Paraná: organizaciones denuncian un caso de torturas

A través de un comunicado, la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) se hizo eco de una nueva denuncia por hechos de violencia institucional, puntualmente torturas, a manos de la Policía de Entre Ríos, al tiempo que aseguraron a las autoridades políticas "vienen ignorando este tipo de hechos".

"Ausencia de conducción política de la Policía de Entre Ríos: otro caso de tortura o cuántos cuerpos más se van a violentar ante la indiferencia política", dice el título de este texto que se difundió este jueves por la tarde.

"El gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno Rosario Romero, como autoridades políticas de Entre Ríos, responsables de garantizar la seguridad de las y los entrerrianos vienen ignorando sistemáticamente las gravísimas denuncias de violencia institucional de parte de la Policía de la Provincia hacia los pibes de escasos recursos económicos", dijeron los organismos en el comunicado. "Las consecuencias se viven otra vez en el cuerpo de un joven. Jonathan Framulari denunció hechos concretos de tortura sobre su persona por parte de personal de la Policía", agregaron.

Asimismo, afirmaron que "la Policía de Entre Ríos tortura y asesina pibes, es un hecho, y es necesario que la conducción política de esa fuerza se erija como autoridad y diseñe un plan de acción que se encamine hacia una seguridad democrática garantizando la vida y la integridad humana tanto de ciudadanos como de las y los integrantes de la fuerza. Urge un mensaje público desde el Gobierno de Entre Ríos que tome posición ante estos hechos y deje de mirar hacia otro lado".

Desde este colectivo insistieron en asegurar estas prácticas no constituyen hechos aislados, sino que representan una "práctica represiva" inadmisible e incompatible con los más básicos estándares de derechos humanos.

El caso

Según a denuncia de la Red de Organismos de Derechos Humanos, Jonathan Framulari fue detenido en su domicilio de Paraná sin orden de detención ni de allanamiento, por un grupo de funcionarios policiales pertenecientes a la División de Robos y Hurtos. Aseguraron que fue llevado a un descampado cerca de un arroyo en la zona oeste de la ciudad, en donde fue víctima de diversas prácticas de torturas por las cuales fue internado en el Hospital San Martín.

Relataron también que estos hechos fueron denunciados por Jonathan de manera detallada ante el Ministerio Público Fiscal. El denunciante fue acompañado en una primera instancia por el Ministerio Público de la Defensa, que solicitó oportunamente medidas preventivas inhibitorias que fueron impuestas al jefe y segundo jefe y demás personal de la División Robos y Hurtos de la Policía provincial, además del médico de la fuerza "quien omitió deliberadamente realizar el informe completo sobre su estado físico".

"Las torturas impuestas en el cuerpo de Jonathan y el involucramiento de autoridades de la policía provincial evidencian que nuestra fuerza de seguridad se entiende legitimada para llevar a cabo este tipo de prácticas, y eso se debe a la ausencia de una conducción política clara y contundente sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos de todos y todas", continuaron en el comunicado.

Respecto de los hechos vividos por Jonathan Framulari y su familia, exigieron que se tomen las medidas necesarias para el esclarecimiento de este caso, que se actúe con la "debida diligencia, celeridad e independencia de los presuntos responsables y de las unidades, instituciones u organismos a las que pertenezcan, y se extenúe la investigación sobre la posible responsabilidad penal y funcional de los agentes policiales".

Finalmente reclamaron que se garantice la integridad física de Framulari y su grupo familiar, ya que "siguen siendo hostigados por personal de la fuerza de seguridad".