La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Los policías Oscar Molina y Diego Íbalo escucharán este miércoles la resolución del jurado popular en el juicio que investiga la muerte de Gabriel Gusmán, de 19 años, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá de Paraná. Antes, ambos imputados brindaron su última declaración sobre lo ocurrido, en un proceso marcado por la ausencia de acusación pública: el Ministerio Público Fiscal había archivado la causa en 2020, pero la querella continuó la investigación y llevó el caso a juicio.

En el turno de los alegatos este miércoles, la querella autónoma pidió que sean declarados culpables de homicidio, mientras que la defensa solicitó que se rechace la tesis acusatoria y se declare no culpables a los policías.

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Postura de la querella

En primer lugar, el abogado querellante José Iparraguirre presentó su alegato de cierre ante un jurado popular de 12 personas, pidiendo la condena de los policías. Iparraguirre enfatizó que, aunque no niegan que Gusmán portaba un arma de fuego y se encontraba en medio de un conflicto con otra banda del barrio cuando llegaron los oficiales, “ya estaba rendido cuando fue alcanzado por la bala policial”.

En su exposición, el letrado señaló: "El policía Alegrini, que era el oficial a cargo del 911, informó que al lugar de los hechos llegaron 12 móviles policiales. Quedémonos con que llegaron solamente dos, o el 1154. Catorce segundos después del momento en que Íbalo detiene la camioneta 1021. No podía esperar 14 segundos. No había ninguna posibilidad de que Gusmán se fugara, porque iban a arriesgar su vida efectuando el disparo. Lo que hubiese correspondido era esperar 14 segundos la llegada de los refuerzos, obviamente protegiéndose, estaban con conocimiento que Gusmán tenía un arma".

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Sobre la conducta de los policías, Iparraguirre remarcó: "Molina tenía un chaleco e Íbalo no se lo había puesto. Deberían haber esperado. No tenían necesidad de abatir de un disparo en la cabeza a Gabriel Gusmán. Ambos funcionarios son culpables del homicidio de Gusmán. Nosotros descartamos de lleno que estemos ante un caso de legítima defensa o de cumplimiento del deber. Hay un sentido común prejuicioso en la sociedad que se cree que cuando alguien se está fugando, la policía está habilitada a dispararle para detenerlo. Y no es así. El hecho de que un presunto delincuente huya no autoriza a hacer uso de las armas contra él. La ley del año 75 dice que a una persona que está cometiendo un delito y está huyendo, está prohibido dispararle a una zona vital o no vital".

El querellante concluyó su alegato subrayando la necesidad de responsabilidad en el uso de armas por parte de funcionarios policiales. "Se debe actuar con responsabilidad y se debe rendir cuentas cuando no lo hacen. Es decir, el uso de las armas de fuego por funcionarios policiales está reglado. Las normas dicen en qué momento sí o no usarlas. Estas normas están internalizadas porque las enseñan desde las escuelas de policía. A Gusmán lo ejecutaron, le reventaron la cabeza. Lo mataron sin miramientos", completó.

Foto: UNO/Archivo/Ilustrativa

El abogado defensor Rubén Pagliotto reforzó el planteo: "Estamos ante un exceso claro de la legitima defensa. Gabriel corría y los funcionarios policiales estaban a su espalda. Íbalo le disparó por la espalda. Es imposible que el proyectil del arma reglamentaria haya impactado en la nuca".

Enseguida, señaló que los policías podían haber hecho u disparo disuasivo. "El imputado no debía disparar y disparó. Hubieran esperado un poco más. Evidentemente hay otra cuestión. No hay un solo impacto de bala en el móvil policial. Tal vez tiró para arriba, si es que tiró. No hay un tiro. Se analizó, se inspeccionó y no hay ningún disparo".

Aún falta el alegato de clausura de los abogados defensores. Una vez concluida esta etapa, el jurado pasará a deliberar y decidirá sobre la culpabilidad o no de los oficiales Diego Íbalo y Oscar Molina.

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