“El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privada”, destacó la Junta Arquidiocesana de Educación Católica de Paraná, y de ese modo se refirió al hecho de que las escuelas privadas confesionales no son alcanzadas por el decreto del Gobierno Nacional que desreguló las cuotas de los colegios.
El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas
El pasado martes 11, el Gobierno Nacional desreguló, a través de un decreto, las cuotas y matrículas que cobran alrededor de 2.000 escuelas privadas.
19 de noviembre 2025 · 10:56hs
El nuevo decreto sobre aranceles no alcanza a escuelas públicas de gestión privadas
En este sentido, remarcaron que el decreto nacional “está dirigido a aquellas instituciones de gestión privada sin subsidio estatal, con el objetivo de supervisar el aumento de los aranceles y garantizar la transparencia en los costos educativos”.
“Las escuelas con aporte estatal continúan funcionando dentro del marco normativo ya establecido por el Estado, sin modificaciones en su estructura de aranceles o régimen de aportes”, planteó.
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Decreto del CGE
El pasado martes 11, el Gobierno Nacional desreguló las cuotas y matrículas que cobran alrededor de 2.000 colegios privados e instó a las instituciones educativas a establecer su propia “política de precios”.
A través del decreto N° 787/2025, publicado en el Boletín oficial, se derogó una normativa de 1993 que limitaba la fijación de aranceles, con el objetivo -según el Poder Ejecutivo Nacional- de otorgar mayor flexibilidad en materia de precios y condiciones.
En ese marco, el Consejo General de Educación (CGE) indicó que el decreto nacional Nº 787/2025, recientemente dictado por el Poder Ejecutivo, alcanza exclusivamente a entidades educativas no subvencionadas por la provincia y que se sostienen íntegramente con los aranceles abonados por las familias.
El nuevo decreto deroga la normativa que, desde hace tres décadas, regulaba el sistema de aranceles de la educación privada. A partir de ahora, estas instituciones no deberán solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas.