Consumidores de drogas, desocupados y menores son moneda corriente entre los imputados en las numerosas causas por narcomenudeo en la provincia. Tres sentencias dictadas recientemente en Paraná evidencian esta realidad que se presagiaba desde antes de la sanción de la ley que habilitó a la Justicia provincial a perseguir la venta de drogas al consumidor. Una de ellas fue una condena a cuatro años y ocho meses de prisión a un hombre que tenía medio kilo de marihuana y un arma; otra, una pena condicional a un joven por tenencia simple de cannabis; y la tercera, una probation a un adolescente que habría participado de un grupo de narcomenudeo.
Tres fallos por narcomenudeo evidencian que golpea al más débil
Un desocupado, un adolescente que dejó la escuela y un cadete entre los imputados en recientes resoluciones de la Justicia provincial por narcomenudeo
Por José Amado
10 de octubre 2021 · 09:09hs
Fueron cientos los procedimientos y detenidos por narcomenudeo en más de tres años.
Mientras, en las últimas semanas hubo sucesos que demostraron que Entre Ríos “se está convirtiendo lentamente en una base logística, y con gran temor de decir de producción”, según advirtió el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró (Ver aparte).
A fines de septiembre se sustanció el juicio contra A.R., un changarín de 32 años que “por ahí trabaja pero se paró la obra”, con estudios primarios incompletos, que consume marihuana, alcohol, tiene una adicción desde hace muchos años, que nunca se hizo tratar. El caso podría haber sido uno más de los que terminan en un abreviado, pero el defensor prefirió ir a juicio para plantear nulidades en la causa que, en general, nunca prosperan.
A A.R. lo detuvieron en febrero de 2020, cuando allanaron su casa en la zona oeste de Paraná, y le encontraron 445 gramos de marihuana, fraccionada en 502 envoltorios de nailon, que estaba en una bolsa en su habitación. Se trató de una investigación de la Policía Federal, instruida por el Juzgado Federal de Paraná, que inicialmente apuntaba contra una banda que operaba en distintos barrios. En particular, se sospechaba de una mujer como la proveedora de las sustancias. Pero el juez federal subrogante Daniel Alonso, luego de la detención, envió las actuaciones a la Justicia provincial por entender que se trataba de narcomenudeo.
En el juicio la Fiscalía demostró que la droga que tenía A.R. estaba destinada a la venta: por las tareas previas de los investigadores, por el fraccionamiento de la marihuana, y por la tenencia de un arma de fuego (un revólver 22 corto) lo cual, según declaró un policía, “es muy común en estos procedimientos que se encuentren armas de fuego porque se las utiliza para defensa propia ante la eventualidad de que otra banda intente sacarle la droga”.
El defensor cuestionó que las tareas de investigación, las escuchas telefónicas y el allanamiento a la casa del imputado no estuvieron fundados porque “en ningún momento se ha determinado cuál fue el delito original”.
Al finalizar el juicio, en la última palabra, A.R. dijo: “Hay cosas que no me cerraron, la droga que tenía era para consumir, la había comprado; y, por el tema de la billetera, esa plata era de mi papá, le dije al policía por qué la había metido ahí y después cosas que se dijeron que fue todo mentira”.
El hombre, por la tenencia de la droga y del arma, terminó condenado y pasará cuatro años y ocho meses en la cárcel.
L.G. tiene 26 años y trabaja de pintor y cadete. El 19 de junio la Policía allanó su casa y encontró en un ropero de su dormitorio un frasco con 3,8 gramos de cogollos de marihuana, otro frasco con recortes de nailon, una caja con 87 envoltorios con 162 gramos de la misma sustancia y 198 semillas de cannabis sativa.
Inicialmente lo imputaron por narcomenudeo, pero en un juicio abreviado acordó con la Fiscalía una condena por el delito de tenencia simple de estupefacientes, que es aquella conducta en la que no se puede demostrar que la droga era para la venta ni tampoco exclusivamente para consumo personal. El muchacho terminó con una pena de tres años de prisión condicional, y además deberá cumplir con 96 horas anuales de tareas no remuneradas por el término de dos años en alguna institución de bien público.
P.B. tiene 18 años, pero cuando allanaron su casa en la zona oeste de Paraná era menor, tenía 17. Terminó la Primaria, pero cuando empezó la pandemia en 2020 fue uno de los 1,5 millones de niños y adolescentes que abandonaron la escuela, según las estimaciones oficiales. Dijo que a veces consume alcohol y marihuana. Quedó implicado en una investigación policial sobre un grupo de venta de drogas que operaba en su barrio, que se desarrolló entre marzo y julio de 2020, cuando se hicieron los allanamientos.
En la requisa a su casa se encontró un envoltorio con dos gramos de cocaína, otro con 203 gramos de la misma sustancia, una balanza y dos balas. Acordó con la Fiscalía una suspensión del juicio a prueba, la conocida probation, que consiste en aportar tres kilos de leche en polvo en beneficio de una institución de bien público, y además colaborará con un comedor comunitario durante 96 horas globales durante un año.
Se trata de causas que demandan muchas horas hombre, tanto de policías abocados a las investigaciones, como de fiscales en los trámites, jueces para cada audiencia, resolución y sentencia, más los secretarios de cada instancia institucional que requiere un trámite judicial.
El Estado argumenta que no puede tolerar ni perdonar estas conductas, por ello se destinan recursos públicos a perseguirlas. Aunque en la gran mayoría de los casos, como se observa en los más recientes, genera dudas su eficacia en cuanto se pretende resguardar la salud pública.
Juez Pablo Seró: hipótesis ante un panorama muy preocupante
En la últimas semanas hubo dos procedimientos inusitados para la provincia: uno de Toxicología de la Policía provincial, donde se secuestraron 433 kilos de cocaína de máxima pureza y se detuvo a cuatro hombres; y otro de Gendarmería Nacional, donde incautaron una avioneta que hacía viajes hacia la República Oriental del Uruguay con cargamentos de pasta base.
Al respecto, el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, que dirigió ambos procedimientos sucedidos en los departamentos Uruguay y Concordia, trazó un panorama tan interesante como preocupante.
En diálogo con el programa Ronda Federal, que se emite por varias emisoras de la Mesopotamia de Radio Nacional, dijo: “Nosotros tenemos un corredor vial muy importante que es la ruta 14, a través de la cual en forma terrestre hemos hecho muchos procedimientos y los seguimos haciendo periódicamente. Si uno lo toma desde ese punto de vista podríamos hablar de una provincia de tránsito, pero nuestra provincia, a diferencia de otras opiniones que yo respeto, se está convirtiendo lentamente en una base logística y con gran temor de decir de producción, máxime cuando nos encontramos con cargamentos de esta naturaleza, que ha sido el mayor cargamento en la historia en cuanto a cocaína se refiere, lo que da la pauta de que si el cargamento ha sido arrojado aquí, es difícil que por tierra, semejante cantidad y de semejante pureza, pueda ser trasladado a otro lado”.
Planteó dos hipótesis posibles: una, que “se opera una base logística, y hay expendio hacia zonas limítrofes, siempre hablando de cuestiones transnacionales, nunca de consumo interno”; y otra, que “se hace una base logística aquí para distintas zonas del país, donde lo estaban trasladando a otras zonas para después poder salir hacia otro país”.