La inflación como pieza central de la estrategia económica actual

Sabemos que la inflación, en términos conceptuales, se define como el aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios. En la Argentina, el organismo encargado de medir este fenómeno en términos estadísticos es el Indec, que lo hace a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este indicador mide la evolución de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios adquiridos por los hogares para su consumo habitual. Si bien el IPC es ampliamente utilizado como proxy de la inflación, resulta importante distinguir ambos conceptos.

La inflación es un fenómeno más amplio, que involucra la suba generalizada de los precios de una economía. El IPC, en cambio, toma una muestra representativa y ponderada de determinados bienes y servicios. Aún así, se encuentra fuertemente correlacionado con la dinámica general de precios y permite identificar cambios de tendencia, por lo que es utilizado como referencia central para la formulación y el seguimiento de políticas económicas.

De allí que el IPC sea clave para la fijación de salarios, la actualización de jubilaciones y planes sociales, el ajuste de contratos, la determinación de tasas de interés, el análisis del poder adquisitivo y la evaluación del consumo y del ingreso real. El problema que hoy ocupa el centro del debate público es que la canasta sobre la cual el Indec calcula la inflación sigue basándose en una encuesta realizada entre 2004 y 2005, como si los hábitos, pautas y preferencias de consumo de los argentinos no hubieran cambiado en las últimas dos décadas.

inflacion

¿Cómo se mide la inflación?

El IPC que se difunde desde enero de 2017 mide la evolución de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en áreas urbanas. Sus resultados se publican a nivel nacional y también por regiones: GBA, Pampeana, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia. Para construir este índice, el Indec parte de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que permite determinar qué bienes y servicios consumen los hogares en promedio y qué proporción del gasto total destinan a cada uno. A esos porcentajes se los denomina ponderadores.

Actualmente, el IPC utiliza los ponderadores correspondientes a la ENGHo 2004/2005, con base diciembre de 2016. Es decir, el índice que se publica mes a mes refleja una estructura de consumo que responde a una realidad económica y social de hace más de veinte años.

Termómetro descalibrado

En la Argentina, la inflación no es solo un problema macroeconómico: es una experiencia cotidiana. Se manifiesta en el supermercado, en la boleta de luz, en el alquiler, en el transporte y en cada gasto diario del hogar. Por eso, cuando se discute cómo se mide la inflación, no estamos ante un debate técnico menor, sino frente a una cuestión que impacta directamente en salarios, jubilaciones, planes sociales, tarifas y contratos indexados.

En este contexto, y a partir de la reciente renuncia de quien dirigía el Indec, volvió al centro de la escena una discusión largamente postergada: la actualización metodológica del IPC. Sin embargo, el eje del debate no pasa por la necesidad del cambio –prácticamente indiscutida– sino por el momento elegido para implementarlo o, más precisamente, para seguir postergándolo.

El IPC que hoy se utiliza en la Argentina se basa en una canasta construida a partir de la ENGHo 2004/2005. En otras palabras, el índice de inflación que se publica cada mes refleja cómo gastaban los hogares argentinos hace más de veinte años. En esa estructura todavía aparecen bienes como teléfonos fijos, faxes, CDs o el alquiler de películas, productos que hoy tienen una incidencia marginal o directamente inexistente en la vida cotidiana. El problema no es la anécdota “vintage”, sino lo que hay detrás: una estructura de ponderaciones que ya no representa el verdadero patrón de consumo de los hogares argentinos. Y, como veremos, la postergación del cambio metodológico dista mucho de ser inocente.

¿Teléfonos fijos, fax, CDs?

Podría pensarse que la demora responde a la falta de información o a limitaciones técnicas. Sin embargo, el Indec cuenta desde hace tiempo con datos más actualizados, provenientes de la ENGHo 2017/2018, que permitirían recalibrar el índice y ajustarlo a los hábitos de consumo actuales. La actualización metodológica implicaría un cambio relevante: menor peso relativo de los bienes y mayor incidencia de los servicios, en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países. Rubros como vivienda, tarifas, transporte y comunicaciones pasarían a tener un peso mayor en el índice general. Esto no es un detalle menor. En un contexto de fuerte recomposición de tarifas y precios regulados, el IPC actual tiende a subestimar el impacto real de la inflación sobre los ingresos. Diversos estudios privados y académicos coinciden en que, de haberse aplicado la nueva metodología desde fines de 2023, la inflación acumulada sería entre un 11% y un 15% más alta que la que hoy informa el índice oficial.

Nada es inocente

La postergación del nuevo IPC no es neutral. Tiene efectos fiscales concretos. Una inflación medida más baja reduce el ritmo de actualización de jubilaciones, asignaciones sociales y bonos indexados por CER. Según estimaciones recientes, esta demora podría implicar un “ahorro” fiscal de varios billones de pesos en un solo año, trasladando el costo del ajuste a jubilados, beneficiarios de la AUH y tenedores de deuda ajustable por inflación.

Incluso el Fondo Monetario Internacional ha señalado, tanto en el acuerdo original como en sus revisiones, la necesidad de actualizar la metodología de medición de la inflación en la Argentina. No obstante, debe aclararse que la corrección metodológica se aplicaría hacia adelante, sin modificar los indicadores históricos.

Pero… ¿por qué no hacerlo ahora? Aquí aparece el núcleo del debate. Cambiar la metodología del IPC en medio de un programa económico centrado en el ajuste fiscal tiene costos visibles: empeora los registros de inflación, tensiona las negociaciones salariales y eleva el gasto indexado. No hacerlo, y esperar a que “el proceso de desinflación esté consolidado”, permite mostrar una inflación más baja, aunque a costa de una creciente desconexión entre el dato estadístico y la realidad social. Vale aclarar que esta práctica no es exclusiva del gobierno actual. El riesgo de fondo es otro: cuando el IPC deja de reflejar razonablemente la realidad, pierde credibilidad. Y sin estadísticas confiables no hay política económica creíble ni sostenible.

Así como la fiebre no se baja cambiando el termómetro, la inflación no se combate modificando una metodología. Pero tampoco puede comprenderse –ni mucho menos corregirse– con un instrumento que mide hábitos de consumo de otra época. Actualizar el IPC no resolverá el problema inflacionario argentino. Sin embargo, seguir postergándolo agrava otro daño igual de profundo: la distancia entre los números oficiales y los bolsillos reales de los argentinos. Cuando esa brecha se vuelve estructural, el debate deja de ser técnico para transformarse en un conflicto social.

Entonces…

Medir la inflación con una canasta desactualizada no es solo un problema estadístico: es un problema institucional. Cuando el indicador que ordena salarios, jubilaciones, contratos y políticas públicas deja de reflejar la realidad, lo que se erosiona no es solo el poder adquisitivo, sino también la confianza social en las estadísticas oficiales. Ningún programa económico puede sostenerse en el tiempo si los datos que lo respaldan se perciben como funcionales a una estrategia fiscal de corto plazo. La transparencia estadística no es un lujo académico ni una demanda ideológica: es una condición básica para que las decisiones públicas sean comprensibles, comparables y legítimas. En economía, como en medicina, un diagnóstico confiable es el primer paso para cualquier tratamiento. Persistir en medir la inflación con un termómetro descalibrado no baja la fiebre: solo posterga las decisiones y profundiza sus consecuencias.

(*) Escribe María José Quinodoz/ contadora, economista y docente universitaria.