Javier Milei reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El presidente Javier Milei reglamentó de la Ley 27.801, que estableció el nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años, mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma designa al Ministerio de Justicia como Autoridad de Aplicación y le encomienda la implementación y coordinación del sistema en el ámbito de la justicia nacional y federal. Según se desprende de los fundamentos del decreto, el objetivo es garantizar una puesta en marcha integral del régimen, orientado a fomentar la responsabilidad legal de los adolescentes por sus actos, así como su educación, resocialización e integración social.

Entre los principales aspectos reglamentados figura la creación del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, un cuerpo de profesionales especializados que tendrá a su cargo el seguimiento, asistencia y control de los jóvenes imputados. Hasta que se realice la primera convocatoria pública para integrar ese registro, el Ministerio de Justicia deberá conformar un listado provisorio de profesionales habilitados, mecanismo que tendrá una vigencia máxima de 180 días.

El decreto también establece que los supervisores deberán contar con formación específica en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología, trabajo social o tratamiento de adicciones, y prevé mecanismos de capacitación permanente y reemplazo en caso de impedimentos para ejercer sus funciones.

Asimismo, el Ejecutivo creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia y estará integrado por representantes de las carteras de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Su misión será coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción de adolescentes alcanzados por el sistema, además de promover el intercambio de información técnica y estadística.

En paralelo, se constituyó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, un ámbito permanente de articulación entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus objetivos se encuentran armonizar criterios de implementación, intercambiar experiencias y facilitar acuerdos de cooperación entre jurisdicciones.

La reglamentación también pone el foco en los derechos de las víctimas, contemplados en la Ley 27.801. En ese sentido, el Gobierno destacó la necesidad de garantizar asistencia especializada, tutela judicial efectiva y patrocinio jurídico gratuito para quienes resulten afectados por los delitos cometidos por adolescentes.

Otro de los ejes centrales es la articulación con los sistemas de salud, educación, seguridad y protección integral de la niñez y adolescencia, así como con programas sociales, culturales y laborales. El decreto faculta a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas complementarias necesarias para implementar medidas socioeducativas, penas alternativas y otros dispositivos previstos por la legislación.

Finalmente, la reglamentación establece mecanismos de comunicación con el Registro Nacional de Reincidencia para facilitar el seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen, preservando la reserva y confidencialidad de los procesos judiciales.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad Nacional, Juan Bautista Mahiques, entrará en vigencia junto con la Ley 27.801.