Buscan que el Estado regule la actividad para frenar abusos en los alquileres

Con el objetivo de lograr una nueva ley nacional de alquileres, se realizó en Rosario el primer Encuentro Nacional de Inquilinos. Allí, referentes de esta problemática denunciaron los abusos de las inmobiliarias y reclamaron políticas públicas para intervenir en el mercado del suelo y la vivienda.

Además de los representantes de los inquilinos, estuvieron presentes en la actividad —realizada el 11 de marzo en la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario— legisladores nacionales y locales e integrantes de pymes, cooperativas y organizaciones no gubernamentales.

El Defensor de los Inquilinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), Fernando Muñoz, planteó que Rosario y Capital Federal son “las ciudades más inquilinizadas”, por la elevada proporción de habitantes que deben alquilar. Según dijo, en Capital se produjo un “un proceso dual: hubo récord en la construcción de vivienda, pero con fin especulativo, como inversión”, señaló. Y, destacó, cien mil habitantes de la Caba viven en hoteles y pensiones, concentradas en los barrios de La Boca, Once y el centro.

El ex legislador porteño reconoció que existe un “abuso” e “incumplimiento de leyes básicas” por parte de las inmobiliarias, que, calculó, cobran unos “mil millones de pesos anuales por fuera de las comisiones”.

Si bien resaltó la creación de la Defensoría de Inquilinos, también reconoció que todavía no han logrado una regulación del sector.

En este sentido, el referente de la Concejalía Popular, Nire Roldán, afirmó que solicitarán una entrevista con el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, para presentarle un nuevo proyecto de ley de alquileres, que tiene como puntos centrales “el tiempo y la sustentabilidad de los contratos” y una mayor participación del Estado, a través de la creación de organismos como el Servicio Público del Alquiler y el Registro de Contratos Locativos.

Según recordó Roldán, desde 2001 organizaciones de inquilinos han impulsado unos 75 proyectos de ley que no fueron aprobados. De acuerdo al ex concejal rosarino “la ley tiene que incluir a todos los sectores” y propuso “alianzas estratégicas” junto al movimiento obrero, pymes, organizaciones no gubernamentales y legisladores para avanzar en un nuevo ordenamiento jurídico.

Es necesaria “una lucha colectiva para quebrar el poder económico”, afirmó Roldán, quien cuestionó que “en Rosario vive más gente en pensiones que hace diez años” y criticó la “concentración de locales en plazas comerciales”.

Mercado al poder. En la misma línea, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, resaltó el “poder del mercado para modificar ciudades y decidir políticas públicas”. Sin embargo, valoró como un logro la construcción del inquilino como “sujeto político” al mismo tiempo que convocó a los sindicatos a incorporar la cuestión de los alquileres en su agenda, ya que consideró que se trata de “un problema de la clase trabajadora”.

En tanto, Muñoz afirmó que “es necesario luchar por un plan de vivienda accesible”, para la población que no puede acceder a créditos comerciales o a programas estatales. Para esto propuso la construcción de vivienda para alquiler y el impuesto a la vivienda ociosa.

A su turno, Ariel D’Orazio, también integrante de la Concejalía Popular, apuntó a las inmobiliarias. Sostuvo que trasladan a inquilinos el pago de impuestos que gravan la propiedad y realizan indexaciones cada seis meses, una práctica prohibida formalmente pero que existe de hecho.

A partir de esta situación sugirió “poner límites” y que las subas sean como máximo una vez al año y en base a datos de inflación del Indec.