Psicólogo calificó de desproporcionados los allanamientos al CIC de Feliciano y a su casa

Un allanamiento al Centro Integrador Comunitario (CIC) de Feliciano y a la vivienda de un psicólogo generó un cimbronazo en el norte entrerriano, con críticas a la fiscal que lleva adelante una investigación por un supuesto abuso sexual a una menor. El hecho ocurrió el viernes por la mañana en San José de Feliciano, a 247 kilómetros de Paraná, cuando personal judicial de la Unidad Fiscal local, a cargo de Gisela Muñiz, ingresó al CIC y posteriormente a la vivienda del psicólogo Ernesto Quintana, en busca de un informe diagnóstico vinculado a una menor que había sido atendida en ese centro.

La menor denunció un presunto abuso y, como el Hospital Francisco Ramírez de Feliciano no contaba con asistencia psicológica especializada, fue derivada al CIC, dependiente de la Secretaría de Salud municipal, para recibir atención. Según supo UNO, Quintana realizó dos sesiones con la joven, tras lo cual la menor no continuó con el tratamiento.

En febrero, en plena ausencia del psicólogo por vacaciones, la Fiscalía envió un oficio solicitando el informe técnico de las sesiones. Desde el CIC explicaron que no podían entregar información confidencial, ya que los datos estaban codificados y el profesional no se encontraba disponible. La decisión de allanar los espacios, según fuentes locales, fue considerada prepotente y desproporcionada, agravando una situación que podría haberse resuelto por vías administrativas y con comunicación directa entre las partes.

El descargo del psicólogo allanado

Horas después del allanamiento, Ernesto Quintana, Licenciado en Psicología y personal de planta municipal, emitió un comunicado en el que cuestionó la medida judicial y defendió la confidencialidad de su práctica profesional. Señaló que ha actuado siempre con compromiso con la salud mental, la protección de las infancias y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad, guiándose estrictamente por los principios éticos de la profesión. "En mi carácter de psicólogo que se desempeña en el ámbito público, he actuado siempre con absoluto compromiso con la salud mental, la protección de las infancias y el acompañamiento de las personas en situación de vulnerabilidad. En ese marco, mi intervención profesional se ha guiado estrictamente por los principios éticos que rigen nuestra práctica, entre ellos el deber de confidencialidad y el respeto por la intimidad de quienes consultan", aseguró, según registró UNO.

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"Medidas desproporcionadas"

Quintana agregó que, aunque respalda plenamente a las víctimas de violencia o abuso, consideró que la medida adoptada por la Fiscalía fue excesiva en relación con la información requerida, recordando que el secreto profesional no es un privilegio del profesional sino una garantía para proteger la intimidad y dignidad de las personas asistidas. Así lo manifestó: "Quiero expresar de manera clara mi total apoyo a las víctimas de cualquier forma de violencia o abuso. La escucha, contención y protección de quienes atraviesan estas situaciones constituye una prioridad absoluta en el ejercicio de mi profesión. Al mismo tiempo, considero importante señalar que determinadas medidas adoptadas en el marco de la investigación resultan, a mi entender, desproporcionadas en relación con la naturaleza de la información requerida. El secreto profesional no es un privilegio personal del profesional, sino una garantía fundamental para las personas que buscan ayuda en el sistema de salud. Su resguardo forma parte de la protección de derechos básicos como la intimidad y la dignidad de los pacientes".

Y completó: "En ese sentido, también preocupa que la difusión pública de datos vinculados a intervenciones profesionales y a contextos de atención pueda afectar la privacidad de personas involucradas, especialmente cuando se trata de situaciones sensibles que requieren el máximo cuidado y reserva. Reitero mi plena disposición a colaborar con la Justicia dentro del marco que establecen la ley y las normas éticas de nuestra profesión, siempre priorizando la protección de las personas asistidas".

El allanamiento se enmarca en un caso que, según fuentes locales, ha sido altamente politizado, generando tensiones entre la Justicia y la Municipalidad, administrada por el intendente peronista Damián Arévalo.

Desde la institución señalaron que existen múltiples formas alternativas de colaboración que no implican vulnerar la confidencialidad profesional, y que la actuación de la fiscalía terminó complicando la situación.