El proceso judicial iniciado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la Fundación Cauce contra el Gobierno provincial entró en una etapa de definiciones. La causa cuestiona la implementación de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas escolares que, según los demandantes, vulnera el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una alimentación saludable que no perjudique su salud. Este conflicto se centra en la provisión de insumos licitados a la empresa Teknofood SA, los cuales comenzaron a ser cuestionados por su composición nutricional.
Comedores: abren un plazo de siete días para sumarse al amparo colectivo
La Justicia dispuso una convocatoria de siete días para que las personas interesadas en el amparo por la alimentación escolar comparezcan en el expediente.
8 de agosto 2026 · 15:02hs
Previamente, el vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de Paraná, Juan Francisco Malvasio, hizo lugar a una medida cautelar que ordenó la suspensión inmediata del nuevo mecanismo de provisión centralizada. La resolución judicial exige al Estado provincial que se abstenga de distribuir productos no perecederos que contengan sellos de advertencia o leyendas precautorias, conforme a la Ley de Alimentación Saludable. Asimismo, el magistrado dispuso que, mientras dure el proceso, se debe retomar de manera simultánea la modalidad de provisión vigente antes de la centralización para garantizar la alimentación de los alumnos sin interrupciones.
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Ante esta decisión, la Fiscalía de Estado presentó una apelación que ha llevado la discusión de la medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Mientras se resuelve esta instancia jerárquica y se aguarda el análisis de la cuestión de fondo, el sistema de alimentación escolar permanece bajo la lupa judicial para determinar si los productos industrializados ofrecidos cumplen con las previsiones de las leyes nacionales de protección integral y seguridad alimentaria, como las Leyes Nº 25.724 y Nº 27.642.
En su resolución más reciente, el juez Malvasio dispuso la apertura de una convocatoria pública para todas aquellas personas que se consideren afectadas o tengan un interés directo en este amparo colectivo. Los interesados disponen de un plazo de siete días, contados desde la última publicación oficial, para comparecer en el expediente, hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexclusión.
La convocatoria
La resolución judicial establece que la convocatoria se realizará durante dos días a través del Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial. Las personas que se consideren alcanzadas podrán comparecer en el expediente para hacer valer sus derechos o manifestar su voluntad de autoexclusión. El plazo establecido es de 7 días, contados desde la última publicación.
El objeto del proceso es la tutela del derecho de niños, niñas y adolescentes que concurren a establecimientos educativos públicos provinciales y reciben el programa alimentario escolar. La resolución también identifica como causa fáctica común la implementación provincial de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, mediante productos predeterminados destinados a los niños, niñas y adolescentes incluidos en el programa.
