Milei y los desahuciados UVA

El presidente electo Javier Milei generó polémica con sus declaraciones sobre los tomadores de crédito UVA, a quienes acusó de querer que el Estado les subsidie su vivienda. Según el libertario, los deudores hipotecarios asumieron un riesgo al tomar un préstamo indexado por la inflación y ahora deben afrontar las consecuencias de su decisión.

"Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso quieren que lo pague otro. Si tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que lo saquen al crédito UVA", dijo en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN).

La respuesta fue insensible e irresponsable por parte de alguien que desde diciembre estará al frente de los destinos del país. Como era de esperarse, sus palabras generaron el rechazo de varias organizaciones de deudores UVA, que le respondieron que ellos no buscan un subsidio sino una solución a un problema que afecta a miles de familias que no pueden pagar sus cuotas. “No queremos subsidios. No queremos que el pueblo pague nuestras deudas. Queremos renegociar la deuda”, posteó la cuenta en X (exTwitter) de Estafados UVA.

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Además, le recordaron que el crédito UVA fue impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, hoy socio político de Milei, como una opción accesible para acceder a la vivienda propia, sin advertir sobre los riesgos de la inflación y la devaluación.

Los deudores UVA, que son unos cien mil en todo el país, sostienen que el sistema es injusto porque los obliga a pagar una deuda que crece por encima de sus ingresos y del valor de mercado de sus propiedades. Por eso, reclaman una ley que establezca un tope al coeficiente de actualización del capital, la extensión del congelamiento de las cuotas o la reconversión del sistema a uno más justo y sustentable.

Los créditos hipotecarios UVA fueron una de las medidas estrella del gobierno de Macri para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, lo que parecía una oportunidad se convirtió en una trampa para miles de familias que mes a mes ven cómo sus cuotas se disparan por el efecto de la inflación. El drama se ilustra con un sólo ejemplo: algunas familias comenzaron pagando una cuota de $7 mil en 2016 y hoy deben desembolsar casi $300 mil.

Una luz en el túnel comenzaron a ver en julio de este año, cuando la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios: se pasa de una cuota ajustada por inflación a una fijada por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (Ripte).

También contempla la suspensión por un año de los juicios de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito, entre otros puntos. La iniciativa contó con el voto afirmativo de 134 diputados aportados por el Frente de Todos, el interbloque Federal, y la UCR; mientras que fue rechazado por 40 legisladores del PRO, los libertarios y la izquierda. 18, en cambio, se abstuvieron.

El proyecto fue girado al Senado, pero aún no fue tratado. Oficialistas y opositores se empantanaron en una nueva discusión que extiende la agonía de las familias que tomaron los créditos.

A ello hay que sumarle que los desahuciados UVA tienen que batallar contra la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), que ya se manifestaron en contra el proyecto de Ley que tiene media sanción. En esta pelea impera la ley del mercado. Por ello, las familias esperan que el Estado intervenga para nivelar la cancha hacia los más desfavorecidos.

Por el contrario, los bancos aseguran que si el proyecto es aprobado "dificultará el desarrollo del crédito hipotecario en nuestro país por muchos años". "Más allá de las buenas intenciones, los efectos serán los contrarios a los buscados como ya sucedió con la denominada Ley de Alquileres”, agregaron en un comunicado conjunto.

De momento, la opinión del presidente electo fue muy bien recibida por las entidades bancarias. La Ley del más fuerte, por ahora, deja al borde del desahucio a miles de familias argentinas.