Este martes, el Concejo Deliberante de Paraná aprobó por unanimidad un proyecto del Departamentos Ejecutivo Municipal que impone un nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros que presta servicio en Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito. La sesión extraordinaria se dio en el marco de un paro de choferes de colectivos que ya lleva ocho días por falta de pago por parte de la empresa Buses Paraná.
Paraná: se aprobó el nuevo marco regulatorio para el transporte urbano de pasajeros
Se dio en el marco de un paro de Choferes de UTA que ya lleva ocho días por falta de pago por parte de la empresa Buses Paraná. Qué dice el texto
Foto: UNO/Mateo Oviedo
La sesión extraordinaria trató la emergencia en sistema de Transporte, el nuevo marco regulatorio y la derogación de la actual ordenanza en la materia, sancionada durante el gobierno de Sergio Varisco en 2016.
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Los puntos principales del texto del proyecto indican que la Municipalidad deberá garantizar el sistema de transporte urbano de pasajeros que será prestado exclusivamente dentro del ejido de Paraná, por sí o través de terceros, por medio de concesiones de servicio público bajo condiciones de seguridad, regularidad, continuidad, generalidad, accesibilidad y mantenimiento para los usuarios.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Seguridad Vial, Ordenamiento y Movilidad Urbana o la que la reemplace.
Por reglamentación se debe determinar, paradas, ingreso y egreso de las unidades en el ejido urbano. Las empresas que extiendan el servicio a localidades vecinas y no cumplan con el contrato de concesión serán pasibles de rescisión de dicho contrato.
El organismo de control y reglamentación será competencia de autoridad de aplicación.
Como objetivos el servicio debe tener continuidad, cumpliendo horarios y frecuencias establecidas por la autoridad de aplicación, desarrollo y coordinación de prestación de funciones del movimiento de los usuarios, conforme a necesidades de horarios laborales y estudiantiles, también económicas de la población.
En tanto se indica que el transporte debe ser seguro, confortable, limpio y con unidades en perfectas condiciones para que la ciudadanía opte por el servicio, priorizándolo por sobre otro tipo de transporte individual.
Se prevé la instalación de carriles y vías exclusivas en horarios de mayor desplazamiento masivo para optimizar el empleo del servicio.
Los recorridos, frecuencias y horarios deben tener en cuenta las necesidades de la población, así como su ampliación. La ordenanza también regula el parque automotor, tarifas, frecuencias y horarios.
Se contempla la posibilidad de combinación y coordinación con otros medios de transporte establecidos y su utilización conjunta y racional distribución funcional.
El texto ordena dar prioridad al transporte que asegure economía seguridad eficiencia continuidad.
El Ejecutivo deberá determinar particularidades en recorridos, horarios, frecuencias y todo lo que considere esencial para la prestación del servicio.
En cuanto ala concesiones deberán ajustarse al interés social, económico, regularidad, accesibilidad y eficiencia del servicio, atendiendo a necesidades y demandas de la población, facilitando por todos los medios su mejor utilización. Los pliegos serán elevados por el Departamento Ejecutivo al Concejo Deliberante para su tratamiento.
Podrán ser concesionarios del servicio las empresas que cumplan con los términos de la ordenanza, en cuanto a documentación, plazos, domicilio legal dentro de la jurisdicción y presentación de balances.
No podrán ser concesionarios quienes hayan sido sancionados con la caducidad de la concesión con anterioridad, o si la componen funcionarios municipales al momento de la concesión, o estuviesen inhabilitado por autoridad pública.
El plazo de concesión estará determinado en cada pliego en base a las líneas y recorridos a licitarse.
“En ningún caso el concesionario deberá dejar de prestar el servicio aduciendo como causa la falta de rentabilidad de la tarifa o déficit de la explotación. El incumplimiento de estas disposiciones podrá ser motivo de caducidad de la concesión y rescisión del contrato”, indica la normativa aprbada.
Cuando una empresa se encuentre imposibilitada de asegurar la prestación y continuidad del servicio por causas extraordinarias, deberá comunicarlo de manera inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida por el poder concedente hasta su normalización.
Se podrán habilitar servicios precarios que no podrán exceder el año de funcionamiento y deberán cumplir las mismas condiciones y modalidades que los concesionarios.
En casos de incapacidad o incumplimiento del servicio el Ejecutivo podrá incautar los bienes por un plazo no mayor a los 150 días hasta que se regularice la situación. O dará derecho a la concesionaria a reclamar resarcimientos o indemnización alguna. Excedido el plazo se dará la caída de la concesión.
Los coches no podrán tener más de seis años.
El contexto
Las empresas concesionarias Mariano Moreno y ERSA, nucleadas en "Buses Paraná", adeudan cerca del 70% de los haberes del mes pasado a sus empleados y aducen que los ingresos que percibieron en marzo -compuestos por los boletos vendidos a usuarios y subsidios provinciales- no alcanzan para cubrir la masa salarial entera. Las prestatarias del servicio acusan que el Municipio tiene un tarifario muy bajo, debido a beneficios como los boletos Estudiantil, Obrero, Jubilado, y otros.
En tanto, la Municipalidad descarga la responsabilidad por la crisis del transporte público local en el gobierno nacional, que redujo a cero los subsidios del Estado central a las provincias y municipalidades del país para solventar sus servicios de colectivos. El gobierno local amenaza a las empresas, además, con multarlas e incluso iniciarles acciones judiciales por el incumplimiento del contrato de prestación del servicio.
Mientras tanto, la capital provincial y su Área Metropolitana, que reúnen unos 400.000 habitantes, están sin colectivos desde el martes 9.