Ni una menos

Hoy, en Entre Ríos, comienza una nueva etapa para el análisis y difusión de todas las temáticas que implican a la Violencia de Género. Es urgente. Hace pocos días hubo otra víctima de femicidio: María Belén Olote. El femicida, Leonardo Rochi, la golpeó con un fierro hasta matarla. María Belén ya lo había denunciado y la justicia dictó una perimetral por un lapso de 30 días. Nada más. La justicia es cómplice de esta muerte.

El femicida es un asesino y su brazo ejecutor fue habilitado por la impericia de la justicia. Vendrán las interpretaciones remanidas, los cálculos de los tiempos procesales, las explicaciones viciosas: pero Belén está muerta. En tanto, la lucha contra los violentos está intacta. Y continuará siempre.

Con impotencia, teniendo grabado a fuego todo el tiempo que cuando nos tocan a una nos tocan a todas hay que juntar fuerzas una y otra vez, alzar nuestra voz, templar el pulso para escribir y denunciar el estado de indefensión en el que nos encontramos las mujeres. Insistir y focalizar en la necesidad de hacer cumplir de una vez por todas la Ley nacional N° 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen nuestras relaciones interpersonales. Por qué en Entre Ríos nuestra ley no se aplica como la misma ordena. Nos siguen matando. Nos siguen vulnerando. Nos siguen estafando.

La Ley N° 26.485 fue creada para provocar un cambio de paradigma. Surgió como un dispositivo de fuerza y protección para intervenir en la indefensión estructural en la que las mujeres nos encontramos. Promulgada el 1° de abril de 2009, es un escudo detrás del cual las mujeres podemos resguardarnos y al mismo tiempo luchar para alcanzar plenamente nuestros derechos que siempre deben ser respetados no solamente por los violentos sino también por el Estado a través de sus tres poderes. No hay solo un responsable de la muerte de Belén.

Su creación fue la confluencia de normas entre su propuesta de avanzada más las correspondientes a las instancias internacionales, es decir, a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como “CEDAW”(Ley N° 23.179), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém Do Pará; y ambas plenamente operativas en virtud al art 75, inc. 22 de la Constitución nacional, que le da jerarquía constitucional superior a las leyes. Nuestra ley es una cuestión de Derechos Humanos.

La aplicación, el estudio y la difusión constante de la ley 26.485 es vital porque implica a la supervivencia de las mujeres y desgraciadamente muchísimas veces significa la diferencia entre la vida y la muerte. Se define como violencia contra la mujer a toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de las mujeres, como así también su seguridad personal. Y como violencia indirecta se considera a toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.

El Estado, a través de la Justicia, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, señala el artículo 7,inc.b, de la Convención Belém do Pará, que estipula los deberes de los Estados. Entonces, cuando hay que indagar sobre un delito tipificado como la violencia contra las mujeres, el Estado está obligado a investigar los hechos, perseguir a los agresores, procesarlos y condenar a quien resulte el autor penalmente responsable.

Sí, las mujeres exigimos que se respete nuestra ley que es nuestro escudo para poner un límite a la desigualdad, a la opresión, a la falta de oportunidades que premeditadamente impone el actual sistema basado en patrones socioculturales que promueven las agresiones de género y operan multidireccionalmente para no perder su dominio.

Necesitamos nuestro escudo, para defendernos de un sistema deficiente, que no cumple con sus obligaciones el mismo que cuando omite, o no actúa en tiempo y forma no solamente genera más violencia sino que también desobedece a una norma de orden público y de alcance federal, es decir que es de real cumplimiento en todo el territorio nacional, transversal a todas las ramas del derecho y el Estado argentino está obligado internacionalmente a tomar las medidas necesarias para evitar todas las formas de violencia contra la mujer.

Protocolo deficiente

La provincia de Entre Ríos cuenta con un protocolo Interministerial e Intersectorial de Acciones destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia Integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar. Aprobado mediante el Decreto N° 1.507/12 GOB.

Son responsables de este protocolo el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo provincial a través de los organismos que componen a cada uno. “Dado su carácter interinstitucional este Protocolo permite a los agentes del Estado actuar con celeridad y de manera articulada ante casos de violencia”. Porque la violencia de género no se puede abordar desde una sola mirada. Es una problemática que requiere un abordaje interdisciplinario.

Para poner en práctica este objetivo se creó el Registro único de situaciones de violencia. Se trata de un sistema web receptor de toda la información de los distintos hechos de violencia denunciados y donde se registran las actuaciones de los organismos intervinientes que componen los tres poderes del Estado. Lo que ordena el decreto es que todos los organismos intervinientes carguen la información de sus actuaciones. Sin embargo, NUNCA FUNCIONÓ. Ningún organismo cargó información.

Siempre, desde la creación de este protocolo toda la información está fragmentada. Inconexa. No hay una confluencia, una instancia donde se definan los abordajes de forma conjunta.

Hoy, en Entre Ríos no hay un criterio común a través del cual se evalúe el circuito de acción. No hay un monitoreo o seguimiento integral de la situación de violencia sufrida por una mujer. Belén Olote es víctima de esta estructura viciosa.

En la foto del “folleto” del protocolo –grande, colorido, de papel espeso y lustroso- se puede observar a muchos funcionarios intervinientes bien sentados y con sus brazos apoyados en descanso sobre una enorme mesa liderada por el ex gobernador Sergio Urribarri, hace pocos días condenado a 8 años de prisión efectiva por corrupción. A los dos mandatos de Urribarri se suman dos mandatos del actual gobernador ¿Por qué no se aplica como corresponde lo que indica el contenido del protocolo? Su irresponsabilidad mata. No mientan más.

Siempre vamos a luchar para lograr que se cumplan las leyes que nos tendrían que resguardar y para informar que quien vulnera los derechos de una mujer está cometiendo un delito. Y, por supuesto, también siempre vamos a estar atentas ante la articulación de los nuevos pasos que todavía deben concretarse para erradicar todas las formas de violencia que nos oprimen. Estamos en marcha. Exigimos justicia por Belén. Ni una menos.

Dolores Etchevehere / [email protected]