Salud Mental: el Senado aprobó la reforma y el proyecto ahora pasa a Diputados

El Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que introduce modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, amplía el abordaje de las adicciones e incorpora un mecanismo de asistencia financiera entre el Estado nacional y las provincias.

La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos, y ahora será girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo.

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Con 42 votos afirmativos, el Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Salud Mental

El proyecto fue acompañado por La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales, mientras que el rechazo estuvo integrado por senadores del bloque Justicialista, Independencia y Convicción Federal. El debate comenzó después de las 22.30, una vez finalizado el tratamiento de otras iniciativas parlamentarias.

La propuesta enviada originalmente por el Gobierno recibió modificaciones sustanciales para conseguir el respaldo de los bloques aliados y de los representantes de las provincias. Entre los principales cambios se encuentra la posibilidad de disponer internaciones involuntarias ante situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona afectada o de terceros. En casos de emergencia, la decisión podrá ser adoptada por un solo médico, preferentemente especialista en psiquiatría.

El dictamen establece que la internación involuntaria deberá ser considerada un recurso terapéutico excepcional, aplicable únicamente cuando no resulten posibles los tratamientos ambulatorios. Además, determina que un equipo interdisciplinario tendrá un plazo de 48 horas para evaluar y revalidar la medida. También se contempla la posibilidad de realizar teleconsultas con profesionales de psiquiatría.

Otra de las modificaciones establece que las internaciones deberán ser comunicadas a la Justicia, aunque ya no será necesaria una autorización judicial previa para disponerlas. Asimismo, se incorpora la obligación de contar con un plan de egreso desde el momento del diagnóstico y se establece la notificación anticipada a los representantes legales y familiares correspondientes para coordinar las condiciones de salida de la institución.

En materia de financiamiento, el proyecto incorpora un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las provincias, cuyos recursos deberán contemplarse en el Presupuesto Nacional. Este punto fue uno de los aspectos centrales de las negociaciones, debido a los planteos de distintos legisladores sobre la necesidad de garantizar fondos suficientes para que las jurisdicciones puedan implementar las nuevas disposiciones.

La reforma también amplía el reconocimiento de las adicciones como problemáticas vinculadas a la salud mental. De esta manera, se incorpora expresamente la posibilidad de abordar situaciones como la ludopatía, además de otros consumos problemáticos.

En relación con la atención de niños y adolescentes, el texto establece que deberán ser asistidos por equipos profesionales con formación específica en salud mental infantojuvenil y que, en caso de requerir internación, deberán permanecer en espacios separados de los adultos.

Uno de los puntos que se mantiene sin modificaciones es la prohibición de crear nuevos manicomios, preservando el principio de atención en el ámbito comunitario y la eliminación de las instituciones monovalentes tradicionales.

Durante el debate, la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascatea, defendió la iniciativa y sostuvo que el objetivo central de la reforma es “llegar a tiempo” frente a situaciones de padecimiento mental. Según explicó, la legislación vigente resulta insuficiente y necesita incorporar herramientas que permitan intervenir ante escenarios de riesgo grave.

En contraposición, el senador Guillermo Andrada, integrante de Convicción Federal, cuestionó el diagnóstico sobre el funcionamiento de la ley actual y sostuvo que las dificultades no responden a sus principios, sino a la falta de recursos para garantizar su aplicación. En ese sentido, defendió el modelo comunitario y advirtió que no fue acompañado por el financiamiento necesario.

Por su parte, el radical Maximiliano Abad manifestó que la reforma incorpora mejoras, aunque expresó diferencias respecto de la permanencia de hospitales monovalentes. El senador Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, respaldó el dictamen y remarcó la importancia de que cada provincia cuente con los medios necesarios para garantizar la atención de su población.

En tanto, Gerardo Zamora advirtió que la reforma asigna nuevas responsabilidades a las provincias sin establecer con claridad los recursos necesarios para cumplirlas. El legislador cuestionó la falta de previsiones presupuestarias y sostuvo que no puede discutirse una ampliación de las obligaciones sanitarias sin contemplar su financiamiento.

Al cierre del debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias y afirmó que la finalidad de la reforma es fortalecer la prevención y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. También sostuvo que los hospitales especializados en salud mental no deben ser confundidos con los manicomios.

Con la aprobación en el Senado, el proyecto iniciará ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde deberá continuar el debate antes de convertirse en ley.