Malvinas: el Tribunal del Mar fijó audiencias por el reclamo argentino contra la explotación petrolera

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) fijó para el 10 y el 11 de noviembre las primeras audiencias para analizar el pedido de medidas provisionales presentado por la Argentina contra el Reino Unido por las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

La decisión fue comunicada este martes mediante una orden del presidente del tribunal, Maurice K. Kamga. Las audiencias se desarrollarán en la sede del organismo, ubicada en Hamburgo, Alemania, serán públicas y podrán seguirse en directo a través de internet. Las grabaciones también estarán disponibles posteriormente en el sitio oficial de la institución.

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La presentación argentina, realizada el 13 de octubre, busca que se disponga el cese de las actividades petroleras en sectores del Atlántico Sur sobre los cuales el país mantiene su reclamo de soberanía. El objetivo es impedir que continúen avanzando los proyectos hidrocarburíferos mientras se desarrolla la controversia internacional.

El proyecto petrolero en Malvinas que preocupa a Argentina

Uno de los principales focos del reclamo argentino es el desarrollo del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La iniciativa es impulsada por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que proyectan iniciar la extracción de petróleo entre 2027 y 2028.

El avance de estas inversiones volvió a generar tensiones diplomáticas entre Buenos Aires y Londres, en el marco de la histórica disputa por la soberanía del archipiélago y sus espacios marítimos circundantes.

Desde la posición argentina, la explotación de recursos naturales sin autorización nacional constituye una actividad unilateral que afecta sus derechos sobre el territorio y las aguas en controversia.

La preocupación también alcanza a la participación de empresas privadas que brindan servicios logísticos desde Chile. En particular, Punta Arenas aparece como uno de los puntos de apoyo para las operaciones vinculadas con los proyectos petroleros en el Atlántico Sur.

Esta situación incorporó un componente regional a la controversia, aunque las actividades mencionadas corresponden a operadores privados y no implican necesariamente una intervención directa del Gobierno chileno.

Qué deberá resolver el tribunal

La Argentina presentó su solicitud al amparo del artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que permite requerir medidas provisionales mientras se constituye un tribunal arbitral encargado de examinar una controversia.

Durante las audiencias de noviembre, las partes podrán exponer sus argumentos jurídicos y responder las consultas de los magistrados antes de que el organismo adopte una decisión.

El Gobierno argentino espera que la resolución se conozca poco después de las exposiciones, aunque los plazos dependerán de los procedimientos internos del tribunal.

En caso de aceptar el planteo, el TIDM podría disponer medidas destinadas a preservar los derechos invocados por las partes o evitar perjuicios graves al medio marino mientras continúa el procedimiento arbitral.

Sin embargo, una eventual resolución favorable a la Argentina no implicaría un pronunciamiento sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ya que esa cuestión excede el objeto de las medidas provisionales solicitadas.

Un organismo especializado en conflictos marítimos

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar es un órgano judicial independiente establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Tiene su sede en Hamburgo y está integrado por 21 jueces elegidos entre especialistas de reconocida trayectoria en derecho marítimo internacional.

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El Reino Unido no cuenta actualmente con un magistrado de su nacionalidad entre los integrantes del organismo, aunque las normas contemplan la posibilidad de solicitar la designación de un juez ad hoc cuando se cumplen determinadas condiciones.

La intervención del tribunal constituye una herramienta jurídica para abordar controversias relacionadas con la interpretación y aplicación de la Convención, especialmente aquellas vinculadas con los derechos y obligaciones de los Estados en los espacios marítimos.

El antecedente de la Fragata Libertad

La Argentina ya recurrió al Tribunal del Mar en 2012, cuando solicitó medidas provisionales para obtener la liberación de la Fragata Libertad, que permanecía retenida en Ghana como consecuencia de una acción judicial impulsada por un fondo de inversión acreedor del país.

En aquella oportunidad, el organismo ordenó la liberación de la embarcación y permitió que el buque escuela de la Armada Argentina retomara su navegación.

Ese antecedente constituye uno de los casos más relevantes de intervención del tribunal en una controversia internacional promovida por el Estado argentino.

Ahora, con las audiencias previstas para noviembre, el reclamo vinculado con las actividades petroleras en torno a Malvinas ingresará en una instancia determinante.

La decisión establecerá si corresponde adoptar medidas urgentes frente al avance de los proyectos hidrocarburíferos, sin resolver la controversia de soberanía que mantienen la Argentina y el Reino Unido sobre el archipiélago.