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Abortos clandestinos

Prisión preventiva por 30 días para acusados de realizar abortos ilegales

En la imputación queda indicado que la mujer hacía las interrupciones de los embarazos y el médico solamente prestaba el espacio.

Domingo 23 de Junio de 2019

La mujer de 59 años y el médico de 83, que fueron detenidos en Rosario durante el allanamiento a un consultorio céntrico donde llevaban adelante abortos clandestinos, quedaron ayer bajo prisión preventiva por 30 días, y en el caso del hombre con modalidad domiciliaria.

Así lo requirió la Fiscalía a cargo de la investigación y lo definió el juez de primera instancia Mariano Aliau durante la audiencia donde quedaron imputados por los delitos de interrupción quirúrgica de embarazo en carácter consumado en tres hechos y uno en carácter tentado, ejercicio ilegal de la Medicina y usurpación de título en el caso de Bibiana G.; y de interrupción quirúrgica de embarazo agravado por su condición de médico en calidad de partícipe primario para Sixto Raúl M. en los mismos hechos.

El operativo se había realizado el viernes en la casona ubicada en Mitre 1224 de la ciudad de la vecina provincia, donde funciona el consultorio ginecológico del médico y donde la mujer, que según los investigadores “es la más complicada”, habría llevado adelante por lo menos tres interrupciones ilegales de embarazos entre abril y mayo de este año, y uno tentado en junio pasado. De hecho, en el momento del allanamiento donde se secuestró documentación, gran cantidad de medicamentos y elementos para llevar adelante intervenciones quirúrgicas, una pareja estaba en el lugar esperando para realiza una entrevista y terminó siendo testigo y prestó declaración ante el fiscal Aníbal Vescovo.

Responsabilidades

A la hora de señalar las responsabilidades fuentes de la investigación apuntaron a la mujer como “la más complicada” y detallaron que era ella quien llevaba adelante las intervenciones, combinaba las citas, atendía las llamadas, acordaba el precio y explicaba a quienes se contactaban cómo se llevaría adelante.

“Hay tres hechos consumados con evidencia probatoria de su responsabilidad”, agregaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MAP), y si bien la imputación del hombre se ve agravada por su condición de médico, indicaron que “su participación pasaba más por prestar el lugar para las intervenciones, así como también los elementos médicos para llevarlas adelante. Gran parte de los elementos probatorios se desprenden de las escuchas que se registraron durante más de un mes a partir de la denuncia anónima recibida por el MPA, y donde además del funcionamiento de la clínica, también quedaron registros del cobro que realizaban por las intervenciones.

Parte de eso se mencionó ayer durante la audiencia imputativa, donde constan como parte de la evidencia costos estimativos que van desde los 40.000 pesos hacia abajo, con descuentos a 15.000 y otros casos, donde el cobro era de 5.000. “Arrancaban con un piso muy alto para ir negociando en cifras inferiores”, indicaron los investigadores.

El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Aníbal Vescovo, que encabezó la investigación solicitó ayer la imputación de Bibiana G. por ser quien llevó adelante las prácticas de interrupción quirúrgica de embarazo en el consultorio de Mitre al 1200, pero además le atribuyó haber falsificado un sello con matrícula de médico que no le correspondía y haber ejercido ilegalmente la medicina.

El juez hizo lugar a las imputaciones, con excepción de la falsificación del sello por no tratarse de un sello oficial, y dispuso la prisión preventiva de la mujer por los próximos 30 días, tal como había pedido la Fiscalía.

Sobre el médico, en tanto, pesa la imputación de haber contribuido de manera esencial a las prácticas consumadas por la mujer, poniendo a disposición las instalaciones edilicias que son de su propiedad, así como también los elementos médicos necesarios. Y si bien también el magistrado dispuso para el hombre la prisión preventiva por 30 días, deberá cumplirla con la modalidad domiciliaria.

Peligro real de muerte

El aborto no seguro es una de las cinco principales causas de mortalidad materna, junto con las hemorragias, las infecciones, la presión arterial alta (preeclampsia y eclampsia) y el parto obstruido, y además es la única de las cinco que es casi totalmente prevenible. Estas cinco causas son responsables del 75% de las muertes maternas en todo el mundo; el aborto no seguro, por su parte, es responsable de al menos 1 de cada 12 muertes maternas.

Según un estudio liderado por la Organización Mundial de la Salud publicado en The Lancet, de los 55,7 millones de abortos que se solicitaron aproximadamente cada año entre 2010 y 2014, alrededor de 25 millones fueron abortos no seguros. El aborto no seguro tiene consecuencias médicas que en muchos casos son irreversibles y que pueden causar la muerte de la mujer embarazada. Desde la entidad Médicos Sin Fronteras se dejó saber que sus miembros son testigos una y otra vez de cómo, cuando no hay servicios accesibles de aborto seguro, muchas mujeres recurren a métodos no seguros a pesar de los considerables riesgos que entrañan.

Se calcula que, cada año, al menos 22.000 mujeres adultas y jóvenes mueren a causa de abortos no seguros. Además, siete millones de mujeres tienen que ser hospitalizadas cada año por complicaciones tras someterse a este tipo de prácticas a manos de personal sin la cualificación necesaria y en entornos sin los mínimos estándares médicos. Algunas de estas mujeres sufrirán algún tipo de discapacidad permanente y otras nunca podrán tener más hijos.

En casa de la mujer

En el marco de la misma

causa, la Policía realizó ayer otro allanamiento, esta vez, en la vivienda particular de Bibiana G., imputada por la realización de tres abortos.

Allí, secuestraron documentación que la vincula con la clínica, así como también elementos de uso quirúrgico, gasas, cintas adhesivas y medicamentos.

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