Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez enfrentó este martes la audiencia clave en el marco de la causa que la mantiene retenida en Río de Janeiro, Brasil, desde enero pasado, acusada de injuria racial, que tiene una pena de hasta 5 años de prisión, y todas fueron buenas noticias: si bien falta la firma del juez, no va presa y vuelve al país.

Así lo confirmó la abogada de Agostina, Carla Junqueira, al salir de la audiencia este martes. Dijo que la Fiscalía y la querella no se opusieron a que su defendida regrese al país: “El juez tiene que definir en el escrito la caución pecuniaria (fianza); es una cuestión de días”.

Ahora, Agostina deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios. Sus defensores calculan que en tres días podrá estar de regreso en su casa, pero depende de la resolución del juez sobre qué tiene que pagarles a las víctimas y cuánto dinero.

El caso contra Agostina se originó el 14 de enero, cuando fue grabada realizando gestos considerados racistas hacia empleados de un bar en el barrio de Ipanema, lo que derivó en tres denuncias penales por discriminación. El video, que se viralizó rápidamente, desencadenó una investigación de la Justicia de Brasil y la imposición de medidas cautelares: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país.

La abogada Junqueira contó que en la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban a la santiagueña y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, “la Fiscalía la redujo a una con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios en Argentina y pago de reparación a las víctimas”. Es que, finalmente, la acusación tomó todo como un delito continuado con tres víctimas.

“Si Dios quiere, en días puedo volver a la Argentina. Al juez le dije la verdad, todo lo que ha pasado; les he pedido perdón a las supuestas víctimas", comentó Agostina ante la prensa que estaba en la puerta del juzgado. Y agregó: “Fue la peor experiencia de mi vida”.

Luego, la abogada acusada reveló: ”Las víctimas no dijeron nada, han aceptado las disculpas y se han ido". Y sobre el gesto que le hicieron a ella comentó que “no ha habido un pedido de disculpas”.

Junqueira añadió a ello como positivo que “la fiscal mencionó claramente que había pedido disculpas y había entendido lo que significa el racismo en Brasil”.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada. Que esta resolución no quita que no me puedan hacer algo”, explicó Agostina luego. Serán las horas más largas las de la espera de la resolución del juez y ahí se verá qué tiene que pagarles a las víctimas.

Por qué el gobierno argentino no pudo interceder

En el caso de Agostina Páez, y en el de cualquier otro detenido en el exterior por causas penales, el gobierno de Argentina no puede intervenir para traerlos de vuelta por un principio básico del derecho internacional: la soberanía judicial del país donde ocurrió el hecho.

En el caso de Agostina, como el hecho investigado ocurrió en Río de Janeiro, la justicia brasileña tiene competencia exclusiva. Eso significa que la investigación, la detención o retención, el proceso judicial y cualquier restricción para salir del país solo pueden decidirlos jueces o fiscales brasileños.

Ningún gobierno extranjero puede ordenar que la persona vuelva a su país.

¿Qué sí puede hacer el gobierno argentino? A través del consulado en Río o la embajada en Brasilia puede verificar que la detenida tenga defensa legal, asegurarse de que no se vulneren sus derechos, permitir contacto con la familia, visitar a la persona si está detenida o facilitar un abogado o traductor.

Esta asistencia consular, como se la llama, se le brindó a Páez desde el mismo día en el que fue informada del proceso, según ella misma destacó varias veces. Y este martes sí hubo gente del consulado en la audiencia.

Sin embargo, no pueden sacarla del país ni interferir en la causa. Eso solo se puede lograr a través de un consenso entre las partes durante una audiencia judicial, como ocurrió este martes.