Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

La condena contra Inocencio Daniel Romero, exsubtesorero del Casino de San Salvador, puso al descubierto una sofisticada maniobra fraudulenta que permitió el desvío de fondos públicos mediante la creación de premios inexistentes. Según la resolución judicial, la trama consistía en manipular una ruleta electrónica para emitir tickets de premios “fantasma” durante los horarios en que la sala permanecía cerrada al público. Si bien la parte resolutiva de la sentencia se conoció en junio, el fallo completo se dio a conocer recientemente.

Para garantizar la impunidad, realizaba un apagado manual del sistema de videovigilancia, cuyas interrupciones coincidían temporalmente de forma exacta con la generación de los comprobantes. El engaño se completaba cuando Romero, abusando de su acceso privilegiado, ingresaba estos tickets al sistema de pagos oficial para cobrarlos, actuando, según la fiscalía, como “casino y apostador al mismo tiempo”. Aníbal Lafourcade, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, declaró a Romero, conocido bajo el alias de “Chencho”, como autor material y responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Romero, quien al momento de los hechos se desempeñaba como Subtesorero de la Sala de Juegos y Casino del Iafas en San Salvador, fue condenado tras quedar acreditada una maniobra delictiva que combinó la manipulación tecnológica, el abuso de confianza y la vulneración de los sistemas de seguridad de la entidad pública.

La investigación, liderada por la fiscalía Camila Barhich y Fernando Méndez, logró desentrañar un plan ejecutado con precisión durante los días 8 y 12 de septiembre de 2019. Según la acusación, la clave del éxito inicial de la estafa radicó en la coordinación entre Romero y un técnico de la empresa Newtronic que poseía conocimientos especializados sobre las máquinas de juego. Este último , cuyas iniciales son L.G., no fue condenado en ese proceso. La maniobra consistía en un sofisticado método de tres pasos.

Primero, aprovechando los momentos en que la sala de juegos permanecía cerrada al público, los implicados manipulaban fraudulentamente una ruleta electrónica para emitir tickets de premios inexistentes. Los registros electrónicos permitieron determinar que el 8 de septiembre de 2019 se generaron cuatro tickets por un total de 10.903,16 pesos, mientras que el 12 de septiembre se emitieron otros seis por un valor de 16.470,92 pesos. Para tener una referencia, en septiembre de ese año el Salario Mínimo era de 15.625 pesos. Luego, para ocultar estos movimientos, el sistema de videovigilancia de la sala era apagado manualmente. Las pericias técnicas demostraron que las interrupciones en las grabaciones no fueron fallas accidentales, sino actos deliberados que coincidían exactamente con los horarios de emisión de los tickets irregulares.

Finalmente, una vez generados los tickets de forma ilegal, Romero utilizaba su cargo de Subtesorero para introducirlos en el circuito formal de pagos. Las cámaras de seguridad, que debieron ser recuperadas mediante procedimientos técnicos especiales tras el borrado o interrupción, mostraron a Romero ingresando a la tesorería, desconectando alarmas y escaneando los tickets ocultos bajo el mostrador.

Lo más llamativo de la estafa, según destacó la Fiscalía en su alegato final, es que Romero logró que los cierres de caja resultaran formalmente correctos. Al incorporar los tickets fraudulentos al sistema oficial, el dinero salía del patrimonio estatal para cancelar premios que “nunca debieron existir”, ya que no había apostadores reales involucrados. La fiscalía sintetizó la maniobra con una frase contundente: Romero fue al mismo tiempo “casino y apostador”.

El fallo subrayó que Romero abusó de su posición de garante del patrimonio público. Su cargo le otorgaba un acceso privilegiado a la oficina técnica, a los fondos y a los sistemas de control interno, conocimientos que utilizó para concretar la defraudación.

A pesar de que la defensa, ejercida por el abogado Luis María López, intentó desacreditar los testimonios y planteó que la acusación se basaba en conjeturas y en un supuesto malestar previo del organismo contra su cliente, las pruebas documentales fueron abrumadoras. Atendiendo a la naturaleza del delito, el Tribunal resolvió condenar a Romero a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional. Si bien no irá a prisión, el ahora jubilado de 69 años deberá cumplir estrictamente una serie de reglas de conducta durante el término de dos años para evitar ser encarcelado de manera efectiva: deberá realizar 5 horas semanales de trabajo en el Hospital San Miguel de San Salvador; la obligación de donar 4 packs de 12 litros de leche cada uno a una entidad de bien público, y no acercarse al Casino local.