Este martes comienza a tratarse en la comisión de Legislación las modificaciones a la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados de la Nación, un tema que afecta a millones de familias y que enfrenta a las partes: propietarios, inmobiliarias e inquilinos.
Ley de Alquileres: los textos que apoyan los inquilinos
Foto UNO
Dos de los proyectos más mencionados por los inquilinos, por los puntos favorables a su postura, son los proyectos de los diputados José Luis Gioja y Gisela Marziotta.
Topes a los ajustes
Uno de los proyectos que apoyan los inquilinos es el presentado por el diputado sanjuanino José Luis Gioja quien se mostró dispuesto a escuchar los planteos de todos los sectores para mejorar la Ley.
En cuanto a los puntos que presenta el proyecto de Gioja, el texto indica que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.
“Creemos que hay que darle unos beneficios al propietario, el que se registre no pagará Ingresos Brutos en el registro y proponemos que el bien inmueble tampoco esté comprendido en Bienes Personales que paga el propietario. Entendemos que sirve”, explicó Gioja a medios nacionales.
Además se incorporan dos figuras: el Consejo Federal de la Vivienda, jurisdiccional, y el Estado para construir, comprar y tener inmuebles disponibles para alquiler. “Tenemos que mejorar las condiciones de habitabilidad del pueblo y mejorar las condiciones de los inquilinos, esto es lo que hace falta”, remarcó.
Creación de una Cámara Nacional de Alquileres
Por su parte la diputada Gisela Marziotta presentó un proyecto para crear una Cámara Nacional de Alquileres, un órgano autárquico que regularía los aumentos de precios de los alquileres.
El texto modifica el régimen de alquileres de inmuebles para vivienda y establece la suspensión de los aumentos en los alquileres hasta que entre en vigencia la nueva ley, a partir de la cual las modificaciones en los precios se regularán mediante la Cámara Nacional de Alquileres (CNA), órgano autárquico creado por la norma.
Además, prohibirá, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locatario pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual.
Entre otros aspectos centrales del proyecto, se destaca que los depósitos podrán ser pagados en seis cuotas iguales a partir de la fecha de la firma del contrato, y que, al momento de renovar el alquiler, en caso de que el locador no responda al pedido de renovación del locatario, el contrato se renovará automáticamente por el plazo previo.
La CNA estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo –uno del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y otro de la Secretaría de Comercio–, un representante de los locatarios y otro de los locadores, que deberán pertenecer a asociaciones que representen a ambos sectores. Esta conformación deberá, además, tener paridad de género y se reunirá mensualmente como mínimo.
Los objetivos de este organismo serán varios: llevar un Registro Público Nacional de Contratos de Locación para la Vivienda; fijar los precios máximos de los nuevos contratos de locación para la vivienda con validez en todo el territorio nacional; establecer el índice de ajuste anual de los contratos de locación para vivienda, a través de un encuentro anual que se realizará en abril de cada año y en el que se determinará el índice de aumento aplicable para todo el año aniversario; establecer regulaciones y controles del alquiler turístico; realizar programas de difusión de los derechos y obligaciones emergentes de la normas que regulan la locación para vivienda; y por último crear un sitio de internet de acceso libre y gratuito con alcance nacional para la publicación de la oferta de alquileres de inmuebles para vivienda.
“La ley que sancionamos en la pandemia fue un gran avance, por eso mismo fue resistida y boicoteada por los principales actores del mercado. Pero tampoco podemos dejar de lado que con el contexto pandémico al que se suman un dólar en alza y una inflación interanual que supera el 50%, inmuebles dolarizados y salarios que no se recuperan, es necesaria mayor presencia del Estado”, agregó la diputada.


















