La causa por contratos truchos se frena: habilitan apelaciones de las defensas

La megacausa que investiga el desfalco millonario con contratos truchos en la Legislatura entre 2008 y 2018 sumó esta semana un nuevo capítulo: la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata finalmente habilitó la apelación a varios recursos presentados por las defensas de los imputados. Esto implica que, al menos por ahora, quedan en suspenso las audiencias donde se estaban tratando la elevación de la causa a juicio oral y público.

Las defensas habían planteado objeciones durante las extensas audiencias de remisión a juicio: pidieron que se excluyeran pruebas y testigos que consideran irregulares. Barbagelata rechazó esos pedidos en primera instancia, e incluso negó la posibilidad de que fueran apelados. Sin embargo, el 1º de julio, la vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, María Carolina Castagno, dio marcha atrás con esa decisión.

Castagno consideró que la resolución de Barbagelata no se ajustaba a derecho y que el rechazo de las exclusiones planteadas por las defensas sí es apelable, ya que podría constituir un “gravamen irreparable” para los acusados, afectando su derecho a defensa y al debido proceso.

A la luz de ese fallo, Barbagelata cambió de postura y dio luz verde a las apelaciones. Concretamente, concedió el recurso interpuesto por los defensores Iván Vernengo y Damián Petenatti, en representación del imputado Alfredo Bilbao.

También habilitó el recurso de apelación interpuesto de los defensores José Velázquez y Agustín Fontana, que representan a Flavia Beckman y Hugo Mena; el de Tomás Vírgala, defensor de Roberto Ariel Faure; el de Emilio y Germán Fouces, defensores de Sergio Esteban Cardoso, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.

Habilitó además el recurso de apelación interpuesto por Miguel Cullen, defensor de Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Luis José Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Eduardo Opromolla; como así también el recurso de apelación interpuesto por Cullen y Pablo Hawlena Gianotti y el imputado Jorge De Breuil.

La jueza admitió también el recurso de apelación interpuesto por la abogada Victoria Halle, representante de Mariano Speroni y Diego Martín Pagnoni, funcionarios del Tribunal de Cuentas.

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Acusados

El Ministerio Público Fiscal busca llevar a juicio a 18 acusados: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

Cuando comenzó a tratarse el pedido de elevación a juicio, en abril, el fiscal Ignacio Aramberry explicó cómo funcionaba la presunta organización: “Un grupo de personas constituían la mano de obra que ejecutaba las directivas de quienes estaban por encima. Este grupo reclutaba falsos contratistas y percibía el dinero que iba liberando la Legislatura. El señor Hugo Mena se encargaba de registrar todo y lo hacía de manera prolija dando cuenta día a día de la actividad de la empresa delictiva a los efectos de rendir cuentas a los eslabones superiores de la cadena”.

“Recolectan la miel, es decir el dinero, y lo llevaban a la colmena. Después están las abejas bodegueras que lo reservaban para nutrir a la abeja reina, que eran los destinatarios finales del dinero. En los trabajos de campo se destacan Mena y Beckman, quienes fueron auxiliados por familiares directos realizando cobranza de cheques, reclutamiento y pago de gastos”, agregó.

Y profundizó: “El dinero, una vez colectado, se le hacían los descuentos correspondientes: los cobradores, la cochera donde iba el vehículo que llevaba a los cobradores, gastos en general y los cajeros del banco, además de los porcentajes correspondientes a Beckman y Mena y el neto era rendido a Gustavo Pérez o Alfredo Bilbao, quienes lo distribuían o lo aplicaban en beneficios propios en inversiones. En algunas ocasiones también era distribuido de manera final a Juan Domingo Orabona, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez y Sergio Cardoso”.

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12 probation y una condena

Cabe recordar que en abril de este año 12 imputados accedieron a una suspensión de juicio a prueba. Ellos fueron: María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

En mayo se conoció la primera condena en la causa: Esteban Ángel Scialocomo, de 37 años, reconoció en un juicio abreviado haber fungido como cobrador de cheques de los contratos truchos de la Legislatura. Aceptó cumplir tres años de prisión condicional (no va preso), 96 horas anuales de tareas comunitarias y abonar 6.390.000 pesos en concepto de reparación económica. El delito que se le endilgó fue partícipe necesario por los delitos de peculado reiterado y como autor de asociación ilícita.