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Declararon en emergencia edilicia al Poder Judicial de la Nación por un año

En jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires el panorama es diferente, al punto que anunciaron innovaciones para la atención de testigos

Martes 08 de Octubre de 2019

El Consejo de la Magistratura de la Nación declaró el estado de emergencia en materia de infraestructura edilicia y tecnológica en las dependencias del Poder Judicial de la Nación por el plazo de un año, lapso en el que se buscarán soluciones a los problemas que fueron denunciados. La decisión la tomó el plenario del Consejo y fue publicada ayer en el Boletín Oficial con la Resolución Nº 217/2019.

La emergencia fue pedida por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el gremio a cargo de Julio Piumato, ante el Consejo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El sindicato presentó informes del mal estado de muchos edificios judiciales en la Justicia Federal y nacional de todo el país. Allí señaló que hay dependencias que no están diseñadas para la tarea judicial y, por ejemplo, tienen problemas de electricidad porque no soporta la tensión para 15 computadoras.

También hay lugares donde se cayó el techo, o se inundaron sótanos que guardaban documentación, ascensores que no funcionan y hasta hubo escapes de gas. Muchos edificios judiciales son casas alquiladas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en el interior del país.

Para el gremio la situación es crítica y por ese motivo viene haciendo paros todas las semanas para que el reclamo sea atendido. Cuando el Consejo trató el tema el jueves hubo una marcha. En la puerta del Consejo, el sindicato instaló banners con fotos del estado de varios edificios judiciales. Incluso, Piumato habló en el plenario ante los consejeros y estuvo acompañado por otros dirigentes del gremio. El reclamo fue tratado por el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la administración de la Justicia nacional y federal, que decretó la emergencia por el plazo de 365 días “en materia de infraestructura edilicia” y “en materia tecnológica”.

El objetivo es “atender las deficiencias de las instalaciones existentes y llevar a cabo la programación de las obras de construcción, refacción, remodelación y/o ampliación de los inmuebles, teniendo en cuenta las necesidades edilicias y las pautas de higiene y seguridad del trabajo, con miras a lograr un eficaz servicio de justicia” y “efectuar acciones que permitan el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos informáticos, como así también la modernización tecnológica del servicio de justicia en lo que respecta exclusivamente a las competencias atribuidas a este Consejo”.

Para eso, el Consejo autorizó en los casos de emergencia a evitar el sistema de licitación que demoran las obras y “utilizar el procedimiento de contratación directa por urgencia”. Para eso estableció un procedimiento que finalmente quedó establecido en los ocho artículos de la resolución.

“Disponer que las áreas del Consejo de la Magistratura, cuya intervención resulte obligatoria en los procedimientos alcanzados por la presente, deberán otorgar a los trámites respectivos el carácter de preferente y urgente despacho”, sostiene la declaración.

La declaración de la emergencia ya entró en vigencia y fue aprobada por los consejeros Ricardo Recondo (presidente del organismo), el abogado Juan Pablo Mas Vélez, el senador peronista Mario Pais, los jueces Juan Manuel Culotta y Alberto Lugones, la abogada Marina Sánchez Herrero, la diputada peronista Graciela Camaño y el representante del sector académico Diego Molea.

Una de las discusiones que se generaron en el plenario del Consejo fue si la decisión de hacer contrataciones directas para solucionar los problemas urgentes podría acarrear problemas legales. Por ese motivo se abstuvieron de votar el diputado del PRO Pablo Tonelli y la senadora nacional de la UCR Olga Brizuela y Doria.

Contracara porteña

En el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires todos los días un puñado de niños y niñas deben prestar declaración porque han sido víctimas o testigos de delitos. Para muchos, eso supone además revivir una experiencia traumática de violencia, abuso o maltrato.

Con el fin de hacer un poco más amigable esa instancia judicial, el MPT creó un programa de asistencia que tiene como protagonista a Titán, un golden retriever de 5 años que a partir de ahora se encuentra todos los días en las oficinas del edificio de Perú 143, donde funciona la dependencia, abocado especialmente a esa tarea.

Titán es el primer perro de asistencia judicial para niños.

Titán o Tití, como le dicen todos ahí, fue especialmente entrenado para trabajar con niños y adolescentes y está todo el tiempo acompañado de su adiestrador, Carlos Agudo.

Cuando los niños deben dirigirse a declarar en la Sala de Entrevistas Especializadas (SEE), donde se realiza el procedimiento judicial conocido como cámara Gesell, Tití los espera en la habitación anterior y simplemente con su ternura y su apariencia adorable, contribuye a la disminución de miedo o nerviosismo de los niños y sirve para aliviarles el estrés que puedan sentir al tener que relatar lo que pasó.

Además, el formato de la SEE cuenta con el soporte tecnológico necesario para que los menores puedan dar una declaración precisa y confiable y, lo más importante, sin cruzarse en ningún momento con funcionarios judiciales o los imputados en el delito.

Esto ocurre porque en la sala solo se encuentra el niño con un equipo de psicólogos formados en técnica investigativa forense y, dos pisos más arriba, en una sala de observación la declaración se transmite en vivo. Así se evita que el niño deba reiterar en otras oportunidades su relato, lo que implicaría una revictimización. Buscan que esa instancia difícil de tener que revivir un trauma se convierta en una reparación. Cuando termina la declaración, que puede durar hasta 45 minutos, los niños salen y se reencuentran con Titán, que está especialmente preparado para siempre prestarse al juego.

“Mejora el sistema de protección integral ya que favorece la disminución del nivel de angustia que genera en los chicos tener que afrontar una declaración, y además contribuye al relato”, expresó la asesora tutelar, Yael Bendel.

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