La Corte Suprema definirá si San José UTE deberá incorporar a choferes de Buses Paraná

En una nueva derivación del conflicto del transporte de Paraná, este miércoles el Juzgado Nacional de 1° Instancia del Trabajo N° 7 con sede en Buenos Aires ratificó su competencia en la acción de amparo iniciada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contra la empresa Transporte San José S.A. UTE. El caso queda en manos de los jueces de la Corte y, mientras tanto, se suspende la cautelar que obligaba a la firma a tomar a los empleados de Buses Paraná (anterior concesión).

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La resolución se da en respuesta a una “inhibitoria” solicitada por la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Sala II de Paraná. El tribunal entrerriano había reclamado que la causa se tramite en la provincia, pero el magistrado nacional decidió mantener el caso bajo su órbita por cuestiones de materia y jurisdicción. La decisión implica un nuevo capítulo en la disputa judicial vinculada al servicio de transporte urbano en Paraná.

En consecuencia, hasta tanto la Corte Suprema se expida, el proceso quedó suspendido, incluyendo la medida cautelar que ordenaba a la empresa concesionaria incorporar a los trabajadores de la anterior prestataria, Buses Paraná.

El juez nacional sostuvo que mantendrá su competencia “ratione materiae y ratione loci”, conforme lo había resuelto previamente, al considerar la naturaleza colectiva del conflicto.

La resolución se produjo luego de que la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo, Sala II, de Paraná, dispusiera una inhibitoria al entender que el caso debía tramitarse en la jurisdicción provincial.

No obstante, el magistrado porteño señaló que la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo ya había desestimado las objeciones de competencia planteadas por Transporte San José en un incidente previo vinculado al mismo expediente.

Intervención de la Corte Suprema

Frente a la superposición de decisiones judiciales, el juez dispuso elevar el expediente a la Corte Suprema para que dirima la cuestión de competencia, conforme lo establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Decreto-Ley 1285/1958.

Asimismo, ordenó la suspensión del procedimiento hasta que el máximo tribunal adopte una definición sobre qué jurisdicción debe intervenir en el amparo promovido por la UTA.

La controversia gira en torno a la obligación de la nueva concesionaria del transporte urbano en Paraná de incorporar al personal que se desempeñaba en Buses Paraná, empresa que dejó de prestar el servicio.