Durante la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción al proyecto del oficialismo para modificar la ley de creación del Mecanismo de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Una vez que la apruebe el Senado, la iniciativa permitirá la conformación y puesta en funcionamiento del Comité Provincial contra la Tortura, que tendrá entre sus atribuciones realizar inspecciones sin previo aviso en las cárceles, alcaidías y demás sitios donde se encuentren personas privadas de su libertad.
Avanzó el nuevo proyecto para inspeccionar las cárceles
La ley vigente fue aprobada en noviembre de 2017, luego se avanzó con las postulaciones para la integración del Comité, pero se completó este procedimiento, por lo cual se trata de una norma que no se aplica. El freno se dio a partir de un proyecto del oficialismo presentado en 2019 para que las funciones de quienes participen del organismo se desarrollen ad honorem, lo cual fue rechazado por las organizaciones de Derechos Humanos.
Ahora, acuerdo mediante con la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher), se avanzó con una nueva redacción que establece que estas entidades tengan dos integrantes en el Comité, en lugar de los tres de texto actual, y perciban una remuneración. Además se hace otro cambio: para la selección de los miembros no será necesario que se convoque a la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, la cual no está funcionando en la actualidad.
El encargado de llevar delante las negociaciones con la Rodher y el Ministerio de Gobierno –del que dependen la Policía y el Servicio Penitenciario– fue el diputado justicialista Néstor Loggio. En el recinto, el legislador recordó que la Constitución nacional establece que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de las personas detenidas. Además dijo que "la pena debe cumplir un rol de resocialización", al argumentar sobre la necesidad de prevenir y erradicar la práctica de la tortura.
Según dijeron desde el oficialismo en las últimas semanas, el gobernador Gustavo Bordet se comprometió ante los organismos de DDHH a que para el 24 de marzo, aniversario del último golpe de Estado, estén dadas las condiciones para la puesta en marcha del Mecanismo de Prevención de la Tortura, con la sanción de la nueva ley. Así lo reiteró Loggio este miércoles en la sesión, al tiempo que destacó el consenso al que se arribó con la Rodher.
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"Esta ley que estamos votando voy provoca una mejora en la forma de selección de los candidatos para el Mecanismo, hace un recorte necesario en el gasto fiscal que estaba previsto y le da más volumen político al Comité porque plantea la participación directa del Poder Legislativo", dijo el diputado de Concordia. La reforma plantea que lo integren tres legisladores: dos diputados o diputadas –uno por la mayoría y otro por la minoría– y un senador o senadora. Además, dos representantes de los organismos defensores de los derechos humanos de Entre Ríos con personería jurídica y un representante del Ejecutivo provincial, a través de la Subsecretaría de DDHH. A su vez, se va a elegir un secretario ejecutivo.
La diputada Gracia Jaroslavsky fue la encargada de informar la adhesión del interbloque de Juntos por el Cambio a este proyecto de ley, que de hecho fue votado por unanimidad.
También expusieron la diputada Stefanía Cora y el diputado Julio Solanas, ambos del bloque oficialista Creer Entre Ríos.