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La salud pública al banquillo con un pediatra juzgado por mala praxis

Comienza mañana el juicio contra Ricardo Aldao por la muerte de una niña de 5 años en el hospital San Roque, por una meningitis no detectada

Domingo 23 de Junio de 2019

Una niña de 5 años pagó con su vida la negligencia en la asistencia médica recibida en la Guardia del hospital materno infantil San Roque de Paraná. Al menos esto se imputa al pediatra Ricardo Aldao, quien desde mañana comenzará a ser juzgado en Tribunales. Según la acusación, que se sostiene en pruebas, testimonios y, sobre todo, en la pericia de un médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Aldao debió haber detectado la meningitis que padecía la nena. En cambio, las cuatro veces que sus padres la llevaron al nosocomio, la envió a su casa mal diagnosticada y peor medicada.

Pero en el juicio no será evaluada solo la conducta del pediatra (ya jubilado), sino también el sistema de salud pública: la causa judicial constató carencia de controles estrictos y desprolijidades que hicieron más sinuosa la investigación. El sistema judicial (por entonces con el anterior Código Procesal Penal) tampoco se salva de carencias, ya que se había archivado la causa sin haberse investigado a fondo, situación que se revirtió porque los padres de la víctima reclamaron con su abogado querellante, Pedro Fontanetto D’Ángelo, que se les explique por qué murió su hija.

“Esto viene mal parido”

Cuando la niña estuvo agonizando en la Cuidados Intensivos del San Roque, a mediados de marzo de 2014, una médica de esa área se acercó a los familiares y les dijo: “Vayan a hacer la denuncia, porque esto viene mal parido desde allá abajo, y yo no me caso con nadie”. Si no fuera por ella, tal vez la muerte hubiera pasado solo como una fatalidad. Pero, en el torbellino emocional y mental de tener una hija internada en grave estado, no se acuerdan quién era ni cómo se llama esa doctora.

El calvario de la familia comenzó el 4 de marzo de 2014, cuando los padres de la nena (un pintor y una empleada) fueron por primera vez al hospital de niños, porque la nena se sentía mal. Entre esa fecha y el 10 de marzo, acudieron unas cuatro veces más a la Guardia. En todas las ocasiones fueron atendidos por Ricardo Aldao, quien nunca acertó con el diagnóstico.

“Es una alergia”, les decía una vez, y enviaba a la paciente a su casa con algún remedio. “Es angina”, indicaba luego y prescribía antibióticos. La última vez, el padre presionó al pediatra para que internara a su hija y la analizaran como correspondía para saber qué tenía y cómo tratarla.

De este modo, la nena quedó casi de inmediato en la Terapia Intensiva. Allí los médicos constataron que padecía meningitis en un estado avanzado. En el breve lapso de tres días, la paciente quedó con muerte cerebral y luego murió.

Antes del fallecimiento hicieron la denuncia en la Fiscalía por el consejo de la médica anónima.Un par de meses después, la fiscal Laura Catáneo pidió al Juzgado el archivo de la causa por no haber indicios de una mala praxis. Los padres no encontraban consuelo. Por esto, se constituyeron como querellantes en la causa con Fontanetto D’Ángelo y pidieron la reapertura de la misma.

Lo que el abogado cuestionó en ese momento fue que la investigación sobre el accionar médico se había limitado a lo sucedido desde la internación, cuando la asistencia en el hospital había comenzado antes, en la Guardia. “Allá abajo”, como indicó la médica anónima.

El informe del Departamento Médico Forense de Concepción del Uruguay sobre las causas de la muerte, dejaba mucho que desear (lógicamente desincriminaban a sus colegas).

Por esto, se presentó el recurso de apelación, apoyado por el entonces fiscal Rafael Cotorruelo, y la Cámara ordenó de inmediato investigar a fondo las causas del fallecimiento.

“Lo grave, que sostuve en la apelación, es que no llamaron al padre para ver si ratificaba la denuncia y si tenía algo que ampliar, no la llamaron a la madre, no llamaron a ninguna enfermera, ni al médico, no llamaron a nadie a declarar. Después la fiscal Viviana Ferreyra sí lo hizo, el Ministerio Público Fiscal actuó muy bien”, dijo el querellante a UNO, y agregó: “Nosotros nunca exigimos que se condena a alguien sin juicio previo, sino que se haga una investigación acorde a la gravedad del caso para ver si había o no culpabilidad, como nosotros creemos que se va a probar”.

