Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Luego del operativo que sacudió el corredor norte de Entre Ríos, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia cerró la primera etapa crítica del proceso: dictó el procesamiento con prisión preventiva de los tres detenidos en la causa por el transporte de 260 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados el 28 de mayo pasado sobre la Ruta Provincial N° 28, en jurisdicción del departamento Feliciano.

Carlos Manuel Fiordelino, de 53 años, oriundo de Rosario, no llega al expediente sin historia. Muy por el contrario. Ya cargaba una condena de catorce años de prisión por tráfico de estupefacientes agravado y portación de arma de guerra —una trayectoria que lo había convertido, según consignó La Nación al momento de su detención, en uno de los narcos más buscados del país. Al momento del operativo se encontraba en libertad condicional, situación que no parece haber interrumpido su actividad.

Narcotráfico

Junto a él viajaba Benjamín Ariel Maciel, de 19 años, en un Mercedes Benz C200 Avantgarde —un vehículo de alta gama adquirido apenas meses antes— que circulaba en sentido norte-sur cuando fue detenido en el Puesto Caminero “Puente de Hierro”. Lo que ocurrió a continuación fue veloz y revelador: una fuga a toda máquina que desencadenó un cierre de rutas y una persecución que terminó con el rodado interceptado, ya con una cubierta destruida, en la intersección de dos rutas provinciales. Los 250 paquetes de cocaína aparecieron descartados entre la vegetación a la vera del camino —arrojados durante la huida para borrar rastros—, junto a una pistola semiautomática calibre 9 mm, cargadores y municiones.

Al día siguiente, el allanamiento del domicilio de Itatí —provincia de Corrientes— aportó un tercer nombre al expediente: Sebastiana Beatriz Britez, de 41 años, madre de Maciel. En su poder se hallaron gran cantidad de cocaína fraccionada en envoltorios individuales y en estado compacto, una balanza digital y una importante suma de dinero en efectivo. No era su primer contacto con la justicia federal.

Fiordelino y Maciel fueron procesados como coautores de transporte de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego. Para Fiordelino, el procesamiento se extendió además al delito de desobediencia a la autoridad, al tenerse por acreditado que su conducta durante el control vehicular tuvo entidad penalmente relevante: utilizó un pretexto para reingresar al vehículo y emprender la fuga, frustrando deliberadamente la inspección policial en curso. En el caso de Brítez, la droga fue hallada dentro de una cartera ubicada en su habitación. Según surge de la causa, una parte de la cocaína ya estaba fraccionada en pequeños envoltorios, mientras que otra permanecía compactada y aún sin dividir.

En el mismo lugar también se secuestraron una balanza digital y una suma importante de dinero en efectivo. Para la jueza Ramponi, esos elementos fueron suficientes para considerar que la droga no estaba destinada al consumo personal, sino a su comercialización. Por ese motivo, resolvió procesarla como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En los tres casos, la prisión preventiva fue fundada en la gravedad de los hechos, la pena de cumplimiento efectivo que una eventual condena implicaría, y la ausencia de arraigo suficiente que neutralice el riesgo de fuga sumado a la reincidencia de parte de los imputados.

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Los embargos

Junto con el procesamiento, la magistrada ordenó el embargo de bienes de los tres imputados. Las cifras son elocuentes: $100.000.000 para Fiordelino y otros $100.000.000 para Maciel; $6.000.000 para Britez. La medida apunta a garantizar el eventual pago de la multa que podría recaer sobre ellos, las costas del proceso y las responsabilidades civiles emergentes. Tienen cinco días hábiles para ofrecer bienes, bajo apercibimiento de inhibición general.

Entre los bienes alcanzados figura el propio Mercedes Benz C200 Avantgarde utilizado en el transporte, cuyo secuestro fue dispuesto en el marco de la política de recupero de activos que impulsa la jueza Ramponi.

Ante una eventual condena, el vehículo podría ser decomisado y destinado a fines de utilidad pública, en línea con las herramientas que el ordenamiento jurídico pone a disposición del Estado para privar al crimen organizado de los instrumentos de su actividad.

El resultado no hubiera sido posible sin la actuación de la Policía de Entre Ríos, cuyo rol en el operativo excedió la intervención rutinaria. El ministro de Seguridad provincial Roncaglia, al frente del operativo desde el primer momento, puso a disposición los recursos humanos y técnicos necesarios para sostener las medidas investigativas que derivaron en los allanamientos y en la detención de Britez.

La fuerza cumplió con eficacia cada una de las etapas del procedimiento, desde el control vehicular inicial hasta el despliegue del operativo cerrojo y los rastrillajes posteriores.

La causa cuenta, además, con un acervo probatorio de gran solidez, compuesta por actas, testimonios, análisis de tráfico de dispositivos, filmaciones y peritajes técnicos que entre otros elementos ya forman parte del expediente. Y a ello se suman diligencias periciales clave aún en curso, cuyos resultados podrían resultar determinantes para la etapa que se avecina.

El expediente no está cerrado, ni cerca de estarlo. La investigación continúa su curso con medidas pendientes que, según todo indica, podrían deparar sorpresas. El procesamiento de hoy es un punto de llegada procesal, pero también, inevitablemente, un punto de partida. Lo que se sabe hasta ahora es apenas una parte de la historia.