Desde hace años, Leonardo Airaldi, conocido empresario rural y exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante, estuvo en el centro de rumores vinculados al narcotráfico, pero jamás se había logrado detenerlo ni llevarlo a juicio. Ahora, esa historia cambió: el Tribunal Oral Federal de Paraná citó a juicio a Airaldi y a otros 14 imputados, quienes están acusados de integrar una compleja banda dedicada al tráfico de drogas.
Va a juicio Leonardo Airaldi, ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco
Leonardo Airaldi, exdirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
10 de agosto 2025 · 12:14hs
Va a juicio el ruralista entrerriano acusado de liderar una red narco
La Fiscalía ya inició la etapa de ofrecimiento de pruebas para un proceso que desvelará cómo operaba esta organización con conexiones directas con grandes traficantes de Rosario y la región, aprovechando las rutas del río Paraná para el traslado y distribución de estupefacientes.
En Diamante y Paraná
Según la acusación formal, la banda funcionaba principalmente en las ciudades de Diamante y Paraná, y sus actividades delictivas abarcan desde junio de 2019 hasta marzo de 2024, fecha en que se concretaron múltiples allanamientos a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. En el centro de la investigación está Airaldi, a quien se le atribuye el rol de líder: organizador, proveedor y financiador de la red.
La Fiscalía sostiene que diseñó una estructura para facilitar el tráfico de drogas, asignando tareas y manejando los recursos humanos y materiales necesarios para la operación. Se le imputa haber dado órdenes a sus colaboradores a través de diversos canales y administrar los recursos destinados a la compra, transporte, distribución y venta de estupefacientes. La mayoría de los 15 acusados enfrentan cargos por comercio de estupefacientes agravado, destacándose la participación relevante y sostenida en el tiempo. El juicio ante el Tribunal Oral Federal estará presidido por la jueza Noemí Berros, junto a Roberto López Arango y Mariela Rojas.
El proceso contará con la representación fiscal a cargo de José Ignacio Candioti, mientras que los imputados serán defendidos por un total de 14 abogados, entre ellos Cecilia Carolina Tejada, Mauricio Zambiazzo, Leopoldo Meresman y Nelson Schlotthauer, entre otros.
En los próximos días, la Fiscalía y las defensas deberán presentar las pruebas que sustentarán sus posiciones en un juicio que promete revelar detalles inéditos sobre una red narco que operaba bajo la sombra del mundo rural.
Además de Airaldi, el juicio tendrá en el banquillo a otros 14 imputados, muchos de ellos, según la Fiscalía, con roles clave dentro de la organización. Entre ellos figura Jimena Irupé Burne, pareja y colaboradora directa de Airaldi, acusada por tenencia simple de estupefacientes. También figura Sebastián Agustín Armocida, amigo personal de Airaldi, quien para la Fiscalía actuaba como su asistente y colaborador, al igual que Armando Marcelo Balcaza, quien fue capataz de la estancia El Mirador en Las Cuevas.
Otro implicado es Juan Andrés Erbes, dueño del bar Mandela de Diamante, que, según la Fiscalía, funcionaba como centro de distribución y venta de drogas con sistema de delivery. En la misma línea, Roberto Fabián Coronel, sargento de la Policía de Entre Ríos, asumió la administración de El Mirador tras la salida de Balcaza. También están involucradas María Soledad Cáceres, quien oficiaba como secretaria de Airaldi y tenía múltiples funciones dentro de la estructura, y Keila Ramos Luto, también acusada de tenencia simple. Otros acusados clave son Carlos David Schumacher, persona de confianza de Airaldi; Joel Damián Schonfeld, vendedor con vínculos con Erbes y Cáceres; Emanuel Enrique Cuello, alias “Coti”, y José Nicolás Godoy, encargado de transporte y resguardo. Completan la lista Walter Gonzalo Olivero (“Bocha”), suboficial de la Policía de Santa Fe y empleado del Bar Mandela; Cristian Emanuel Sánchez (“Poroto”) y Marino Martínez, ambos encargados de realizar entregas en moto para el bar que, según la investigación, era una fachada de la actividad ilícita.