Durante esta década cayó el embarazo adolescente en Entre Ríos

"El embarazo adolescente nos muestra cierta cara de la desigualdad. Y lo tenemos como preocupación, de manera muy especial en los embarazos que pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, porque los indicadores muestran que el 25% de los nacimientos que se producen en efectores públicos son de madres menores de 20 años. Y cuando nos vamos al efector privado el número se reduce considerablemente", dijo a UNO la doctora Karina Silva, integrante del servicio de Salud Mental del hospital San Roque y del equipo técnico de la Dirección Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud.

Días atrás se presentaron los resultados de los principales indicadores de salud del país, correspondientes a 2017. En ese documento, al que accedió UNO, se observa que en la provincia se mantiene la leve tendencia decreciente de casos de niñas y adolescentes madres, aunque por encima de la media nacional (13,3%).

En el país se registró un total de 704.609 nacimientos, mientras que en la provincia hubo 21.966: 96 correspondieron a menores de 15 años, y 3.342 entre los 15 y 19 años. Un año antes en Entre Ríos se anotaron 22.195 niños nacidos vivos: 113 de niñas menores de 15 años, y 3.528 entre 15 y 19 años.

Más atrás en 2015 se habían registrado 23.572 nacimientos: 128 bebés de niñas menores de 15 años, y 3.941 de adolescentes entre 15 y 19 años; un año antes, en 2014, fueron 140 y 4.015 respectivamente.

Así queda plasmado que el embarazo adolescente –que comprende aquellos cuyas madres son menores a 20 años– ha mantenido una tendencia decreciente, aunque leve, durante toda la década. En el inicio de la década, en 2010, llegó al 19,4% del total de nacimientos en la provincia, en 2017 bajó al 15,4%.

Un rasgo a destacar es que esa curva descendente marca que la Asignación Universal por Hijo (AUH) implementada en 2014 no resultó ser un motivo para que las chicas jóvenes "se embaracen", como fue planteado en forma recurrente y estigmatizante desde un sector del arco ideológico político nacional. Se trata de una problemática más compleja, profunda, cultural y social, no tan simple como esa apreciación.

La estadística muestra que en los establecimientos privados se da un caso de madre adolescente, sobre 12 nacimientos. "Eso nos genera una mayor preocupación porque nos está mostrando una situación que requiere los esfuerzos del Estado en múltiples sentidos. En respuesta a ello es que se busca que los indicadores se reduzcan", planteó la doctora en Ciencias Sociales y también psicóloga.

En el embarazo adolescente subyacen distintos tipos de situaciones. Se dan casos donde la joven puede decir que es una situación consentida con su novio, pero también otros donde las niñas pueden referir que fueron situaciones de abuso intrafamiliar o de un miembro cercano a la familia. "Por eso el tratamiento que requieren estas situaciones son muy especiales; no se trata solo de la intervención del Ministerio en relación a los cuidados de salud, sino que se abre un esquema de abordaje integral", que requiere la actuación también de la Justicia y el Copnaf, por ejemplo, contó Silva.

La profesional dio cuenta de la diferenciación entre las adolescentes entre 15 y 19 años, a quienes se tiene que llegar con distintas estrategias "para que el embarazo sea una opción y no un accidente, una definición voluntaria, pautada, conversada y que sea parte de uno de los proyectos de vida, no el único". Al respecto, dijo que desde la Provincia se han hecho denodados esfuerzos para mantener la continuidad en la provisión de los insumos y los anticonceptivos, a raíz de las alternancias en la provisión del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

También citó el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia que se lleva adelante en tres departamentos de la provincia, con la integración de distintos ministerios y de Educación para potenciar el ejercicio de los derechos sexuales y ampliar la información sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos.

En cambio, en el caso de las niñas madres –menores de 15 años– los embarazos tienen características de riesgo, tanto para la vida de la mamá como del bebé. Ello, remarcó, amerita la participación del Ministerio de Salud, pero también de otras áreas, "porque claramente hay allí una vulneración de derechos y requiere la intervención de la Justicia cuando se puede comprobar que se trató de una relación no consentida".

Está vigente así una guía o protocolo de actuación frente a abusos. "El embarazo adolescente es una problemática de gran complejidad", insistió Silva, y sobre ello aportó lo que tiene que ver con "cierta disminución del horror al incesto" y se explayó: "Hay algo de cierta normatividad en relación a las cuestiones que son del orden del incesto, que están naturalizadas; que vienen de generación en generación, donde la violencia se ha repetido y produce una disminución muy potente de la capacidad de reacción y defensa.

Tiene muchas aristas la violencia, y cuando se regulariza como estado natural se pierde de vista qué es lo normal. Si ello se sostiene en años en la vida de una persona, estamos hablando de una situación gravísima; si asistimos a una niña que es tercera generación de mujeres abusadas, violadas, hablamos de una cuestión mucho más cruel, que forma parte de ese escenario de desigualdad extrema. Allí es importante la figura de los agentes y de las políticas del Estado".