Gustavo Bordet suspendió los aranceles mínimos del Colegio de Odontólogos

El gobernador, Gustavo Bordet determinó hacer lugar a la presentación realizada por miembros del Circulo Odontológico de Paraná y suspendió las resoluciones 387/21 y 404/21 del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER). Fue a través del decreto 322/23, también firmado por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, fechado este viernes 24.

Hay que visitar al odontólogo cada seis meses.

El decreto suspende las atribuciones que se tomó el Colegio de fijar los aranceles mínimos que deben cobrar todos los dentistas de la provincia “hasta que la cuestión se resuelva mediante mecanismos no adversariales" y de forma "conciliatoria” entre el Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER) y algunos círculos de esos profesionales de diferentes departamentos provinciales.

El conflicto se arrastra desde el año pasado y deriva de un par de resoluciones con las que las autoridades del Colegio se asignaron el poder de fijar aranceles debajo de los cuales los dentistas no pueden prestar atenciones a sus pacientes a través de obras sociales o prepagas. Los profesionales que decidieran cobrar menos que lo fija el Colegio a nivel provincial serían sancionados.

Esto recargó el sistema público de salud, como ya explicó UNO, al desencadenar el corte de prestaciones a miles de afiliados, y suscitó un conflicto público con algunas círculos departamentales y el IOSPER.

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Desde la obra social pública provincial se pidió que se pronuncie la Fiscalía de Estado de la Provincia, que recordó que la ley de creación del Colegio de Odontólogos (N° 7468) no le otorga el poder de fijar precios. La letra de la normativa le permite a la entidad "propiciar ante el poder ejecutivo la fijación de los aranceles mínimos", como recordó el Ministerio de Salud en un duro comunicado. Es decir que los dirigentes del Colegio deberían limitarse a proponer los valores, pero no a fijarlos sin acuerdo del gobierno provincial.

Entre otras medidas, las resoluciones que suspendió Bordet le auto-adjudicaban al Colegio la potestad de que los convenios y contratos de prestaciones odontológicas a beneficiarios del sistema de la seguridad social (mutuales, obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.) "deberán contar con la Aprobación Arancelaria del Colegio, a través de su Mesa Ejecutiva".

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Además, el Consejo Directivo del Colegio había resuelto que el incumplimiento de estas normas arancelarias "constituye un falta disciplinaria" a la que le corresponderían las sanciones previstas en la Ley Provincial.

Según esa legislación, estas sanciones, luego de un "Juzgamiento" por parte del Consejo Directivo o un "Tribunal de Honor" consisten en: "Censura en sesión del Consejo Directivo"; "Multa de hasta un máximo de 10 salarios mínimos, vital y móvil"; "Inhabilitación especial de hasta cinco años para integrar órganos del Colegio"; "Suspensión de la matrícula por tiempo indeterminado"; "Suspensión de hasta un año en el ejercicio de la profesión"; "Exclusión de la a matricula".

Algunos aranceles vigentes desde septiembre de 2022 fijados por las autoridades del Colegios son: primera consulta $2.300, las ulteriores $1.500 y de urgencia $4.700; las operatorias van desde $5.700 y llegan hasta $23.600; mientras que ciertas atenciones de prevención pueden costar, por ejemplo, $3.500 (una "inactivación caries incipiente") o $4.800 (inactivación de caries activa)

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Control. A partir de los 3 años es importante llevar a los niños al odontólogo al menos una vez al año, para controlar su salud bucal.

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Qué dice el IOSPER

Tras conocerse el decreto del gobernador, el presidente del del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Rios (IOSPER), Fernando Cañete, adelantó que “en Directorio este martes analizaremos bien este decreto y los pasos a seguir”.

"Las resoluciones del Colegio eran ilegales, porque no estaban refrendadas por el Poder Ejecutivo", recordó el titular del Directorio y aclaró que el Colegio "tampoco podría aplicar las sanciones" previstas en la Ley por incumplimiento.

También cuestionó Cañete que el Colegio "inició sumarios a diversos profesionales por incumplimiento de esas normas arancelarias", que según la obra social son una "imposición incompatible con los compromisos previos asumidos por los profesionales involucrados".