El juez federal Julián Ercolini sobreseyó al exministro de Justicia del Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), Germán Garavano, en la causa que investiga supuestas irregularidades vinculadas al ingreso y la permanencia de Alejandro Vandenbroele, "arrepentido" del caso Ciccone, en el programa de protección de testigos e imputados. Esta resolución judicial fue apelada por la fiscalía.
Sobreseyeron a exfuncionario macrista acusado de pagar a un arrepentido
Germán Garavano.
Julián Ercolini.
El sobreseimiento –apelado este lunes– había sido dictado por Ercolini el 2 de diciembre y también benefició a Alejando Lagos, quien fuera director del programa de protección de testigos, y al propio Vandenbroele. Para los tres imputados la fiscalía había solicitado declaración indagatoria.
Para la fiscal Paloma Ochoa, los exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri habrían cometido los delitos de Abuso de autoridad y Defraudación a las arcas públicas, dado que asistieron económicamente al arrepentido por un tiempo superior al permitido por la ley (más de dos años contra los seis meses habilitados) y le habilitaron fondos por encima de los 4,5 millones de pesos.
En el caso de Vandenbroele, imputado colaborador en la causa por la venta irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la que resultó condenado el exvicepresidente Amado Boudou, la fiscalía reclamó la indagatoria como partícipe necesario de Administración infiel, reportó la agencia Télam.
Al dictar el sobreseimiento de los imputados, Ercolini se valió de los descargos escritos que formularon durante el trámite de la causa y evitó así llamarlos a indagatoria: en su presentación Garavano había asegurado que no podía conocer lo que ocurría con el legajo de Vandebroele porque era secreto y que únicamente se limitó a firmar dos resoluciones para autorizar pagos.
El juez Ercolini es uno de los funcionarios judiciales y de Juntos por el Cambio denunciados por haber participado de un viaje a Lago Escondido, en la Patagonia, invitado por el grupo Clarín, en lo que podría constituir el delito de dádivas.
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"Respetuosamente, dicha afirmación configura un manifiesto contrasentido y violenta la ley vigente. Si la ley pone en estricta cabeza de quien ejerza el Ministerio de Justicia la autorización de determinadas erogaciones, es precisamente para que previo a autorizarla, ejerza el debido control republicano", afirmó la fiscal Ochoa al apelar el sobreseimiento.
Para la fiscalía, el exministro de Justicia "reconoció" en su descargo "que autorizó erogaciones millonarias sin haber controlado su racionalidad y consecuente justificación en antecedentes fácticos y normativos conforme exige el artículo 10 de la ley 25764 (…) Corresponde señalar que el resguardo del secreto de datos objetivos (nombre del protegido, dirección, etc.) en modo alguno configura un obstáculo al deber de control para el cual fuera convocado por ley".
Del análisis del legajo de Vandenbroele surge la detección de "una multiplicidad de vicios e irregularidades conocidas" por Lagos y Garavano, a quienes la fiscalía les acusó también de haber tomado la decisión deliberada de no activar los procesos de expulsión que marca la ley ante el incumplimiento de las pautas que marca el programa.
La fiscal Ochoa sostuvo que del legajo 753/2017 surge que Vandenbroele "mintió al programa e incumplió sistemáticamente los parámetros de conducta, conforme documentaron los operadores, razón suficiente para que fuera iniciado del proceso de exclusión".
A modo de ejemplo, la fiscal citó que los operadores del programa informaron que "el día 4 de enero de 2018 Vandenbroele, aduciendo con engaño una autorización inexistente se movilizó solo a bordo de un automóvil al centro de Pilar, provincia de Buenos Aires, desoyendo las medidas de seguridad dispuestas para su protección". En esa ocasión, además, los operadores lo siguieron y lograron observar que en el centro de Pilar un hombre con un portafolios se subió a su vehículo, situación que su custodia dijo haber fotografiado, aunque tales imágenes no habrían sido anexadas al legajo.