Que un empresario supermercadista denuncie la cartelización de su propio sector es noticia. Víctor Fera, mandamás de la firma Maxiconsumo dijo a boca de jarro que existe un acuerdo entre proveedores y responsables de supermercados y que si ese pacto se rompe por la competencia los precios deberían bajar no menos del 25% de lo que valen, y en algunos casos hasta 40%. La definición es tan contundente que no amerita ser puesta en contexto.
Y fue más lejos todavía cuando pidió que sea el Estado quien se ocupe de desbaratar lo que representa un ataque al bolsillo de los clientes. Por caso, el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dijo que encaró una pesquisa para establecer qué hay de verdad en la denuncia. "Debemos establecer si existen elementos distorsivos en la relación entre proveedores y supermercados". Fera respaldó con pruebas sus palabras y sentenció que hay supermercados "donde todas las marcas son de un solo proveedor, no hay competencia y cuando no hay competencia se paga lo que quieren. El paquete de arroz marca Gallo se vende a 45 pesos el kilo cuando debería costar 25".
Lo lamentable es que mientras el Estado investiga y analiza la gente pierde plata.
Mientras tanto los legisladores de todo el arco opositor se comprometieron a impulsar la sanción de un proyecto de Emergencia Nacional Alimentaria por dos años, que demandaría un refuerzo de partidas presupuestarias de 10.000 millones de pesos.
En ese crítico escenario, el legislador Federico Masso dio dimensión al asunto: "Hay 13 millones de personas en la pobreza, de las cuales 5 millones son niños y niñas". El plan de inversión, para decirlo en términos liberales digamos, aspira a fortalecer las partidas para los comedores porque con lo que hace el gobierno no alcanza ya que millones de familias tienen problemas para garantizar su alimentación.
Complementario y beneficioso sería que también hagan lo necesario para que la comida llegue a valores populares a la mesa de los argentinos que aún pueden pagarla.