Buses intima al Municipio a subir el boleto por decreto

Ante el brete en que se encuentra el transporte de pasajeros en la capital provincial, con un paro de choferes suspendido por conciliación obligatoria y el reloj corriendo, las empresas de Buses que explotan el servicio exigieron que el Municipio aumente el valor del boleto.

Lo hicieron mediante una carta documento fechada este martes y dirigida particularmente a la intendenta Rosario Romero, jefa del Poder Ejecutivo, a quien le recordaron que la ordenanza de Emergencia del Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad sancionada en febrero la habilita a subir el ticket sin pasar por la Legislatura.

Hasta entonces, cada revisión de la tarifa pedida por las empresas debía pasar por el órgano de control SITU y de allí al Concejo Deliberante, que tenía el poder de aprobar los aumentos o rechazarlos.

Suba del boleto

La ordenanza que el propio gobierno de Romero impulsó en el HCD faculta al Ejecutivo a "determinar aumentos automáticos y la fórmula que los determine, supeditados al efectivo cumplimiento del servicio". En esas palabras le exigió Marceo Lischet, gerente de Buses Paraná, a Romero en carta documento.

Insistió en que por ordenanza el Poder Ejecutivo local puede disponer "medidas extraordinarias y urgentes para superar la situación de emergencia", que según el empresario ha sufrido un "agravamiento" en el reciente período, que llevó a la "ruptura de la ecuación económica" para las concesionarias que brindan el servicio. Las concesionarias demandan un ticket plano de $1.392.

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En tanto, consideró que la gestión Romero recayó en una "injustificada dilación de las medidas" para salvar la crisis terminal del transporte urbano local y cuestionó la "ausencia de acto administrativo alguno que permita ajustar los ingresos del sistema para el cumplimiento de las obligaciones entre prestadoras ante proveedores y trabajadores".

Entre las empresas nucleadas en Buses (Mariano Moreno y ERSA) media estos días una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo provincial la semana pasada y con vigencia hasta el miércoles 29. Mientras tanto, los choferes no pueden hacer paro ni los empresarios aplicar sanciones o medidas de castigo sobre sus empleados.

El conflicto saltó esta vez por el estado de los colectivos, severamente cuestionado por la UTA, que advirtió que las unidades están en condiciones tan malas que ya no solo ponen en riesgo la comodidad, sino directamente la seguridad de pasajeros y choferes. Además, sumaron el reclamo por un monto salarial que, aseveran, les deben las empresas desde diciembre.

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