La Justicia ordenó a Fademi que reincorpore a 25 trabajadores

La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar al reclamo del Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate, que conduce Oscar Casco. Así falló en contra de la empresa química Fademi SA, ubicada en Larroque, y le ordenó reincorporar a los 25 trabajadores despedidos por haber participado de una huelga.

La protesta había sido convocada en su momento por el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate (SPIQyP).

El conflicto en Fademi

El conflicto en la empresa productora de acumuladores y baterías comenzó en junio de 2024, como consecuencia de los reclamos del gremio sobre los incumplimientos de la empresa en materia de condiciones de seguridad en la planta, además de haber ejecutado descuentos sin justificación en los salarios de los trabajadores.

A este escenario se sumó el despido de tres empleados de la planta, por lo que el gremio llevó a cabo una huelga para lograr la reincorporación de los trabajadores cesanteados. Como respuesta Fademi SA despidió a 25 empleados, lo que equivale al 30% del total de la plantilla laboral, bajo la imputación de ausencias injustificadas y argumentando que la acción gremial no formaba parte del derecho constitucional de huelga.

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Foto: Portal Larroque

Con el conflicto abierto, el gremio, bajo el asesoramiento de los abogados Gustavo Ciampa, Mario Mitre y Fabián Rodríguez, solicitó un amparo judicial para que se declare la nulidad de los despidos por a llevar a cabo la huelga, amparándose en las normas constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos, la ley de Asociaciones Sindicales y la ley de Antidiscriminación.

Además, el gremio solicitó que se condene a la empresa por práctica desleal, invocando los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, e interpuso una medida cautelar para que se reincorpore a los trabajadores hasta resolver la cuestión de fondo.

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La justicia laboral atendió el pedido del sindicato y ordenó a Fademi SA la reincorporación provisoria de los 25 despedidos.

La palabra del gremio

El titular del gremio, Oscar Casco, destacó por su parte que, “es muy importante que el Poder Judicial actúe con celeridad para proteger a los trabajadores frente a las represalias patronales por ejercer el derecho a la huelga con que contamos las organizaciones sindicales y los trabajadores para la defensa de nuestros derechos e intereses”, subrayó.

En ese sentido resaltó que “en este caso, además, en que la empresa se negó a todo diálogo en las instancias ministeriales para solucionar los motivos del conflicto, y lo agravó pretendiendo despedir a los trabajadores que ejercían su derecho a la huelga”, relató el dirigente gremial.

El fallo judicial remarca que, según lo dispuesto por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, “nadie debe ser despedido u objeto de medidas perjudiciales en el empleo a causa de su afiliación sindical o de la realización de actividades sindicales legítimas, y es importante que en la práctica se prohíban y sancionen todos los actos de discriminación en relación con el empleo”, indica la resolución.

Asimismo, explica que, conforme a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la huelga constituye un medio legítimo de defensa de los intereses económicos, sociales y profesionales” y que “se trata de un recurso que ejercen los trabajadores y las trabajadoras como medio de presión sobre el empleador a fin de corregir una injusticia o bien para la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social y a los problemas que se plantean en las empresas y que interesan directamente a los trabajadores y las trabajadoras”, sostiene el tribunal.

Finalmente, la justicia laboral afirmó que, por lo expuesto anteriormente, “la unilateral decisión de la empleadora de arrogarse la facultad de declarar ilegítima una medida de acción sindical y, sobre tal base, disponer la cesantía de los huelguistas” y abrió un interrogante sobre la aplicación de la Ley de Bases, calificando de “dudosa constitucionalidad” la norma aprobada en julio de 2024.