En un juicio que se desarrolló la semana pasada y del que espera la sentencia, se cruzaron diferentes miradas en torno a un homicidio y una agresión por violencia de género. El trabajador rural Ricardo Javier Guacidalupe, de 30 años, asesinó a un compañero de un puntazo en el cuello con su cuchillo; tiempo después, golpeó y amenazó a su pareja cuando la mujer pretendía poner fin a la relación. Para unos, la aplicación de la Ley penal debe ser directa y sin atenuantes; para otros, el contexto personal, social, cultural e histórico de los protagonistas cambia todo y, si bien no justifica la conducta delictiva, debe mitigar la sanción. La diferencia entre lo pedido por la Fiscalía y lo propuesto por la defensa es la prisión perpetua o nueve años de encierro.
Juicio a peón que mató a otro con el trasfondo de un abuso
Por José Amado
Guacidalupe quedó entre la prisión perpetua y los nueve años de cárcel.
El debate se desarrolló ante el Tribunal de Juicio, integrado por Rafael Cotorruelo, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo. Las fiscales Patricia Yedro y Fernanda Ruffatti acusaron al imputado, quien fue defendido por los abogados Cristhian Panceri y José Velázquez.
El primer crimen endilgado a Guacidalupe ocurrió el sábado 30 de marzo de 2019, cuando el joven que entonces tenía 27 años había pasado la jornada haciendo distintas changas en un campo de Hasenkamp junto a otros peones; entre ellos estaba Sebastián Ricardo Raúl Molina, de 34 años. Además, desde las 9 de la mañana estuvieron compartiendo bebidas alcohólicas, y el alcohol fue soltando las lenguas, por lo que no tardaron el producirse entredichos. Y había un trasfondo fértil para las discusiones y peleas, porque Molina estaba acusado, cerca de ir a juicio, por el abuso sexual de una sobrina de Guacidalupe, cuya pareja era la principal testigo de ese hecho.
Según datos que se plasmaron en la investigación, Patito Molina le dijo a Guacidalupe que iba a matar a su mujer porque tenía que testificar en el juicio y de ese modo lo mandaría preso. Se lo dijo en camino entre el kiosco y el lugar donde se sentaban a beber. En un momento, mientras orinaban, el joven agarró su facón y le asestó una puñalada directa al cuello de Molina, quien no tardó más que unos instantes en morir.
Guacidalupe fue detenido, imputado y más tarde recuperó la libertad, a la espera del juicio por el homicidio. En esa situación se produjo el segundo hecho que le imputan.
El 30 de agosto del año pasado, alrededor de las 18, la pareja le expresó sus intenciones de poner fin a la relación. Estaban dentro de la vivienda que compartían en la localidad de María Grande, donde Guacidalupe estalló al no tolerar esa decisión: agarró el celular de la mujer TCL L5, lo partió al medio con sus manos y se lo arrojó. La mujer intentó salir corriendo de la casa pero el hombre la interceptó, la tomó de los cabellos, la arrojó al piso, le apretó con su mano el rostro con fuerza y comenzó a golpearla en todo el cuerpo. Después agarró un cuchillo, le produjo un corte en un brazo y se lo apoyó en el cuello bajo amenazas de muerte.
Luego de ese episodio, la víctima pudo ir a denunciarlo y desde ese momento Guacidalupe está detenido en la cárcel de Paraná con prisión preventiva.
En los alegatos desarrollados el viernes, la Fiscalía consideró que el homicidio de Molina fue agravado por alevosía, al entender que se trató de un ataque del cual la víctima no pudo defenderse, porque el hombre fue sorprendido ante la sorpresiva acción de Guacidalupe, con una agresión con su arma blanca directa a causarle la muerte por degüello, sin riego para sí. La única pena que implica este delito con ese agravante es la prisión perpetua.
Respecto a la agresión contra la mujer, las fiscales analizaron tanto el testimonio de la víctima como los del entorno familiar y de profesionales que intervinieron posteriormente en la asistencia a la mujer, para corroborar no solo lo ocurrido en ese episodio sino el contexto violento del acusado en la relación de pareja. Por esto, pidieron condenarlo por los delitos de daño, amenazas calificadas, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Por ambos hechos, solicitaron al Tribunal que le impongan la pena máxima.
Por su parte, los defensores en sus alegatos describieron al imputado y su historia personal, un gaucho con escuela primaria incompleta, que a los 12 años lo mandaron a trabajar para sobrellevar las penurias familiares en su casa, y pasó toda su vida en el campo, con sus herramientas de trabajo en la cintura: una tenaza y un cuchillo. Por ejemplo, cuando el Tribunal interrogó a Guacidalupe por sus datos personales, le preguntaron cómo estaba compuesta su familia, y no comprendía la pregunta. Entonces, plantearon que le endilgan conductas cuestionadas de las que no tiene noción, ya que el Estado no ha llegado nunca a él ni a ese sector de la sociedad para educar e inculcar conductas no violentas y de respeto a los derechos de las mujeres. Sí han llegado, en cambio, para buscar su voto.
Respecto del homicidio, los abogados rechazaron el agravante de la alevosía, por no comprobarse en este caso el estado de indefensión de la víctima y también por el contexto previo de discusiones y provocación por parte de Molina. Consideraron que se trató de una pelea entre dos personas totalmente ebrias que en un momento desconocieron, por lo cual sobrevino la agresión mortal.
Acerca del episodio de violencia de género, refirieron que el hombre expresó su arrepentimiento el día que lo imputaron en la Fiscalía, instancia en la que dijo que se sentía “poco hombre” por haber golpeado a la mujer. De todos los delitos imputados por ese hecho, los defensores cuestionaron la privación de la libertad, que aseguraron que no sucedió.
Por esto, solicitaron que le impongan a Guacidalupe la pena de ocho años de prisión efectiva.
El lunes 24 de mayo a las 8.45 el Tribunal dará a conocer el adelanto del veredicto.