Investigación por torturas: Una galería de fotos fue puesta en crisis

La causa judicial en la que se investiga torturas hacia un detenido por parte del jefe y policías de la División Robos y Hurtos, tuvo este martes una nueva derivación con el planteo de los defensores del comisario Carlos Schmunk, que reclamaron anular una medida, al no haber sido notificados oficialmente desde la fiscalía.

El incidente se desprende del hecho madre, por el cual hay un grupo de policías de Robos y Hurtos que fueron denunciados por supuestamente ejecutar actos de tormentos y torturas en la detención de un acusado del robo de una motocicleta.

El hecho ocurrió el 1 de junio de este 2022, cuando policías de la División Robos y Hurtos irrumpieron en una casa del barrio El Sol, donde según la denuncia inicial-, se llevaron a Jonathan Exequiel Framulari en ropa interior.

Paraná: organizaciones denuncian un caso de torturas

El procedimiento policial fue objetado en su momento por la red de Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), que avaló la presentación de pareja de Framulari, que aseguró que hubo una situación irregular por parte de los funcionarios policiales.

En la causa judicial que es investigada por el fiscal Erik Zenklusen, se tomó los dichos de framulari y la pareja, en la que alertan que se produjo la detención en su domicilio, sin los recaudos legales, ni orden de allanamiento, y que avanzó con el traslado a un descampado cerca de un arroyo en la zona oeste de la ciudad, en donde sufrió diversas prácticas de torturas por las cuales fue internado en el hospital San Martín.

Pese al paso del tiempo, desde la fiscalía no se dispuso hasta este 27 de diciembre la formal imputación de los entre 10 a 15 sospechosos.

El procedimiento policial se inició por el robo de una moto, y la pesquisa llegó a la casa de Framulari, una persona que antecedentes policiales y judiciales.

Derecho de defensa

Este martes se realizó la audiencia en los tribunales de Paraná, donde la defensa del jefe de la división Robos y Hurtos, Carlos Schmunk, alegaron las razones por las que reclamaron anular la medida judicial de reconocimiento fotográfico.

Los abogados Miguel Cullen y Daniel Rosatelli, informaron al juez Ricardo Bonazzola, que fue un grave error de la fiscalía no haber notificado y convocado a la defensa a participar de una medida judicial que podría llegar a ser determinante en la causa.

No se trata de una cuestión de forma, remarcaron los letrados, y que en más que llamativo, que se haya resuelto disponer que el jefe del área, que se encuentra denunciado, no pudiera a través de sus defensores controlar el acto probatorio. "El principio de defensa, lealtad y control de las medidas judiciales es un hecho básico y primario en cualquier causa, y ese derecho es suprimido, se debería declarar la nulidad de la medida", disparó Rosatelli.

Cullen dio el caso en el cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anuló un procedimiento mal ejecutado contra uno de los represores de la dictadura militar, Adolfo Scilingo.

Se hizo notar que la defensa del jefe de Robos y Hurtos, va por el apartamiento del funcionario de la causa, habida cuenta que él ese día no se encontraba trabajando.

Además, tienen para aportar que en la causa hay testigos que habrían mentido, e incluso el detenido incurrió en contradicciones. "Por lo que es insostenible disponer que no se convoque a los defensores particulares, y se opte por los públicos para controlar el acto judicial", sentenció Rosatelli.

La causa por demás intrincada, tiene dos hipótesis bien diferentes: la de los denunciantes que asegurar haber sido víctimas de un procedimiento ilegal por parte de la Policía. Postura que choca con la información de los uniformados que aseguran que hay un montaje de mentiras y testigos "peinados" interesados en mantener una versión falsa de lo ocurrido, para disimular el robo de una moto.

Se notificó en la audiencia, que los policías actuaron encapuchados, pero así y todo, framulari pudo reconocer en el operativo a Carlos Schmunk, sin visualizar su rostro.

En tanto, el fiscal informó que la decisión de no convocar a los abogados, fue que al momento de la medida judicial, no se encontraban imputados ninguno de los acusados. La Querella, representada por José Iparraguirre y Ana Tejera, acompañó el descargo del ministerio público fiscal, pero hizo la salvedad que esta situación que se estaba dirimiendo este martes en los tribunales, se hubiera solucionado con la imputación formal de todos los denunciados.

El juez Bonazzola notificó que antes del viernes estará dando su resolución, de acceder o no al planteo de la defensa, de anular la galería de fotografías incorporada al expediente, sin la presencia de los defensores del jefe de la repartición.