Piden juzgar a un clan familiar por venta de drogas desde dos cárceles de Entre Ríos

La titular de la Fiscalía Federal de primera instancia de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitó al juez federal de esa ciudad, Pablo Seró, la elevación a juicio de una causa que involucra a nueve personas acusadas de conformar una organización destinada a la venta de drogas en las ciudades entrerrianas de Villaguay, Concordia y Concepción del Uruguay. Varios imputados tienen relación de parentesco -parejas, hijos, hermanos, sobrinos o tíos- y a cuatro de ellos se los acusa de operar desde el interior de dos cárceles ubicadas en las ciudades de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Luis Eduardo Tenis (46), Marcos Benítez (35) y su pareja Liliana Estefanía Ramírez (35) fueron señalados como coautores del delito de organización de actividades de tráfico de estupefacientes agravado por el lugar de comisión.

Por su parte, Maximiliano Daniel Benítez (18), Nélida Vanesa Vallejos (33), Andrés Ismael Ramírez (46), Juan Alberto Arellano (22) y Héctor Fabián Bogao (41), están acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de más de tres personas en calidad de coautores.

En tanto, Eliseo Lucas Rafael Arellano (34) fue señalado como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención organizada de más de tres personas y por el lugar de comisión.

Para la fiscalía, las tareas investigativas efectuadas por el personal policial permitieron descubrir la conexión que tenían los distintos imputados en la causa y, de esa forma, se pudo comprobar que Tenis, Marcos Benítez y Liliana Estefanía Ramírez eran los “cabecillas” de la organización y que operaban desde la Unidad Penal N°9 “Colonia El Potrero”, ubicada en la ciudad de Gualeguaychú.

Además, consideró que con el secuestro de estupefacientes en los diferentes domicilios allanados, así como balanzas de precisión, los recortes de nailon, el dinero en efectivo, los utensilios con restos de estupefacientes, y los testimonios incorporados en la causa es posible afirmar que “las sustancias tóxicas incautadas estaban destinadas a la comercialización”.

La Pirámide

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Hechos

La investigación se inició el 5 de diciembre de 2023 a raíz de una nota remitida por la División de Toxicología de la Jefatura Departamental Villaguay, que pertenece a la policía de Entre Ríos, al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. En esa ocasión, se hizo saber que un hombre que había sido condenado en el marco de otra causa de narcotráfico, estaría infringiendo la Ley 23.737 junto a su pareja y otros hombres. Particularmente, se expuso que condenado contaba con salidas sociolaborales desde el penal y frecuentaba la ciudad de Villaguay; y que tanto “desde la cárcel como en la ciudad, continuaría con las maniobras delictivas y comandaría un grupo dedicado a venta y distribución de estupefacientes al por mayor”.

Como consecuencia, el 11 de enero de 2024, se dispusieron las tareas investigativas y a través de los sucesivos informes que se llevaron adelante se constataron actividades vinculadas al narcotráfico consistentes en el ocultamiento y/o almacenamiento, transporte, fraccionamiento, comercialización de sustancias y/o elementos relacionados que involucrarían a otras personas, entre ellos, varios de los imputados en esta causa.

A raíz de los datos colectados durante la pesquisa, se solicitaron un total de doce allanamientos y registros para ser efectivizados en los domicilios de los investigados como así también en el puesto caminero ubicado en el cruce de la ruta provincial N°12 con la autovía N°14, provincia de Entre Ríos.

Dichos procedimientos se llevaron a cabo el 4 de junio de 2024. En aquella oportunidad, fueron halladas distintos tipos de estupefacientes tales como: 1 kilo 200 gramos de marihuana; 43 gramos de cocaína; y 522 gramos de creatina. Además, se hallaron casi tres millones de pesos en efectivo (la cifra exacta fue 2.841.240), balanzas de precisión, recortes de nailon y utensilios con restos de estupefacientes.

Los roles

Para la fiscalía, a lo largo de la investigación quedó evidenciado los roles de cada uno de los investigados en la organización criminal. Por un lado, en la Unidad Penal N°9 “Colonia El Potrero” de Gualeguaychú, estaban alojados los “cabecillas” de la banda: Tenis, Benítez y su pareja Ramírez.

Ellos se contactaban con los proveedores -uno de ellos apodado como “paraguayo”-, recibían sumas dinerarias, impartían directivas, como así también coordinaban la entrega y traslado de sustancias ilícitas dentro y hacia las localidades mencionadas a través del hijo de Benítez y Ramírez, Maximiliano Daniel Benítez.

Este imputado de 18 años era el encargado de obtener materialmente la sustancia estupefaciente de los proveedores, asegurarla y comercializarla en los puntos de venta. De igual manera, se le atribuye ser el encargado de reinvertir el dinero obtenido en la compra de drogas a gran escala para proseguir con el ciclo del negocio ilícito.

Eliseo Lucas Arellano, quien se encontraba alojado en la Unidad Penal N°4 “General Justo José de Urquiza” de Concepción del Uruguay, cumplía funciones de distribuidor de sustancias ilícitas, las que obtenía a través del clan conformado por Tenis, Benítez y Ramírez. Luego de hablar entre ellos, -por lo general lo hacía con el primero de los nombrados-, coordinaba con su sobrino Juan Alberto Arellano para que este último consiguiera la droga en la ciudad de Concordia, a través de familiares de Tenis.

Posteriormente, era este Arellano quien distribuía el estupefaciente y recibía los pagos en los puntos de ventas ubicados en la ciudad de Villaguay, provincia de Entre Ríos.

En tanto, Andrés Ismael Ramírez (hermano de Liliana Estefanía Ramírez) era quien acompañaba a su sobrino Maximiliano Daniel Benítez, al lugar donde acopiaban y les entregaban los estupefacientes y, ambos, lo distribuían en los puntos de venta ubicados en la ciudad de Concordia.

Finalmente, Vallejos y Bogao eran integrantes de la organización que vendían sustancias estupefacientes en sus propios domicilios.

“Fueron evidentes los roles que cumplieron los imputados direccionando aspectos sustanciales para el tráfico de las sustancias ilícitas en sí”, aseguró la fiscal Minatta en su dictamen.