El titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Emilio Castrillón, cuestionó las designaciones de fiscales auxiliares realizadas por el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Procurador Jorge Amílcar García, que fue judicializada por una acción de inconstitucionalidad que realizó el exconvencional Juan Carlos Arralde, en representación de una abogada de Chajarí.
Fuertes críticas de Castrillón a Jorge García y al fiscal de Estado
El presidente del STJ aludió a la relación entre Rodríguez Signes y el jefe de los fiscales. "Es socio, empleado o amigo del procurador", apuntó
24 de septiembre 2018 · 08:56hs
A mediados de año el STJ hizo lugar parcialmente a la acción planteada y declaró la inconstitucionalidad del artículo 50 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, Nº 10.407. Disconforme con la decisión, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, apeló el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En una entrevista por radio Costa Paraná, Castrillón manifestó su malestar por esa decisión al remarcar que es una obligación del Estado, con intervención del Consejo de la Magistratura, designar los defensores oficiales, fiscales auxiliares y fiscales Coordinadores.
"Esto nos genera una situación como que nosotros buscamos regularizar y el Ministerio Público no se regulariza nunca, se hacen concursos y no se asume; y en los otros no se hacen. El abogado representante de los poderes del Estado está en contra del poder que representa. Porque es socio, empleado, amigo del procurador, a través de la secretaria del procurador, que es su esposa", lanzó Castrillón en alusión a Signes, quien apeló el fallo de inconstitucionalidad.
"La falta de definición de los nombramientos de fiscales y defensores los centro en el gobernador con acuerdo del Senado. Al fiscal de Estado le estoy diciendo que está representando una acción de inconstitucionalidad que, en forma evidente, fue decretada la designación por cursitos de fiscales auxiliares", reprochó más adelante, según Entre Ríos Ahora.
En ese contexto, planteó que el fiscal de Estado tomó una decisión "representando a una parte del Poder Judicial, desconociendo totalmente a la cabeza del Superior Tribunal Justicia". "No tiene claro nada. Tampoco tiene claro que no puede ser síndico, que es incompatible con su función de contralor en representación jurídica de los tres poderes del Estado", fustigó enseguida, en referencia a que Signes es, además, síndico en la tarjeta de crédito estatal Sidecreer.
Volviendo sobre las designaciones para la integración de la Cámara de Casación Penal de Concordia, dijo que al Consejo de la Magistratura "no le cuesta nada" publicar cuanto antes el concurso para que se inicie el proceso formal.
"Que muestren una visión clara de que la designación entre por intervención del órgano asesor de la Constitución, que va a asesorar al gobernador para que dentro de la terna elija los que va a proponer", cerró.