La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal analiza el posible traslado del productor agropecuario de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, actualmente detenido por narcotráfico, al régimen de alto perfil del Servicio Penitenciario Federal en el penal de Ezeiza, tras una denuncia que lo vincula con un presunto plan para asesinar a tres funcionarios.

Lo que pasa con Airaldi

La investigación se originó a partir de una presentación realizada por Daniel “Tavi” Celis y otro interno de la Unidad Penal 9 “El Potrero”, de Gualeguaychú, donde Airaldi se encuentra alojado. Según las declaraciones testimoniales recibidas el 20 de febrero por el fiscal federal Pedro Rebollo, el detenido habría planificado atentar contra el juez federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos; el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti; y el ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.

A raíz de la denuncia, el Módulo E de presos federales fue allanado con intervención de Gendarmería Nacional. En el procedimiento se secuestraron tres teléfonos celulares y un manuscrito que sería de Airaldi. Además, se indicó que el interno podría contar aún con otro dispositivo móvil dentro del penal.

Frente a la gravedad de los hechos, el fiscal Rebollo y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, solicitaron al Tribunal Oral Federal de Paraná que arbitre los medios necesarios para el traslado urgente del detenido al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAD), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Tribunal, presidido por Noemí Berros, consideró que corresponde dar trámite a la solicitud y ofició al Servicio Penitenciario Federal para que evalúe si Airaldi debe ser incorporado al régimen especial, creado para internos considerados de máxima peligrosidad, especialmente en casos donde exista riesgo de que continúen organizando maniobras delictivas desde el encierro o entorpezcan investigaciones judiciales.

La medida busca prevenir eventuales nuevas acciones vinculadas al presunto plan criminal y resguardar la integridad de los testigos que declararon en la causa, quienes también se encuentran alojados en la misma unidad penitenciaria.

Mientras avanza la investigación, la decisión final sobre el eventual traslado quedará sujeta a la evaluación técnica del Servicio Penitenciario Federal.