue solamente de carácter político”, y que ignoraba que este estuviera relacionado a la comercialización de droga.

El justicialista Enrique Ríos instó “a no asustarse por los pedidos de informes que haga un concejal en uso de facultades que le son propias”, y advirtió: “Hay algún grado de responsabilidad en estamentos de la administración municipal en esta causa”.

El edil oficialista Santiago Gaitán salió al cruce señalando que el Pedido de Informes de Sosa “es un prejuzgamiento”, e instó a los ediles a que se atengan “a lo que finalmente resuelva la acción de la Justicia”.

Sosa le respondió: “No se trataba de un prejuzgamiento sino de un relato de hechos”, y le recordó que el Pedido de Informes es “una herramienta legislativa, que de ninguna manera se involucra en ningún tema o facultad del Poder Judicial”.

En este marco, las concejalas Claudia Acevedo y Karina Llanes sostuvieron que desde el oficialismo “se está brindando toda la colaboración con la Justicia”.

La presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, destacó “el trabajo de la Policía Federal, fuerza que depende del Presidente de la Nación, en su lucha contra el narcotráfico”.

“Esa lucha es un compromiso de Cambiemos y la voluntad política del gobierno nacional, como lo demuestran también las restantes fuerzas de seguridad como Gendarmería y Prefectura, que están trabajando tan efectivamente en la incautación de droga en todo el país”, remarcó.

Más adelante, la vicepresidenta municipal agregó: “Ratifico desde este lugar el compromiso institucional y político de nuestra gestión con el combate al narcotráfico en el marco de la legalidad, con la plena vigencia de las garantías constitucionales para todos”.

Por último, al referirse al Pedido de Informes presentado por la concejala Sosa, recordó: “De 63 Pedidos de Informe que giró al Departamento Ejecutivo Municipal este cuerpo deliberativo el año pasado, en ejercicio de facultades que ustedes tienen como concejales, que es un reclamo institucional, solo se contestaron cinco”.

Mientras tanto, esta mañana está prevista la ampliación de la declaración indagatoria de al menos tres de los detenidos en la causa. Si bien inicialmente los acusados no hicieron declaraciones, el pedido de ampliar ese inicial testimonio (en el cual se abstuvieron) alentó en ámbitos extraoficiales la posibilidad de un quiebre en el pacto de silencio que hasta ahora se había dado en torno al tema.