Médico de Concordia podría ir a juicio por cobro en institución pública

El Ministerio Público Fiscal de Concordia solicitó formalmente a la Justicia de Garantías la remisión a juicio de una causa que tiene por principal acusado a un profesional de la medicina y, como presunta partícipe necesaria, a su secretaria. La defensa, en cambio, pidió que los imputados sean inmediatamente sobreseídos. El asunto será ventilado en audiencia próxima para determinar si el caso llega a juicio.

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El médico de Concordia podría ser condenado e inhabilitado.

La causa está caratulada “Sauré, Pedro / Silveira, Marta Evangelina S/ Concusión”. La investigación de fiscalía fue llevada adelante por el Dr. José Emiliano Arias mientras que el acusado es defendido por dos letrados que, entre otros argumentos, plantean que si el médico resultara condenado y, por tanto, inhabilitado, se pondría “en riesgo el sistema de salud de Concordia”, y todo por –dicen- “un delito que no cometió”.

La imputación

El hecho, según el relato acusatorio, surge de una denuncia contra Sauré efectuada por una mujer viuda, cuyo marido falleció tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Según la denunciante, en un principio el médico atendía a su esposo en el Sanatorio Concordia, hasta que, en determinado momento, recomendó someterlo a una operación en el hospital público. Hasta ahí, en principio, nada reprochable. Pero -según cuenta la viuda y fiscalía entiende que ha quedado probado por las pruebas reunidas-, el profesional solicitó a su paciente $100.000 (a valores de agosto de 2022), con la excusa de que dicho monto cubriría gastos que demandaría su internación y operación en el Masvernat, consignó El Entre Ríos.

Según el Ministerio Público Fiscal, no habría dudas de que el dinero en realidad fue apropiado por el médico, puesto que los informes del Hospital –asegura Arias- acreditan que todos los insumos que demandó la atención del fallecido fueron cubiertos en un ciento por ciento por el nosocomio público.

Arias cree haber reunido diferentes y “contundentes” medios probatorios, que justifican la elevación a juicio y que demuestran que el acusado abusó de su carácter de funcionario público (como médico del hospital) para priorizar en la atención médica al paciente en cuestión, exigiéndole para ello que pagara los $100.000, poniendo como excusa que serían destinados a la compra de insumos.

El fiscal deduce que Sauré –dinero de por medio- consiguió de manera inmediata para su paciente un turno en el quirófano del hospital público, aprovechándose de sus funciones en el nosocomio, donde es jefe de servicio, evitando de este modo las esperas que deben soportar la mayoría de los ciudadanos.

Entre las pruebas concretas que ofreció Arias, hay un audio de WhatsApp en el que se escucha al acusado expresar que estaba dispuesto a devolver el dinero recibido. Para Arias, el mensaje no deja resquicio para la duda y constituye una admisión del delito.

La postura de la defensa

Diametralmente opuesta es la mirada de los abogados defensores del Dr. Pedro Sauré, los doctores Cristian Federik y Andrés Genaro Bonello. En su escrito ante la Justicia de Garantías, han pedido el sobreseimiento de su defendido, alegando que no existe ninguna prueba en su contra.

Sostienen que el recibo firmado por la secretaria no es en sí mismo prueba del delito que se le endilga a Sauré. Más adelante, presentan una interpretación de lo ocurrido. Dicen que se trató de una “confusión” que quedó superada cuando la secretaria devolvió el dinero que la “supuesta víctima entregara para la operación en un Sanatorio Privado”.

También argumentan que hay importantes pruebas que resta producir para sostener la defensa, por lo que califican como apresurada la remisión a juicio pedida por el Fiscal.

No es el único reproche para Arias. Le cuestionan no haber intentado otros remedios procesales o soluciones alternativas al juicio, como la mediación por ejemplo, siendo que Sauré estuvo dispuesto a proponer una “reparación económica” acorde con el delito investigado, si es que causó algún perjuicio a la viuda denunciante.

Pero tal vez el argumento defensivo más llamativo surge cuando los letrados de la defensa plantean que si el médico resultara condenado y, por tanto, inhabilitado, se pondría en riesgo el sistema de salud de Concordia, y, encima, por “un delito que no cometió”. El original planteo se basa en que el acusado es Gastroenterólogo y –dicen sus defensores- es “el único que realiza intervención de Vía Biliar Endoscópica (CPRE) en el Hospital Delicia Concepción Masvernat”.