El área de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná ha sido una de las más conflictivas en los últimos años y donde han surgido diversas irregularidades y desmanejos: desde las denuncias por retenciones indebidas del cobro de horas extras por parte de algunos personajes del hampa local, hace una década, hasta la causa que terminó con la condena al exintendente Sergio Varisco por la entrega de la Unidad Municipal Nº 2 al narco Daniel Celis. Ahora, vuelve a estar en manos de la Justicia una investigación por un hecho de gravedad institucional: las amenazas al secretario de Servicios Públicos, Emanuel Arredondo, y a su familia, justamente luego de una serie de anuncios de cambios que prometen mayor control en el sector de limpieza.
Analizan videos de cámaras para identificar a autores de las amenazas al funcionario
Por José Amado
Tal como informó UNO ayer, las amenazas se plasmaron en el portón y la pared del frente de un corralón de avenida Blas Parera 1453, propiedad del suegro de Redondo. El funcionario radicó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal el domingo. Actualmente el legajo de investigación está en la Unidad Fiscal de Atención Primaria, a cargo de Martín Abrahan.
El domingo a la noche, la Policía actuó de oficio al enterarse del hecho que ya era de público conocimiento. Personal de la Dirección Investigaciones fue al domicilio del denunciante y luego a realizar la formal constatación al lugar del hecho junto a efectivos de la Dirección Criminalística. Tras el relevamiento y las fotografías de las amenazas, se labró el acta y se remitió a la Fiscalía. Luego se descargaron los videos de las cámaras de seguridad del comercio que también se enviaron a Tribunales. Mientras se analizan esos registros, desde la Unidad Fiscal se solicitó la búsqueda de otras cámaras de vigilancia de las inmediaciones, tanto particulares como del 911. Hasta ahora no se ha identificado al autor o autores de la intimidación.
Cabe recordar que la semana pasada se informaron cambios en el área a cargo de Redondo, específicamente en la recolección de residuos, donde se presentaron nuevos camiones para los cuales se seleccionaron y capacitaron a 11 empleados municipales de carrera. Asimismo, se planteó la creación de una nueva Unidad de Recolección Central de Residuos Sólidos Urbanos. Pero quizás lo que pudo haber crispado algunos ánimos fue la implementación de un nuevo sistema de monitoreo satelital de los vehículos y una sala de monitoreo, que permite controlar en tiempo real todos los recorridos de los vehículos pertenecientes a la flota de la Secretaría de Servicios Públicos.
Cabe recordar que la causa Narcomunicipio comenzó por la denuncia anónima del uso de camiones recolectores de residuos para el transporte de droga, en agosto de 2015. Luego se plasmó en una escucha telefónica que el Tavi Celis pedía camiones sin GPS para llevar “muebles” a San Benito, donde vive su hermano, también condenado por narco. Aunque luego en la investigación no se pudo interceptar ningún viaje de camiones con droga, siempre quedó la sospecha de esta actividad.
Si bien hasta ahora los camiones tenían un sistema de control satelital, el mismo presentaba cierto margen de tiempo y distancia en el cual se podía utilizar un vehículo para una actividad extramunicipal. Por eso se buscó implementar esta nueva tecnología. Si esta medida está en el trasfondo de las amenazas a Redondo, deberá dilucidarlo la Justicia.
Entre las diferentes expresioens de repudio al hecho publicadas desde el mismo domingo, está la efectuada por el Suoyem, cuyo titular, Jorge Brocado, manifestó el reproche a estas prácticas intimidatorias que “quedaron en el pasado” y desde su asunción han combatido y erradicado del gremio.

