Así fue que la fiscal y el querellante avanzaron en la producción de pruebas, muchas de las cuales van a presentarse en el juicio que comenzará mañana. Principalmente, se solicitó una pericia al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, el cual resultó contundente.

El dictamen estuvo a cargo del destacado especialista en pediatría Carlos Hugo Escudero. El mismo sostuvo que la nena tenía síntomas que en su conjunto demuestran al menos la sospecha del padecimiento de meningitis: vómitos, fiebre, dolor de cabeza y somnolencia. En este sentido, se remarcó que el hecho de no haberle practicado la punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo para su análisis en el laboratorio, para detectar la infección, fue una grave negligencia.

Se cree que los antobióticos suministrados a la paciente por un falso diagnóstico, podrían haber tapado otros síntomas para detectar a tiempo lo que la niña padecía.

El médico indicó que no se puede determinar si la nena se hubiese salvado, pero seguramente, si la meningitis era detectada a tiempo, el daño hubiera sido menor.

En este sentido, Fontanetto D’Ángelo sostuvo: “La negligencia viene de las atenciones previas en la Guardia, porque a la nena la llevan varias veces antes de la internación, y siempre la atendió Aldao”. Destacó que el forense de la Corte “explica que cuando se medica por las dudas se pueden tapar los síntomas” y que “si antes de las 36 horas a la nena la hubiesen diagnosticado bien, seguramente el daño hubiese sido mucho menor”.

Además, remarcó el querellante respecto a la falta de la punción lumbar: “Esa es, para nosotros, la mayor negligencia. No se hicieron los estudios necesarios para prevenir. No se está hablando de un homicidio con intención, doloso, sino culposo, por negligencia, imprudencia, por no haberse tomados los recaudos para evitarlo”.

Falencias y suspicacias

La desprolijidad con la que era llevado el registro de pacientes, diagnósticos, prescripciones y médicos intervinientes en la Guardia del San Roque, quedó a las claras en la documentación secuestrada y anexada al expediente. Según observaron las partes, las anotaciones, breves y con birome, solo llevaban a la confusión, más allá de lo que pueda ser la tradicional caligrafía de los galenos.

Un ejemplo de esto es que hubo médicas que fueron imputadas al inicio de la instrucción de la causa, que no tenían nada que ver. Es que sus nombres aparecieron en la historia clínica de la niña, pese a que nunca la atendieron. Incluso una de ellas se encontraba en ese momento fuera del país. Nadie explicó si se trató de un error puntual o una mala práctica administrativa habitual. Tras clamar por su inocencia y demostrar que no participaron en la asistencia a la paciente, quedaron desvinculadas.

“Esto es un déficit de la salud pública, aunque no alcanza para justificar el accionar del médico. En el Estado no se puede tener cero control en las hojas de guardia, en las historias clínicas, los médicos no dejan bien asentado, en el libro de asistencia figuraba que a la nena la atendieron tres o cuatro médicas y terminaron siendo sobreseídas porque no tenían nada que ver”.

Otro episodio extraño, que sumó suspicacias al entorno del hospital, fue el que vivió el padre de la niña cuando fue a solicitar una copia del certificado de defunción al San Roque. Primero, constató que estaba mal escrito el nombre de su hija, por lo cual le recibieron el papel para la corrección, hecha en minutos. Cuando llegó a su casa, advirtió que en la causa del fallecimiento figuraba un diagnóstico distinto a la enfermedad por la que murió su hija.

Una muerte, dos juicios

Paralelamente al proceso penal, se está desarrollando el juicio civil contra el Estado provincial. En el mismo, que aún no concluyó, se han plasmado circunstancias que podrían ser demostrativas de la responsabilidad estatal en la muerte de la niña, como marco de la presunta negligencia médica de Aldao.

Recién el año pasado se resolvió la remisión a juicio del médico procesado. Mañana, cinco años y tres meses después, comienza la instancia tan esperada por una familia que quiere Justicia. El Tribunal que juzgará a Aldao estará presidido por Alejandro Cánepa; la acusación pública estará a cargo de la fiscal Mónica Carmona, y la particular por el querellante Fontanetto D’Ángelo; el imputado será defendido por Ricardo Mulone y Virginia Folmer.

A lo largo de las audiencias que se desarrollarán esta semana en Tribunales, se juzgará también si el déficit en la salud pública fue el contexto de esta tragedia, como lo revelan, por ejemplo, inundaciones de sectores de hospitales cuando sucede una tormenta, en un país que desde el año pasado no cuenta con un Ministerio de Salud por decisión presidencial y los fondos a la provincia son cada vez más retaceados.

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