¿Quién paga la crisis por fuera de la pirotecnia electoral?

Entre los motivos principales de los resultados electorales de las PASO de hace dos semanas, sobresalió la crisis que sufre la mayoría de la población, agravada por la pandemia pero que data de mucho tiempo atrás. Se sabía que una derrota oficialista era probable por los antecedentes mundiales, ya que muchos gobiernos recibieron reveses en las urnas. Aquí también la población hizo sentir su descontento por las privaciones, pérdidas y sufrimientos que impuso la pandemia y ubicó al Gobierno como responsable de una administración deficiente de la catástrofe social del coronavirus. Y alguna incidencia tuvieron escándalos como las fotos de la Quinta de Olivos.

Pero, más que sanitarias, las peores consecuencias de la pandemia para millones de argentinos fueron económicas: salariales, laborales y alimentarias. Para afrontar la crisis histórica que comenzó en marzo de 2020 el gobierno de Alberto Fernández, así como los provinciales, tomaron algunas decisiones y evitaron asumir otras, más profundas, más arriesgadas, para evitar que el saldo del coronavirus en la vida de tantos compatriotas sea tan drástico, más allá de las necesarias medidas de prevención y cuidado sanitario común. Esas decisiones suponían y siguen suponiendo afectar intereses de los sectores más privilegiados de la sociedad. El impuesto a las Grandes Fortunas, cobrado por única vez, impuso a los 10.000 argentinos más millonarios una colaboración diminuta en relación a su riqueza. La medida, que resistió una furibunda campaña política y mediática, permitió recaudar 223.000 millones de pesos para equipar hospitales, subsidiar pymes, urbanizar barrios y becar estudiantes. Es apenas un ejemplo de una política que se animó a cobrarle al 1% más rico (en rigor, al 0,02% de la Argentina) para asistir necesidades de las mayorías.

¿Quién paga la crisis por fuera de la pirotecnia electoral?

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

En realidad, no hay muchos ejemplos de iniciativas de ese tenor en la gestión del Frente de Todos, que demostró no estar a la altura de la crisis. Lo comprueban los saltos de la pobreza al 42% (12 millones de argentinos), de la desocupación actualmente en 9,6% (1,3 millones de personas sin empleo, de las 13,3 millones económicamente activas) y una inflación que supera el 50% anual.

Por estos días hay mucha tensión en el oficialismo sobre el rumbo a tomar para atenuar la crisis y, obviamente, mejorar el ánimo de la gente y recuperar votos en las elecciones de noviembre. Aparecieron algunas medidas como el aumento del salario mínimo (que está 40.000 pesos debajo de la canasta básica) o la suba al piso del impuesto a las Ganancias (no lo pagarán quienes cobren menos de 175.000 pesos), y durante estos dos meses se anunciarán varias más. En Juntos por el Cambio ya lo denuncian como un “plan electoral” del oficialismo. Es un argumento curioso para la coalición que hizo lo mismo con su derrota en las PASO 2019, tras las cuales también subió el salario mínimo, agregó un bono a la Asignación Universal por Hijo, congeló el precio de la nafta por tres meses, suspendió el IVA para alimentos básicos y pagó un bono a empleados estatales, entre muchas otras políticas momentáneas de aquel “plan” macrista.

¿Quién paga la crisis por fuera de la pirotecnia electoral?

Foto UNO Juan Manuel Hernández

Otra decisión de la alianza opositora que trascendió esta semana sería la negativa a respaldar al Gobierno ante el FMI, que una vez que pasen las elecciones piensa empezar a cobrar el préstamo impagable que otorgó durante la gestión, precisamente, de Cambiemos.

El objetivo, al menos del ala “ultra” de JxC, es que el peronismo pague el costo solo, con otra derrota en noviembre. Mientras, la Casa Rosada comenzó a pagar el endeudamiento de Cambiemos que tanto cuestionó: días atrás canceló 1.980 millones de dólares. Lo hizo con una partida especial que el propio FMI repartió a sus países miembros para atenuar los daños económicos y sociales de la pandemia. Por fuera del cotillón y la pirotecnia electoral, seguirá pendiente la discusión seria sobre quiénes deben pagar los costos de una crisis que lejos está de terminar.