El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones. Así lo establece el Decreto 681/2025, que invoca el artículo 5° de la Ley 24.629 (toda ley con gasto queda suspendida hasta la inclusión de partidas) y el artículo 38 de la Ley 24.156 (obligación de precisar financiamiento).
Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero dejó en suspenso su aplicación
El Ejecutivo advirtió que la ejecución de ley de Emergencia en Discapacidad queda suspendida a que el Congreso incorpore fuentes de financiamiento
22 de septiembre 2025 · 10:19hs
El Ejecutivo advirtió que la ejecución de ley de Emergencia en Discapacidad queda suspendida hasta que el Congreso incorpore fuentes de financiamiento
El Ejecutivo advirtió que la ejecución de ley de Emergencia en Discapacidad queda suspendida hasta que el Congreso incorpore fuentes de financiamiento
El Gobierno recordó que el Presupuesto 2026 fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre y que ese es el ámbito para definir recursos y partidas que permitan la ejecución de la norma. La ley había sido vetada en agosto (Decreto 534/25), pero el Congreso insistió con dos tercios en Diputados (20/8) y Senado (4/9), tras lo cual el 8/9 fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.
Qué dispone la ley (en lo formal, aún no ejecutable):
— Declara la emergencia hasta el 31/12/2026 (prorrogable 1 año).
— Crea la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social: 70% del haber mínimo, actualización previsional, compatibilidad con empleo hasta 2 SMVM, suspensión automática por superación del tope y rehabilitación inmediata; conversión de oficio de PNC vigentes.
— Garantiza cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud y las prestaciones de la Ley 24.901.
— Declara de interés público los servicios de prestadores 24.901 y fija una compensación de emergencia por la brecha aranceles vs IPC (12/2023–12/2024); establece aranceles únicos con movilidad mensual por Decreto 274/24 (o el que lo reemplace) y un estudio anual de costos.
— Amplía a 3 años la exención del 50% de contribuciones patronales para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad (art. 87 Ley 24.013).
— Fortalece a ANDIS (CUD, auditorías con debido proceso inclusivo) y exige informes anuales de ejecución y pagos.
Cifras que informó el propio Ejecutivo:
— PNC por Discapacidad: $ 2.166.985.900.000 en 2025 (0,26% del PBI) y $ 4.706.628.500.000 en 2026 (0,47% del PBI).
— Programa Incluir Salud: $ 574.200.000.000 (2025, 0,07% del PBI) y $ 1.239.266.000.000 (2026, 0,12% del PBI).
— Compensación a prestadores (art. 13): $ 278.323.000.000 (0,03% del PBI).
— Necesidad total de crédito para ejecutar la ley (2025): $ 3.019.508.900.000 (0,35% del PBI).
— Crédito disponible sin afectar “Servicios Sociales”: $ 2.302.526.621.430, insuficiente para cubrir la totalidad de la ley.
Qué queda frenado hasta que haya partidas:
— Altas y conversiones de la nueva PNC, su compatibilidad laboral y rehabilitaciones.
— Compensación a prestadores 24.901 por la brecha 2024 vs IPC y la movilidad arancelaria respaldada en el Presupuesto.
— Incorporaciones a Incluir Salud en el marco de la nueva PNC.
— Despliegue operativo de ANDIS para auditorías y metas de transparencia con financiamiento.
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