Fuerte rechazo a la provincialización de rutas nacionales: "Es ilegal, inconstitucional e inoportuno"

El Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (CONADUV) cuestionó el Decreto 253/2026 y advirtió sobre posibles impactos en la seguridad vial, la economía y el federalismo a raíz de la provincialización de rutas nacionales.

El Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó un “enérgico rechazo” al Decreto 253/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante el sistema de peaje directo.

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A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la medida “carece de una ley formal que la respalde”, lo que —según argumentan— contraviene lo establecido en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que asigna al Congreso la potestad exclusiva de crear tributos.

Cuestionamientos legales y constitucionales

Desde CONADUV remarcaron que el decreto “viola principios de legalidad, razonabilidad y federalismo”, al tiempo que señalaron la ausencia de una transferencia presupuestaria hacia las provincias, requisito que consideran indispensable para este tipo de medidas.

En ese marco, recordaron que la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente el principio de que “no hay tributo sin ley”, y advirtieron que el esquema propuesto implica “una carga económica obligatoria sin respaldo legal”.

Peaje bajo la lupa

El comunicado también pone el foco en el sistema de peaje como mecanismo de financiamiento. Según la organización, la jurisprudencia lo admite únicamente cuando existe una prestación efectiva y proporcional al usuario.

Sin embargo, sostienen que en este caso “no hay garantía de contraprestación suficiente” y que el peaje “se utiliza como un mecanismo general de financiamiento”, lo que lo convierte en “un impuesto encubierto” y, por ende, inconstitucional.

Impacto en el federalismo y la economía

La entidad alertó además que la transferencia de la gestión de rutas nacionales a las provincias o al sector privado podría generar “graves consecuencias” en la seguridad vial, las economías regionales y la logística productiva.

En particular, cuestionaron que la medida traslada responsabilidades sin recursos, lo que —afirman— vulnera el sistema federal al imponer cargas de manera arbitraria sobre las jurisdicciones provinciales.

Doble imposición y derechos afectados

Otro de los puntos señalados es la posible “doble imposición”, ya que los usuarios viales continuarían pagando el impuesto a los combustibles mientras se suma el cobro de peajes.

Para CONADUV, esta situación afecta el derecho a transitar libremente y el derecho de propiedad, consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional.

Críticas al modelo de financiamiento

El comunicado también cuestiona la Red Federal de Concesiones (RFC) impulsada por el Gobierno nacional y advierte que el sistema de peaje directo “ha sido y es un fracaso”, además de considerarlo “inviable técnicamente”.

Según la organización, de mantenerse este esquema, la producción enfrentará mayores dificultades logísticas, se restringirá la circulación interna y se perderá competitividad en los mercados.

Propuestas alternativas

En contraposición, CONADUV propuso avanzar hacia un proyecto vial integral que contemple toda la red caminera nacional y que garantice el uso específico de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.

Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer la Dirección Nacional de Vialidad y promover un sistema de transporte multimodal que integre las vías terrestre, ferroviaria y fluvial como política de Estado.

Finalmente, la entidad exhortó a autoridades nacionales, provinciales y municipales a respetar la Constitución Nacional y garantizar la libre circulación.

“Con peaje en la red vial nacional y provincial, y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”, concluye el documento.