Trabajadores de la Agencia Territorial Paraná de la Secretaría de Trabajo de la Nación (funciona en calle España 321) se declararon en estado de alerta ante la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con el cierre de todas sus dependencias territoriales en el país. A través de un comunicado, calificaron la situación como “grave” y alertaron sobre las consecuencias que tendría la medida.
Paraná: alerta en la Secretaría de Trabajo de la Nación por versiones de cierre
Trabajadores de la agencia territorial de Paraná manifestaron su rechazo y preocupación por los supuestos planes del gobierno nacional de cerrar oficinas
19 de marzo 2026 · 15:11hs
Paraná: alerta en la Secretaría de Trabajo de la Nación por versiones de cierre
Rol clave
Según expresaron, las agencias territoriales cumplen un rol clave en la implementación de políticas públicas vinculadas al trabajo y el empleo, con presencia en todas las provincias para garantizar una cobertura federal.
Retiro del Estado nacional del territorio
En ese sentido, advirtieron que un eventual cierre “no es una simple medida administrativa”, sino que implicaría la pérdida de puestos de trabajo, el retiro del Estado nacional del territorio y dejaría a miles de personas sin protección frente a abusos laborales e informalidad.
“El desmantelamiento de estas estructuras significaría la destrucción de políticas públicas históricas”, sostuvieron, al tiempo que señalaron que también podrían verse vulneradas leyes nacionales y tratados internacionales.
En el documento, remarcaron que las agencias intervienen en conflictos laborales, fiscalizan condiciones de trabajo y garantizan derechos tanto de trabajadores como de empleadores. Por ello, indicaron que su desaparición provocaría la pérdida de capacidad de inspección y control en todo el país, debilitaría la lucha contra el trabajo no registrado y el trabajo infantil, y afectaría la asistencia a personas en búsqueda de empleo, especialmente a los sectores más vulnerables.
Además, advirtieron que sin estas dependencias no habría veedurías en conciliaciones obligatorias y que podrían empeorar las condiciones laborales en general, con un aumento de situaciones de explotación.
“Lo que está en juego no es solo una estructura administrativa, sino el rol del Estado, la defensa del trabajo y el futuro de miles de trabajadores”, afirmaron según publica APF.
En esa línea, cuestionaron el sentido de avanzar con una medida de este tipo por un eventual ahorro presupuestario que consideraron “marginal” frente al costo social que implicaría.