La corrupción policial se metió en un juicio por venta de cocaína

En la semana comenzó el juicio en el Tribunal Oral Federal de Paraná a cinco acusados de integrar una banda narco en Concordia. Lo que parecía un caso más de narcomenudeo con cierto nivel de organización y distribución de tareas, revelado en las escuchas telefónicas, estalló con la declaración como arrepentida de una de los imputados, quien apuntó a un policía por extorsionarla para continuar con la venta de droga. Pero además, declaró como testigo el gendarme que dirigió la investigación a esta banda, Carlos Acosta, quien se encuentra preso y procesado por asociación ilícita con narcotraficantes. Más allá de su relato casi sin fisuras sobre la pesquisa, quedó en evidencia que protegía al proveedor de la banda, El Gordo González, por cuyo contacto cayó un año después.

La causa por la que juzgan a Norma Cabrera, alias La Peti, su hijo José María Rey (defendidos por Juan José Buktenica y Francisco Azcué), Natalia Bonazzola, su pareja Juan José Martínez (defendidos por Guillermo Vartorelli y Miguel Cullen), y Silvio Blanco (asistido por el defensor oficial Mario Franchi), es un desprendimiento del caso de la cocina de cocaína que explotó en Concordia, en mayo de 2011, por la cual ya fue condenado Rafael Benítez. Ligado a este hombre apareció Mariano Barrios, marido de Cabrera, a quien la Gendarmería estaba siguiendo. Pero barrios tuvo un accidente de tránsito al volcar un vehículo con 200 kilos de marihuana en Misiones, donde quedó detenido. El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay ordenó seguir a las personas que aparecían a su alrededor. Así fue que detectaron que La Peti adquiría la cocaína, su hijo colaboraba en distintas tareas logísticas, mientras que Bonazzola y Martínez la vendían a los consumidores en el kiosco de su casa. A su vez, constataron que Blanco era la mula que mandaban a buscar la cocaína a Buenos Aires. Este es el complejo entramado que el fiscal general José Ignacio Candioti busca probar en el juicio para lograr una condena justa.

Pero uno de los puntos que dejó algunas dudas es que la investigación no haya escarbado lo suficiente hacia arriba para saber quién era el proveedor de la droga.

El viernes, cuando el sargento Acosta declaró en el juicio, argumentó que no lo siguieron a Blanco en sus viajes a Buenos Aires para no alertar a nadie de la banda y hacer caer todo el trabajo investigativo. Sin embargo, es algo que generalmente se hace en otras causas. De todos modos, esa respuesta quedó más clara cuando le preguntaron si en las escuchas pudieron establecer quién era el proveedor. Dijo que se trataba de un tal Gordo, de nombre Roberto, cuya línea de telefonía celular tenía prefijo 011, de Buenos Aires. Oh casualidad, el narco que estaba prófugo de la justicia federal desde hacía siete años y que cayó el año pasado junto a los uniformados que le habrían brindado colaboración, entre ellos Acosta, se llama Mario Roberto González, alias El Gordo, es concordiense y vivía en Buenos Aires.

Los jueces le preguntaron a Acosta si no le llamó la atención la coincidencia, y respondió: "Se me generó la duda, quedó escrito que podría tratarse de González, pero después se lo desvinculó". Un argumento inverosímil para un gendarme que integraba el Escuadrón de Investigaciones, y que en un interrogatorio de más de una hora demostró ser muy inteligente y astuto. Habrá que ver al momento de la sentencia, qué es lo que analizan al respecto los integrantes del Tribunal.

Acosta, conocido también como Caíto, Carlitos o Negro, está procesado por el delito de asociación ilícita junto a otros tres integrantes de fuerzas de seguridad: Mario Núñez, que integraba de la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos, José María Gómez de la Policía Federal, y Sergio García, de la misma fuerza. Según la acusación del juez Pablo Seró, estos uniformados avisaban a Mario González, jefe de la banda, "sobre procedimientos e investigaciones en diferentes localidades entrerrianas, para ayudarlos a eludir las pesquisas, para que pudieran seguir desarrollando sus actividades". Y también recibían información "sobre lugares donde se comercializaban estupefacientes, para suprimir competencia". En esta causa hay, en total, 14 procesados (Ver recuadro El Diálogo...).

Sin embargo, la posibilidad de que la causa llegue a juicio es casi nula. Fue dos veces a la Cámara Federal de Apelaciones, y en las dos oportunidades los vocales le advirtieron al juez que aunque había sospechas, se debía profundizar la investigación. Pero la causa siguió paralizada y no se agregaron nuevas pruebas sustanciales, ya que lo fundamental son las escuchas telefónicas que ya se hicieron antes de las detenciones. Lo que resulta suspicaz es que el magistrado de Concepción del Uruguay haya optado por la Asociación ilícita como calificación legal del hecho cometido por la banda, un delito muy difícil de probar, como plantearon los defensores en las instancias de apelación. Ahora, con más de un año de los principales acusados privados de la libertad, podría caerse a pedazos la acusación por una asociación lícita, aunque las escuchas y otras causas como la de la Peti Cabrera y compañía revelen la complicidad de los uniformados y la protección que tenía el proveedor de cocaína.

A su vez, hay otros episodios aún no esclarecidos que enturbian esa causa. Las investigaciones y los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía de Entre Ríos, en particular por la Delegacía Toxicología de la Departamental Uruguay. En ese marco, sorprendió la detención del comisario inspector Núñez, de extensa trayectoria en la fuerza y especialista en narcotráfico. Poco antes de caer preso en mayo de 2015, Núñez había salido de licencia por dos semanas, y al regresar notó que le habían robado la notebook de su oficina de la sede de Tóxico, hecho que denunció y nunca se esclareció. En su declaración, apuntó a una interna que habría existido en la Dirección Toxicología de la policía provincial. A esta altura, resulta difícil creerle a cualquiera.

Mario González debe afrontar todavía el juicio por la causa en la cual estuvo prófugo durante muchos años. La misma se inició con la detención de un hombre de apellido Callero, en setiembre de 2013, cuando iba a zarpar en una lancha por el río Uruguay, frente al hotel Quirinale de Colón, con 50 kilos de marihuana y tres kilos y medio de cocaína. El debate se iba a realizar hace un mes, pero se suspendió. El hombre está preso en la cárcel de Concordia, padece diabetes en grado C, pidió la excarcelación pero la Justicia no se confió y le rechazó la prisión domiciliaria. El juicio aún no tiene una nueva fecha.