Observatorio de género

La Violencia Institucional

Cuando una mujer víctima de violencia logra denunciar a su atacante ante el Estado tendría que ser una instancia liberadora y un triunfo.

Lunes 16 de Mayo de 2022

El momento en el que una mujer decide recurrir a la ley para hacer valer sus derechos tendría que significar un cambio cualitativo en su vida: pasar desde una realidad violenta hacia la de la seguridad y puesta en valor de los derechos que la ley le acuerda. Sin embargo, en la mayoría de los casos, recurrir al Estado en la provincia de Entre Ríos no es garantía de que la violencia de género de la que trata de huir no continúe. Incluso puede ser lo que la profundice y lo que le dé la posibilidad al violento continuar con sus objetivos perversos y premeditados. Lo que tendría que ser el primer paso hacia la salvación se convierte en el primer paso hacia el inhumano proceso constituido por la Violencia Institucional del Estado.

Ahora bien, ¿en qué consiste la violencia institucional contra una mujer? Es aquella realizada por funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que en forma directa o indirecta retarda, obstaculiza o impide el acceso de las mujeres a ejercer los derechos previstos en la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales.

Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Las políticas públicas que se desprenden de esta ley y que aminorarían la violencia institucional es una obligación del Estado. Su ausencia es una falta grave.

De esta manera, el Estado, quien tiene en su poder el resguardo del mecanismo del proceder virtuoso de las instituciones, al no respetar los preceptos que definen a la Violencia Institucional puede convertirse en el mejor amigo y cómplice del violento y en el calvario que debe transitar una mujer cuando recurre a la justicia para ser resguardada.

Esta situación que impide el desarrollo del cumplimiento de las leyes que nos protegen fue detectada por la Declaración de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (CEDAW) en 1993, año en el que por primera vez se utiliza el concepto Violencia Institucional perpetrada o tolerada por el Estado. Más tarde también se aborda en la Convención interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará) y a nivel europeo por el Consejo de Europa o Convenio de Estambul. Estos organismos establecen que los Estados tienen la obligación de evitar cualquier práctica de violencia contra la mujer por parte de cualquiera de sus agentes.

Cuando una mujer realiza una denuncia por haber sido víctima de violencia porque fueron vulnerados sus derechos humanos, las instituciones tienen la obligación de acatar las leyes nacionales e internacionales que la protegen integralmente. En el caso de que las autoridades no proporcionen a tiempo el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva y toleren la vulneración de derechos o actúen en complicidad con el agresor están incurriendo en Violencia Institucional, tal como lo prescribe el art. 6 Inc. b de la ley 26.485. También están desobedeciendo lo que dictamina el bloque constitucional de Derechos Humanos fundamento máximo para erradicar la Violencia de Género.

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Es importante señalar que la responsabilidad descripta implica a cualquier autoridad que por acción u omisión violente los derechos, la dignidad e integridad de una mujer. Cuando los agentes del Estado, en cualquiera de sus instancias, actúan con falta de diligencia están cometiendo Violencia Institucional. Incluso la falta de responsabilidad del propio juez queda expuesta cuando hay que lidiar con los obstáculos de las sentencias injustas debido a la carencia en la formación en Violencia de Género.

Esto último es algo que resulta inconcebible en Entre Ríos y en el resto del país, debido a la sanción de la Ley Micaela, que obliga a los integrantes de los tres poderes del Estado a instruirse en las cuestiones que impliquen todos los tipos de violencia que tenga como víctima a una mujer.

La Violencia Institucional es tangible, por ejemplo, cuando se revictimiza a una mujer maltratada. Esto significa concretamente que no debe someterse a una mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro.

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es una violación de los derechos humanos.

También esta modalidad de violencia es explícita en los incidentes de violencia contra las mujeres que carecen de investigación, sanción y reparación efectiva; en los retrasos injustificados en la investigación de los hechos y cuando se descalifica a las víctimas durante las audiencias públicas.

La policía Por su parte, la policía tiene un capítulo aparte dentro de la modalidad de Violencia Institucional por ser uno de los primeros agentes del Estado al que la mujer víctima le reclama auxilio y paradojal mente son quienes incurren con mayor frecuencia en el episodio de Violencia Institucional por no actuar debidamente en la prevención de los actos de violencia.

Esta situación se puede observar, por ejemplo, cuando las fuerzas de seguridad desobedecen a un juez que ordenó proteger de manera efectiva a una mujer vulnerada. También cuando no se ejecuta el debido cumplimiento de medidas cautelares, como lo son las de restricción perimetral que impide al violento acercarse a su víctima. En estos casos el estado de indefensión de una mujer llega a un límite extremo porque la violencia sobre ella se potencia. También se potencia el miedo. Solo la corrupción y el amiguismo, permiten que sigan en funciones esos agentes del Estado que no cumplen con la responsabilidad del servicio que se les ordenó por ley.

La violencia contra las mujeres no es un asunto privado, es una violación de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en oportunidad de pronunciarse sobre el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en las Américas, estableció que ‘un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las violaciones denunciadas (...) Una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad’.

Dolores Etchevehere

Especial para observatoriodegenero@uno.com.ar

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