Lucha contra el cáncer: diputados repudian desmantelamiento de programas nacionales

Un proyecto de declaración rechazó el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos, dependiente del Instituto Nacional del Cáncer, la suspensión de las compras de opioides (morfina y metadona) con los que se trata a las personas enfermas de cáncer y en el despido de gran parte de los integrantes del equipo que trabaja en dicho programa. Se resaltó que “implica un profundo descuido por los derechos humanos de los pacientes".

Los diputados justicialistas presentaron el proyecto el martes, manifestando “repudio ante la decisión del Poder Ejecutivo Nacional consistente en el desmantelamiento del Programa de Cuidados Paliativos y el recorte del Instituto Nacional del Cáncer”. Cuestionaron que “el gobierno nacional ha desfinanciado e incluso eliminado diversos organismos dependientes del Poder Ejecutivo, evidenciando una definición deshumanizante que tiene como destinatarios a aquellos que más necesitan de la presencia del Estado”.

La autora del proyecto, Laura Stratta, precisó que “el desmantelamiento se basa en suspender las compras de opioides (morfina y metadona) con los que se trata a las personas enfermas de cáncer y en echar a gran parte de los integrantes del equipo que trabaja en dicho programa. Esta decisión implica un profundo descuido por los derechos humanos de los pacientes”. Acompañaron a Stratta sus pares de bloque, Lorena Arrozogaray, Silvia Ávila, Enrique Cresto, Silvia Moreno, Yari Seyler y Andrea Zoff.

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Los diputados indicaron que “desde nuestra posición, es imprescindible manifestar nuestro repudio a estas medidas que ponen en peligro la salud de la población y debilitan la capacidad del Estado para cumplir con su rol. Debemos exigir que se reviertan los despidos, se fortalezcan las áreas críticas y se restablezca la participación en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). La salud no puede ser objeto de recortes ni de decisiones políticas arbitrarias”. En aquella línea, añadieron que “es responsabilidad de todos defender un sistema de salud público, gratuito y de calidad”.

Los legisladores destacaron que “la Federación de Profesionales de la Salud ha denunciado que, desde 2024, cientos de pacientes se han visto afectados por la suspensión de la entrega de medicamentos oncológicos” y añadieron que “se debe a la falta de respuesta de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), disuelta durante la gestión de Javier Milei”. También expresaron que “la Federación estima que, durante el año pasado, al menos sesenta personas fallecieron debido a esta problemática” y cuestionaron que “el Ministerio de Salud de la Nación ha sido gravemente afectado por recientes decisiones que han comprometido su capacidad de respuesta y la continuidad de programas esenciales”.

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Entre las medidas que cuestionaron se mencionó que “se han llevado a cabo 180 despidos, incluyendo personal clave en áreas críticas como VIH, tuberculosis, lepra y vacunas. Estas áreas, que requieren atención especializada y continua, se han visto vaciadas, poniendo en riesgo la salud de la población y el control de enfermedades que pueden tener consecuencias devastadoras”.

Sumado a los despidos, los legisladores justicialistas recordaron “el anuncio de la salida de la OMS (que) ha generado una profunda preocupación en el ámbito de la salud pública. La OMS desempeña un papel fundamental en la coordinación de esfuerzos a nivel global, el establecimiento de estándares y la promoción de políticas basadas en evidencia”.

Entendieron que la decisión de abandonar aquel “organismo internacional implica un aislamiento y una pérdida de oportunidades de colaboración y apoyo técnico, lo que debilita aún más la capacidad del Ministerio para enfrentar los desafíos sanitarios. El desmantelamiento de las políticas públicas de salud es un proceso que se ha venido desarrollando de manera progresiva y que tiene consecuencias negativas para toda la sociedad”.

En el proyecto de indicó que “la salud es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso y calidad para todos los ciudadanos. Las decisiones que se han tomado en el Ministerio de Salud van en contra de este principio y afectan directamente a quienes más necesitan del apoyo del Estado”.