Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la situación del sistema penitenciario y los dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal, en el marco de la reciente modificación del Régimen Penal Juvenil, que establece la edad de imputabilidad en 14 años.

El pedido, presentado por Enrique Tomás Cresto y coautores Decco Silvina Soledad y Moreno Silvia del Carmen, busca conocer la infraestructura disponible, los equipos técnicos y los programas de atención a este sector de la población.

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Diputados buscan conocer la situación de los programas de reinserción juvenil

El requerimiento puntualiza la necesidad de información sobre los centros de detención, custodia y tratamiento para adolescentes mayores de 14 años, incluyendo la ubicación, la capacidad de alojamiento y el nivel de ocupación de cada establecimiento, así como la cantidad de equipos interdisciplinarios destinados a su atención. Asimismo, se solicita identificar si existen sectores específicos para menores de 18 años en conflicto con la ley penal, detallando su dependencia administrativa y condiciones de funcionamiento.

Además, la Cámara de Diputados exige datos actualizados sobre la cantidad de adolescentes privados de libertad en la provincia, desglosados por edad, situación procesal y lugar de alojamiento, así como información sobre la capacidad total del sistema penitenciario provincial, las plazas disponibles y la cantidad de personas privadas de libertad. También se indaga sobre posibles planes del Poder Ejecutivo para ampliar la infraestructura, construir nuevos establecimientos o adecuar los existentes ante eventuales cambios en el régimen penal juvenil a nivel nacional.

El pedido incluye, además, un requerimiento sobre los programas educativos, de salud, asistencia psicológica y de reinserción social dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley penal. Los legisladores fundamentan la solicitud en la necesidad de garantizar que la provincia cuente con dispositivos adecuados y personal especializado, conforme a la legislación vigente y los tratados internacionales, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de libertad de menores debe ser un recurso excepcional y temporal.

Según datos históricos citados en el pedido, la población carcelaria de Entre Ríos ha crecido de manera significativa en las últimas décadas, pasando de alrededor de 700 personas privadas de libertad en el año 2000 a casi 2.900 en la actualidad. La última ampliación importante de infraestructura se llevó a cabo en la Unidad Penal N.º 9 – Granja Penal El Potrero, con obras financiadas por el Gobierno Nacional, incluyendo nuevos pabellones e infraestructura sanitaria, pero informes recientes advierten que varios establecimientos operan con niveles de ocupación elevados.

Inversión millonaria: 1.556 millones para modernizar la cárcel de Federal

A mediados de febrero, el gobierno provincial avanzó con una inversión de 1.556 millones de pesos para fortalecer la infraestructura penitenciaria mediante la licitación pública de obras en la Unidad Penal Nº 8 de Federal. El proyecto contempla la terminación de pabellones de alojamiento, la refuncionalización de un sector anexo y la construcción de nuevos espacios esenciales, con el objetivo de mejorar las condiciones de internos y personal.

La Unidad Penal Nº 8 "Bicentenario de la Revolución de Mayo", ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 5, a cinco kilómetros de la ciudad de Federal, recibirá nuevas celdas, puestos de vigilancia, un Salón de Requisa, Salón de Visitas, Puesto de Guardia, sanitarios y un área de Sanidad con consultorios médicos. Además, se incorporará un sector de Industria con oficinas, talleres y espacios semicubiertos para actividades productivas, así como una cocina equipada con cámara frigorífica y depósitos. La superficie total intervenida será de 1.632 metros cuadrados, con un plazo de ejecución previsto de 365 días corridos.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó la importancia de la inversión para el fortalecimiento del sistema penitenciario provincial. "Junto al Ministerio de Seguridad y Justicia avanzamos en una agenda común para concretar esta inversión que responde a una decisión política de fortalecer la infraestructura de seguridad en el territorio", señaló. Además, remarcó que "estas mejoras tendrán impacto en las condiciones edilicias y garantizan espacios adecuados tanto para los internos como para el personal que trabaja diariamente en la unidad penal".

Por su parte, el titular del Ministerio de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, sostuvo que "esta apertura de sobres es avanzar en la concreción de las mejoras programadas, es importante ir a paso firme en uno de nuestros objetivos, dotar al Servicio Penitenciario de mejores instalaciones, en este caso por ejemplo, sumamos un sector de industria con espacios para talleres y oficinas".

La apertura de sobres de la licitación se realizó en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, con la participación de ocho firmas oferentes: Mecall SRL, Cocco Construcciones, Verco SA, L&C Construcciones, Peterson, Schmidt, Del Litoral OS y Montajes SA, y Cemyc SRL. En el acto también estuvieron presentes autoridades provinciales y locales, entre ellas la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, la directora de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento, el responsable zonal Carlos Benítez, el director general del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti, el subdirector Santiago García, la senadora provincial Nancy Miranda y la diputada provincial Noelia Taborda.

La concreción de estas obras permitirá optimizar el funcionamiento de los servicios esenciales, acompañar el crecimiento de la demanda en la provincia y mejorar las condiciones de alojamiento, atención y trabajo dentro de la unidad penal, alineándose con los objetivos de modernización y fortalecimiento del sistema penitenciario provincial, mientras la Legislatura continúa recabando información para evaluar la capacidad del sistema ante los desafíos que plantea la nueva Ley Penal Juvenil.