Justicia: es tiempo de jubilar dinosaurios

Cuando la ciudadanía se pregunta por qué la Justicia está tan alejada del pueblo la respuesta es casi obvia. Estamos frente a una Justicia distraída en internas y “pasadas de facturas” políticas entre sus integrantes parados a uno u otro lado de la grieta que defecan sobre lo urgente. Una Justicia reticente a bajarse de su pedestal y selectiva entre “buenas y malas víctimas”. Una justicia con defensa corporativa de incapaces como el juez Carlos Rossi, tristemente célebre por liberar a Sebastián Wagner, femicida de Micaela García. Apática ante reiteradas denuncias como las de Fátima Acevedo, o de Verónica Lescano, o de Úrsula Bahillo, porque la apatía judicial no sabe de jurisdicciones y solo genera víctimas.

La sociedad está integrada por hombres, mujeres y diversidades y el sistema Judicial debería conformarse de la misma manera para ser equitativa e igualitaria. Esto también aplicaría a la política en un sistema democrático, republicano y federal, pero lejos está de concretarse.

La mentada reforma judicial debe basarse en una composición con paridad en su acceso a sus distintas instancias y por personas con formación en materia de género que permita una adecuada atención de víctimas de violencia sin revictimizaciones.

Respecto al primer punto, el mapa de género de la Justicia argentina, publicado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muestra claramente la disparidad en su conformación piramidal en la cual una minoría de hombres ocupa la cúspide con cargos de poder y decisión mientras una mayoría de mujeres nutren la base de la pirámide con rangos menores. Datos de 2022 dan cuenta de una conformación femenina del 57% del cual solo 31% ocupa puestos de decisión. En tanto, las mujeres representan el 61% del funcionariado y el personal administrativo. Las personas trans no son admitidas en la Justicia. Muchas veces, ni siquiera como víctimas. Otro dato desalentador en esta estructura es que, desde 1863, sobre 109 jueces hubo 97,24% varones y menos de 1% de mujeres. Y, promediando 2022, tras la renuncia de Elena Highton, no hay mujeres en la Suprema Corte de Justicia.

En cualquier puesto del Estado el único requisito de acceso debería ser la idoneidad y no el género, el nepotismo o la dedocracia como se observa y se sufre en la mayoría de los tribunales, sobre todo los provinciales.

En cuanto a la necesidad de una Justicia con perspectiva de género basta revisar los trágicos números de los femicidios y las violencias en sus distintas formas para entender la urgencia de capacitación. Cuando una mujer o una disidencia sexual se acerca a la Justicia buscando protección ante la vulneración de un derecho, suele ser ignorada, revictimizada o expulsada del sistema por agentes no capacitados o desidiosos a pesar de las numerosas herramientas legales existentes para su protección. La mayoría de las víctimas que necesitan ayuda provienen de sectores vulnerables y no cuentan con los conocimientos para desenvolverse en el sistema judicial, ni profesionales que las patrocinen. De allí la importancia de crear más espacios donde equipos interdisciplinarios y empáticos puedan atenderlas; más refugios donde asilarlas junto a sus hijos para que no vuelvan a convivir con el violento tras una denuncia; una Justicia que le ponga una pulsera electrónica y una perimetral con control efectivo al victimario y no que la víctima dependa de que funcione o se alcance a activar un botón antipánico.

La urgencia no puede perderse en los pasillos de la burocracia. Si una mujer denuncia que su pareja amenaza con matarla o se le presenta a acosarla en el trabajo, el caso requiere premura. Si una madre violentada no se presenta a ver a su hijo al Copnaf luego de varios meses, la Justicia no puede pedirle a un Área municipal de la Mujer con paupérrimo presupuesto que cite a la víctima, como pasa en Paraná. Es la Justicia la que tiene el poder y la Policía para ir a buscar a esa mujer que no aparece. La Justicia está dejando a las víctimas a su suerte, como tantos casos con nombres y apellido. Mujeres que se cansaron de denunciar; mujeres a las que no les creyeron o que les contestaron con respuestas estandarizadas, sin tener en cuenta sus contextos o sus historias de vida personal y familiar.

Obviamente la paridad de género, por sí sola, no garantiza la perspectiva de género en la Justicia. La capacitación de un juez, jueza, fiscales debería exceder los contenidos abordados a partir de la Ley Micaela. La ruptura de conceptos patriarcales no se agota con dos jornadas de curso.

La Asociación de Abogadas Feministas de Argentina impugnó a 52 jueces por no tener formación en género y creó un Registro Público de jueces acusados de violencia de género por error u omisión, por no aplicar una perspectiva adecuada en sus fallos o por obstaculizar el acceso a la Justicia.

La cantidad de leyes y herramientas sancionadas en los últimos años para protección de las víctimas de violencia de género no se condice con la desidia para aplicarlas. La percepción de la gente es que la Justicia no funciona, que es lenta para el ciudadano de a pie, sobre todo para los pobres y las minorías, y que se acelera misteriosamente ante intereses políticos y económicos. La verdad establecida es que los jueces deben cobrar bien para no corromperse, pero es sabido que cobran sus sueldos privilegiados y se corrompen igual.

La justicia es un valor supremo que debe ser ejercido por personas idóneas, democráticas, republicanas y capacitadas en derechos humanos. Ya es hora de ir por una reforma judicial limpia de intereses políticos y con perspectiva de género. Es tiempo de jubilar dinosaurios, cualquiera sea su género.