Echaron a un policía retirado por "quebrar el orden"

El Gobierno dispuso la “destitución por cesantía” del oficial principal retirado Ricardo Alfredo Raffo como corolario de una serie de acciones que fueron juzgadas como “quebrantamiento del orden policial”.

Según el decreto dictado el 19 de diciembre de 2022 y publicado este martes en el Boletín Oficial, a Raffo le habían iniciado un sumario desde que la Dirección Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos le imputó “el quebrantamiento del orden policial, sin preservar el deber de respeto por las jerarquías como pilar básico de la Policía de Entre Ríos". Lo acusaban de efectuar "severas acusaciones contra el señor Jefe de Policía (Gustavo Maslein), solicitando su renuncia y la de la señora ministra de Gobierno y Justicia de la Provincia (Rosario Romero)”.

Según registró Entre Ríos Ahora, el reproche hacia Raffo proviene de su actuación desde el sindicato de policías: la Asociación Profesional de Policías de Entre Ríos (Apropoler). Desde allí impulsó una "carta abierta” difundida por medios digitales en octubre y noviembre de 2020 y la convocatoria a una "marcha pública exigiendo la renuncia de los funcionarios antes mencionados”, cita el decreto firmado por el gobernador Gustavo Bordet y la propia Romero.

El sumario interno de la Policía concluyó con el pedido de la sanción de destitución por cesantía. También intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno y Justicia, que “no encontró objeción a la sanción sugerida por el señor Jefe de Policía de la Provincia”; y que “la conducta del causante, si bien se encuentra retirado de la fuerza policial, es alcanzado por el especial conjunto de deberes y derechos cuyas transgresión constituye falta disciplinaria encuadrando su comportamiento como reñido y violatorio a las normas” del Reglamento General de Policía.

Pero antes de que se aplicase esa cesantía, Raffo, a través de los abogados Ramiro Pereira y Ramiro Menis, había iniciado una demanda contencioso administrativa ante la Cámara Contencioso Administrativo de Paraná contra la resolución del Gobierno que había dispuesto su pase a retiro. Había reclamado "la inmediata reincorporación, otorgándole la jerarquía de Comisario Inspector”.

Raffo ingresó a la Policía el 11 de febrero de 1991. Fue ascendido a oficial principal el 15 de noviembre de 2002 e inició una tarea de gremialismo dentro de la fuerza de seguridad lo que le valió que le iniciaran siete sumarios administrativos desde 2009 en adelante. Ese “trato discriminatorio”, según la presentación judicial, “se intensificó” cuando Raffo dio forma a la Asociación Profesional Policial de Entre Ríos (Apropoler) y decidió competir en las elecciones para elegir directorio en el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), en 2010.

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En ese marco, hizo una serie de advertencias y denuncias por “irregularidades” detectadas en el proceso electoral con la lista de los policías, y apuntó particularmente a la propuesta apoyada por la Jefatura de Policía. “Entre las irregularidades denunciadas por Raffo se encontraban, en lo sustancial, el haber puesto toda la estructura logística de la Policía de Entre Ríos, incluyendo helicópteros, colectivos y patrulleros, a favor de la lista `oficial` auspiciada por la Jefatura de la Policía”, dice el escrito que tramita la Justicia.

Fue la piedra de toque para que se iniciaran contra Raffo una serie de hechos de “discriminación y persecución”, según denunció. En 2010 presentó ante la Junta Médica Policía certificados médicos, firmados por el médico Juan Barbagelata, que daban cuenta de “la situación de acoso laboral”. Fue así que ese mismo año se le otorgó licencia por estrés en el ámbito laboral. “Sin embargo, luego de ello, nunca se le permitió volver a su actividad de servicio, a pesar de haber manifestado su voluntad de retornar al mismo”, agrega la presentación.

Luego del retiro, a Raffo, junto al subofocial Alfredo Basi, le iniciaron un nuevo proceso disciplinario “por expresiones suyas vertidas en la prensa, el cual se encuentra pendiente de resolución” y terminó por resolverse con la cesantía decretada en diciembre y publicada este martes.

Los abogados Pereira y Denis pidieron a la Cámara Contencioso Administrativo que declare “la ilegitimidad” del pase a retiro dispuesto por el Poder Ejecutivo.