Malvinas: Argentina acudió a un tribunal internacional para frenar la explotación petrolera británica

El gobierno argentino presentó este martes un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar el avance de la explotación petrolera impulsada por el Reino Unido en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La iniciativa apunta a impedir el desarrollo del proyecto Sea Lion, un emprendimiento millonario cuya producción comercial está prevista para 2028.

La decisión fue anunciada por la Presidencia de la Nación mediante un comunicado firmado por el presidente Javier Milei. El planteo solicita una intervención urgente del organismo internacional mientras se constituye un tribunal arbitral encargado de analizar la controversia entre ambos países.

Desde el Gobierno sostienen que las actividades hidrocarburíferas fueron autorizadas unilateralmente por el Reino Unido sobre una plataforma continental respecto de la cual Argentina reivindica derechos soberanos. En ese sentido, consideran que el avance de las operaciones podría profundizar el conflicto territorial que mantienen ambos países.

“La solicitud presentada ante el Tribunal del Mar busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”, expresó el comunicado presidencial.

Sin embargo, la presentación judicial no implica una suspensión automática de las actividades petroleras. El tribunal deberá evaluar los argumentos argentinos y resolver si corresponde adoptar medidas preventivas mientras avanza el procedimiento arbitral.

Un proyecto petrolero de gran magnitud

El emprendimiento que motivó la presentación argentina se denomina Sea Lion y está ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros de las islas.

Su desarrollo está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que la empresa británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante.

El yacimiento fue descubierto en 2010, aunque su explotación comercial permaneció postergada durante varios años debido a dificultades financieras y a las condiciones necesarias para concretar las inversiones.

A fines de 2025, las compañías involucradas resolvieron avanzar con el desarrollo del proyecto y establecer un cronograma para iniciar las operaciones.

Según los planes anunciados, las perforaciones comenzarán durante 2027 y la producción comercial de petróleo está prevista para el primer trimestre de 2028.

Las inversiones continúan pese a los cuestionamientos formulados por Argentina. En ese contexto, Rockhopper anunció recientemente un compromiso de 44 millones de dólares destinado a participar en una sociedad vinculada con una de las instalaciones flotantes previstas para la explotación del yacimiento.

El ultimátum argentino al Reino Unido

La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar constituye una nueva instancia de la estrategia diplomática y jurídica iniciada por el gobierno nacional el pasado 28 de septiembre.

En aquella oportunidad, Milei anunció que Argentina recurriría a un arbitraje internacional para intentar impedir el desarrollo de Sea Lion y exigió al Reino Unido que suspendiera las actividades relacionadas con el emprendimiento.

El Gobierno otorgó un plazo de dos semanas para obtener una respuesta favorable. Sin embargo, el ultimátum venció el lunes 12 de octubre sin que Londres aceptara el reclamo argentino.

El Reino Unido sostiene que las autorizaciones petroleras otorgadas por las autoridades de las islas se ajustan al marco jurídico que considera aplicable y al derecho internacional.

Argentina, por su parte, rechaza esas decisiones al considerar que constituyen actos unilaterales sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

La controversia se inscribe en el histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Qué deberá resolver el tribunal internacional

El pedido argentino se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales antes de la constitución de un tribunal arbitral.

La disposición establece que esas medidas pueden adoptarse cuando exista urgencia y resulte necesario preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino.

Para que prospere la solicitud, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá evaluar, entre otras cuestiones, si el futuro tribunal arbitral tendría, en principio, competencia sobre la controversia y si las circunstancias justifican una intervención urgente.

En caso de aceptar el planteo argentino, las medidas provisionales que disponga tendrán carácter obligatorio para las partes involucradas.

No obstante, la resolución sobre esas medidas no significaría un pronunciamiento definitivo acerca de la soberanía de las islas ni sobre el fondo del conflicto.

Hasta el momento, según la información difundida, no se anunciaron fechas para las audiencias ni para una eventual decisión del organismo internacional.

De esta manera, el conflicto por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur suma un nuevo capítulo judicial, mientras las empresas mantienen sus planes de inversión y Argentina busca impedir que avance un proyecto que considera contrario a sus derechos soberanos.